El Salvador: organizaciones sociales piden al presidente que impulse reformas a la Ley de Telecomunicaciones
La Asamblea hizo llegar a la Presidencia las modificaciones aprobadas, las cuales se lograron con los votos de 81 diputados.
Organizaciones sociales, como la Asociación de Radios y Programas Participativos (ARPAS), solicitaron al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que sancione el pliego de reformas a la Ley de Telecomunicaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 5 de mayo.
Por medio de un escrito, entregado en Casa Presidencial, los representantes de las organizaciones reafirman la importancia de los cambios aprobados, por lo que esperan que el mandatario las avale sin contratiempos.
«Un aporte importante de la reforma es la inclusión de los avances tecnológicos, esto es poner a tono a la nueva normativa de Telecomunicaciones con la realidad. Es un logro sin precedentes», expresó Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, quien encabezó la delegación.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, recibió personalmente la solicitud de los grupos sociales.
«Estoy seguro que el Presidente de la República, junto a su equipo jurídico, analizará uno a uno los acápites de esta iniciativa y muy pronto se materializará la decisión que tome el Presidente», indicó.
El pliego de reformas a la Ley de Telecomunicaciones están contenidas en el Decreto Legislativo 372 emitido el pasado 5 de mayo, el cual se logró con el apoyo de 81 diputados.
Además de incluirse los avances tecnológicos, en la normativa se estableció que las concesiones de las frecuencias para radio y tv no sean solo por subastas, es decir, en relación al poder económico de personas o corporaciones para poseerlas, ya que se reconoció el derecho de grupos minoritarios para administrarlas bajo la figura de “uso regulado comunitario si fines de lucro”.
Sobre el tiempo de explotación de frecuencias, se acordó eliminar el procedimiento automático en la renovación de los contratos por 20 años. Se mantuvo el tiempo de dos décadas pero “en ningún caso de forma automática” sino previo cumplimiento de los requisitos de ley como estar solvente de pagos, mantener activa la frecuencia o contar con los permisos respectivos.
