Venezuela: el Parlamento pide a la OEA que aplique la Carta Democrática y el ALBA rechaza las declaraciones de Almagro contra Maduro
Asamblea Nacional pidió invocar Carta Democrática «antes de que sea tarde»
La Asamblea Nacional solicitó formalmente al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, invocar la Carta Democrática Interamericana, y llama a tomar en cuenta la crisis que vive el país «antes de que sea demasiado tarde».
«Urgimos su actuación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, antes de que sea demasiado tarde», señaló la directiva de la Asamblea Nacional venezolana –todos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática– a Almagro en una carta.
La oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro indicó que la «vulneración» en el país de «los elementos esenciales» de la democracia y el agotamiento de iniciativas internas de dialogo justifican invocar la Carta Democrática, un mecanismo que puede activar la OEA en caso de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en alguno de sus Estados miembros.
“La situación en Venezuela es de un deterioro sin precedentes y de tal gravedad que en los últimos meses ha superado las posibilidades de resolución institucional exclusivamente interna de la seria situación que padecemos», dice el Parlamento en el documento de tres páginas.
Human Rights Watch pidió una posición «clara y firme» de los países del foro hemisférico sobre la crisis venezolana, en la que la oposición busca activar un referéndum revocatorio contra Maduro en medio del estado de excepción decretado por el mandatario.
«La situación en Venezuela no puede ser más grave, realmente estamos asistiendo a una situación realmente de crisis», afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, y añadió que en el país “los hechos hablan por sí solos”.
Se solicitó ¿y ahora?
Un Estado, un grupo de Estados o el secretario general puede llamar la atención del Consejo Permanente de la OEA para que se conozca la situación del país e invocar la Carta Interamericana Democrática, expresó Milagros Betancourt, profesora de Derecho Internacional Público.
El Consejo Permanente puede decidir tomar nota, pero no llamar a la invocación de la Carta o hacerlo. También puede decidir que el secretario general o algún representante, embajadores, visite el país para que tome contactos directos con el gobierno (como hizo César Gaviria en 2002).
Si se convoca a una asamblea y se procede a una votación es preciso alcanzar los dos tercios de los votos para la aplicación de la carta. De ser así, hay sanción política, moral y retiro de programas de cooperación. De no lograrse igual se puede recomendar un monitoreo de la situación, explicó la docente.
¿Qué es la Carta Democrática Interamericana de la OEA?
La Carta Democrática Interamericana, que la oposición de Venezuela solicitó ayer invocar, es un mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en caso de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en alguno de sus Estados miembro.
DEMOCRACIA 1,2,3
Aprobada por el consenso de los 34 países de la OEA en 2001, la Carta es “principalmente una guía para mejorar el funcionamiento de los sistemas democráticos“, escribió en su preámbulo el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, avizorando una “nueva era” en el sistema interamericano.
La Carta define los “elementos esenciales” de la democracia representativa, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, elecciones libres y periódicas a través del voto universal, pluralidad de partidos políticos y la separación de los poderes públicos.
Pero desde su aprobación, sus elementos más polémicos han sido los referidos a los mecanismos que el documento establece para fortalecer la democracia, o más allá, para revertir casos de alteraciones o rupturas del orden constitucional en los países.
ALTERACIÓN Y RUPTURA
La Carta prevé varias vías que permiten invocarla.
Según el artículo 17, un gobierno de un país miembro puede recurrir al Secretario General o el Consejo Permanente para pedir asistencia en caso de “riesgo” a la democracia o su ejercicio en el poder.
Este caso ocurrió en Ecuador en 2005, cuando el presidente interino Alfredo Palacios solicitó la intervención de la OEA tras el derrocamiento del mandatario Lucio Gutiérrez.
De otro modo (artículo 18), la iniciativa también puede surgir del Consejo Permanente o el Secretario General para, con el consentimiento del gobierno afectado, realizar gestiones diplomáticas en ese país.
A petición de varios países centroamericanos, la OEA intervino en la crisis institucional que se vivió en Nicaragua hacia el final del período de gobierno del presidente Enrique Bolaños (2002-2007).
