Activistas denuncian que en la Universidad de Honduras criminalizan la protesta social
Los defensores de derecho humano en una conferencia de prensa celebrada en el portón principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han denunciado que las autoridades universitarias han exacerbado el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social y el trabajo de ellos y ellas.
Manifestaron que las autoridades universitarias utilizan discursos estigmatizantes que tienen el objetivo de obstaculizar la labor de defensa y así impedir el ejercicio legítimo del derecho a defender los derechos humanos.
Señalaron que este conflicto lleva ya más de 5 años y no tiene solución por la negligencia de las autoridades universitaria sobre todo de parte de la rectora Julieta Castellanos quien ha violentado la autonomía universitaria militarizando las instalaciones y persiguiendo con la policía a los estudiantes que reclaman por un nuevo orden en la UNAH.
A continuación el comunicado de los y las defensoras de derechos humanos:
Las autoridades universitarias han exacerbado el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, estigmatizado a los liderazgos estudiantiles y desacreditado públicamente la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos que acuden a proteger los derechos fundamentales de los jóvenes ante la barbarie policial y militar, que usa la fuerza para desarticular un derecho fundamental como es la libertad de expresión.
Denunciamos la utilización de un discurso violento y estigmatizante de las autoridades universitarias contra los defensores y defensoras de derechos humanos que acudimos a la UNAH cuando hay represión contra los estudiantes.
Tal discurso generalmente pronunciado por la cabeza de la UNAH, la rectora Julieta Castellanos, y en los medios de comunicación de este centro de estudios, tiene el objetivo de obstaculizar la labor de defensa y así impedir el ejercicio legítimo del derecho a defender los derechos humanos, protegido en tratados y convenios internacionales y que los estudiantes puedan ser protegidos de graves abusos.
Más de cinco años han pasado desde que el estudiantado inició sus demandas, y la situación se profundiza. El uso de la protesta social como parte del derecho a libertad de expresión no se permite en la UNAH, a la par se han cerrado las oportunidades de diálogo para que retorne la paz. Sus autoridades a la cabeza de la rectora Julieta Castellanos usan la fuerza policial, la seguridad privada, así como las acciones penales para sembrar el miedo y desarticular la organización estudiantil que demanda la apertura al diálogo.
En el 2014 se pasó de la campaña de descrédito a los líderes para comenzar acciones administrativas que culminaron con la expulsión de seis estudiantes de la UNAH-CU, también se utilizó el derecho penal para criminalizar la protesta social, en este caso contra el joven Rommel Darío Morán, capturado en el marco de una acción de protesta estudiantil reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado, torturado por varios policías al detenerlo y a pesar de la gravedad de los golpes, después fue acusado por el Ministerio Público, a petición de la rectora Julieta Castellanos, por el delito de Sedición y Manifestaciones Ilícitas.
En el 2015, continuaron las expulsiones contra 10 estudiantes de la UNAH-VS y uno de UNAH-CU. Pero en ese mismo año, en el mes de julio, ya se pasó a la profundización de penalización judicial solicitando requerimientos fiscales y órdenes de captura contra 26 jóvenes: 4 de la UNAH-CU; 12 de UNAH-VS; 6 del CURLP y 4 del CURLA, la intención era generar el miedo para “calmar” el clamor de apertura democrática y la demanda estudiantil para que se revisen las decisiones de las autoridades, que laceran derechos fundamentales de los estudiantes.
De los 26 procesos penales del año 2015, fueron desestimados 22 en los centros regionales, no así los cuatro de UNAH-CU, que han seguido su curso contra los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Armando Velásquez , que están a las puertas del juicio oral y público.
A principios de junio de este año reiniciaron las protestas estudiantiles, la sordera al diálogo junto a la criminalización de la protesta social, la estigmatización de los líderes estudiantiles con campañas de desprestigio, vigilancia y seguimientos, no generó el efecto esperado de contener la movilización estudiantil.
Este 07 de junio del corriente año se procedió a repetir la estrategia del uso del derecho penal contra seis estudiantes, con la solicitud de órdenes de captura ante el Ministerio Público. Cinco de ellos habían sido de los expulsados en el 2014, y entre ellos, nuevamente contra Cesario Padilla, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Armando Velásquez. Quienes con ese nuevo juicio no podrán defenderse en libertad sino que irán inevitablemente a la cárcel si las autoridades de la UNAH no desisten de su propósito.
En la lista de las órdenes de captura se encuentra Dayanara Castillo, de la comunidad LGTBI, quien fue expulsada en el 2014, sufrió persecución, detención ilegal y hostigamiento por su opción sexual y por participar en la lucha estudiantil, lo que la obligó a irse al exilio el año pasado.
La falta de profesionalismo y Abuso de Autoridad del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, para impulsar acciones penales a petición de las autoridades universitarias tiene tantos vicios como el anteriormente descrito de incluir a estudiantes que ni siquiera están en la capital o en el país. Además de construir una historia de mentiras para descalificar la lucha de los estudiantes vinculándola con la participación de un partido político, al extremo de colocar como prueba, el apoyo económico y logístico del diputado Wilfredo Paz del Partido LIBRE, quien falleció el año pasado.
Este tipo de prácticas lesivas a la legalidad, nos obligó a presentar una denuncia este 10 de junio contra los fiscales y los agentes de la ATIC, responsables de llevar a cabo las supuestas investigaciones para apoyar las órdenes de captura.
Hemos dejado la denuncia y nuestra esperanza es que con la celeridad que se procedió contra los estudiantes, de esa forma se inicien acciones encaminadas a terminar con el Abuso de poder de estos funcionarios.
Llamamos a la rectora Castellanos a parar sus declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos y terminar con la criminalización de la protesta social en la UNAH para dar paso al diálogo serio y constructivo que aborde la problemática de esa universidad, que violenta sistemáticamente los derechos del estudiantado.
No a la criminalización de la protesta pacífica
Defender los derechos humanos no es un crimen, es un derecho protegido
Por un diálogo pronto.