Pero la Carta también prevé escenarios de “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” o de “ruptura del orden democrático” (artículo 19), en los cuales la OEA puede intervenir sin el consentimiento del gobierno afectado.
El caso más reciente de “ruptura” democrática fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. Una Asamblea General extraordinaria del organismo hemisférico convocada poco después suspendió al país centroamericano por casi dos años, siguiendo el artículo 21 de la Carta.
PAPEL DEL SECRETARIO GENERAL
Pero en caso de grave “alteración” de la democracia, el artículo 20 faculta al Secretario General o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.
Esta vía, sin precedentes en los tres lustros de la CDI, es la que solicitó la oposición venezolana al secretario general, Luis Almagro.
La cabeza de la OEA debería tomar una decisión en las próximas semanas, dijo su portavoz Sergio Jellinek, de llevar o no a un debate en la OEA el estado de la democracia venezolana.
De llegarse a esa etapa, el Consejo Permanente podrá decidir, con la aprobación de la mayoría de los 34 países miembros, la realización de gestiones diplomáticas para promover la “normalización de la institucionalidad democrática” en Venezuela.
Si esas gestiones fracasaran, el Consejo Permanente convocará, con el voto de al menos dos tercios de sus miembros, una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres del continente, que podría determinar sanciones más extremas contra el país como la suspensión de la OEA.
Para ello se requiere igualmente una votación de dos tercios de los países.
Se entra en una “evaluación del tipo político”, dijo el secretario de asuntos jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.
Según el artículo 19 de la Carta Democrática, una alteración grave de la democracia, “mientras persista, es considerada un “obstáculo insuperable” para la participación del gobierno en los órganos de la OEA.
Países del Alba rechazan declaraciones de Almagro contra Venezuela
Los países que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba) rechazaron las recientes declaraciones emitidas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Venezuela.
Por intermedio de un comunicado, este organismo regional cuestiona la reiterada posición contraria al gobierno de Nicolás Maduro, que asume la agenda política de la oposición venezolana.
A continuación el texto íntegro:
COMUNICADO
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazan categóricamente el Comunicado de Prensa emitido el 18 de mayo de 2016, por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como las agresiones sistemáticas de quien ocupa la secretaría general de esta organización en contra de la República Bolivariana de Venezuela, su Gobierno legítimo y su pueblo.
Los países miembros del ALBA – TCP expresan su sentida solidaridad con el Presidente Nicolás Maduro y su pueblo, y declaran que los agravios contra el mandatario venezolano invalidan al Secretario General para pronunciarse sobre cualquier asunto relacionado con la República Bolivariana de Venezuela, a la vez que sus comentarios ofenden a todos los Estados soberanos.
El Señor Almagro hizo suya la agenda de la oposición política venezolana y permitió que la Secretaría General de la OEA sirviese de amparo de su sector más radical y violento. Hace apenas unos días, el Sr. Almagro participó de un evento en la ciudad de Miami donde en presencia de opositores venezolanos y extranjeros se hizo un llamado a invadir a Venezuela, amenazando el derecho al desarrollo, a la paz y a la patria del pueblo venezolano.
Los países del ALBA-TCP reiteramos nuestra solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela, con su Presidente y su Pueblo, y rechazamos las agresiones mediáticas, económicas, diplomáticas y financieras que pretenden el derrocamiento de su gobierno legítimo.
Los países del ALBA-TCP reconocen la ardua labor del Gobierno venezolano en la promoción y protección de los derechos humanos, la justicia y la paz, para contener el plan de intervención internacional que se pretende contra Venezuela, amenazando no sólo la estabilidad de este hermano país sino también de nuestra región.
Finalmente, los países miembros del ALBA – TCP confían en la inquebrantable voluntad del pueblo venezolano, guiados por el pensamiento de Simón Bolívar y en su capacidad de cerrar filas ante esta continua amenaza contra la estabilidad democrática del país y de la región.
Ecuador rechaza carta de Almagro contra el presidente Maduro
El Gobierno de Ecuador expresó su preocupación y rechazo ante las manifestaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la carta que dirigió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicada en la página web de esa organización el 18 de mayo.
“Las expresiones vertidas en el documento que firma el Señor Almagro, inédito en sus formas y contenido, utiliza términos impropios y un tono alejado de la ecuanimidad y mesura que exige la representación de un organismo que agrupa a treinta y cuatro Estados del hemisferio”, destaca el comunicado emitido por la Cancillería.
El Gobierno del Ecuador enfatizó que el secretario general de la OEA debe ajustarse en el desempeño de sus funciones a las Normas Generales de Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización, tal y como lo establece el artículo 113 de la Carta de la OEA.
A continuación el texto completo del Comunicado Oficial:
COMUNICADO
El Gobierno de Ecuador expresa su preocupación y rechazo ante las recientes manifestaciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro Lemes, que constan en la carta que dirige al Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, publicada en la página electrónica de la OEA el 18 de mayo del presente.
Las expresiones vertidas en el documento que firma el Señor Almagro, inédito en sus formas y contenido, utiliza términos impropios y un tono alejado de la ecuanimidad y mesura que exige la representación de un organismo que agrupa a treinta y cuatro Estados del hemisferio.
El Gobierno del Ecuador enfatiza que el Secretario General de la OEA deberá ajustarse en el desempeño de sus funciones a las Normas Generales de Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización según lo establece el Artículo 113 de la Carta de la OEA, y por tanto hace un llamado al Secretario General a respetar de manera estricta el Artículo 137 de las citadas normas que dispone que: El Secretario General y el Secretario General Adjunto se abstendrán de toda actividad, esté o no específicamente prohibida en estas Normas, que resulte o dé la impresión de resultar en: …b. Pérdida de su independencia o ausencia de imparcialidad en sus respectivas actuaciones;…d. Perjuicio del buen nombre e integridad de la Secretaría General.
Finalmente, se debe señalar que el no cumplimiento de estas normas en el ejercicio de las funciones del Secretario General podría limitar el buen funcionamiento de la OEA y por tanto la posible aplicación del artículo 116 de la Carta de la OEA de acuerdo al cual se prevé la remoción del Secretario General.
Unasur promueve diálogo entre Gobierno y sectores de oposición
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) trabaja para promover un diálogo entre el Gobierno venezolano y sectores de oposición, con el objetivo de concretar una agenda nacional que permita atender temas fundamentales para el pueblo.
Además del bloque regional, esta tarea cuenta con la colaboración de los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Panamá, Martín Torrijos; y de República Dominicana, Leonel Fernández, quienes en otras oportunidades han apoyado a Venezuela en procesos de diálogo.
Durante una rueda de prensa realizada este jueves en Caracas, transmitida por CNN en Español, el expresidente español Rodríguez Zapatero se refirió a la importancia de respetar la institucionalidad del país.
En ese sentido, enfatizó que el diálogo debe estar basado en el “respeto a las reglas democráticas, al Estado de Derecho y a la Constitución”.
Por su parte, el expresidente dominicano expresó su agradecimiento a Unasur por permitirle ser parte de este trabajo.
Adelantó que como parte de su misión estará en el equipo económico que revisará aspectos relacionados con la economía venezolana y que tendrá entre sus objetivos trabajar “para que se pueda reactivar el crecimiento económico”.
El pasado 17 de mayo, representantes del Gobierno nacional y una comisión de expertos de la Unasur se reunieron en República Dominicana para debatir estrategias que contribuyan a fortalecer el desarrollo de la economía.
Sobre esta reunión, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que su Gobierno recibe apoyo de Unasur para consolidar una nueva economía que vaya orientada a hacerle frente a los embates de la guerra económica y a la caída de los precios del petróleo.
El acompañamiento de Unasur y de estos expresidentes es un gesto para contribuir con la voluntad de paz que defiende el Gobierno venezolano.
Recientemente, en abril pasado cuando se instaló la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas, el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, informó que los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos, acompañarían esta instancia cuyo objetivo es reconocer, proteger y atender de manera integral a las víctimas de la violencia política en el país.
