Desalojan a indígenas que protestaban contra proyecto hidroeléctrico
Estalla conflicto por controvertida hidroeléctrica panameña
El desalojo por la Policía de un grupo de indígenas que impedían pruebas de llenado de la presa del Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco (PHBB), desencadenó un nuevo conflicto con amenazas hoy de protestas callejeras.
Un improvisado campamento con varias decenas de integrantes de la iglesia tradicional Mama Tatda, de la etnia Ngabe Buglé, se mantuvo por meses en la ribera del río Tabasará, en el occidente panameño, justo frente al PHBB y muy cerca de los petroglifos considerados sagrados por su cultura.
Uno de los perjudicados por la obra, Manolo Miranda, narró a Prensa Latina que fue testigo de cuando la Policía se llevó a la fuerza a niños, mujeres y hombres que estaban rezando en la iglesia tradicional y destruyó con tractores el improvisado campamento rústico donde se guarecían; los indígenas no ofrecieron resistencia.
El pasado domingo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que el embalse comenzaría el «llenado temporal entre el 24 de mayo y el 3 de agosto», para realizar pruebas de todos los elementos que componen la central y su conexión con el Sistema Eléctrico Nacional.
La entidad gubernamental aseguró también que «ha sido debidamente comunicado a las autoridades tradicionales de la comarca Ngabe Bugle, así como a varias comunidades aledañas tales como Cerro Algodón, Llano Culebra, Nuevo Palomar y la Emeregilda, Nancito y Cogle».
Este proceso -aseguró ASEP- «forma parte de los acuerdos firmados entre la Comisión de Alto Nivel sobre Barro Blanco, la comisión técnica y las autoridades tradicionales de la Comarca en agosto del 2015, en el cual se estableció el camino a seguir para resolver las incompatibilidades que surgieron en la mesa de diálogo».
Lo anterior fue negado por autoridades y vecinos, incluso los caciques indígenas firmantes del acuerdo con el Gobierno de Panamá para la terminación de la central eléctrica, aseguraron en un manuscrito que «la decisión de ASEP no fue avalada por las autoridades comarcales», según el documento al que tuvo acceso Prensa Latina.
«Por tanto, rechazamos totalmente la nota publicada por la ASEP», reiteraron los originarios, quienes hicieron «responsable solo a ellos (ASEP), porque no fue consensuada» la decisión, aseveró la nota.
Ante el rechazo de los indígenas, quienes se manifestaron además, en medios de prensa y redes sociales, la Comisión de Alto Nivel, encabezada por la vicepresidenta del país, Isabel de Saint Malo, emitió anoche un comunicado donde reiteró el «carácter limitado y temporal» de las pruebas, que siguen protocolos de máxima seguridad.
El diálogo multilateral sobre el tema continúa «para solventar algunas incompatibilidades, entre ellas, quién será el operador del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, para lo cual se analizan distintas alternativas que beneficien los intereses del Estado y del pueblo panameño», señaló.
Además del perjuicio que la inundación podría provocar a comunidades aledañas, en el sitio hay evidencias de cultura precolombina en petroglifos que quedarían bajo las aguas, a pesar de que las leyes panameñas amparan su protección por considerarlos patrimonio del país.
El presidente de la nación, Juan Carlos Varela, reconoció, en agosto pasado, al pueblo indígena la legitimidad de sus reclamos contra el PHBB, pero aseguró no tener la autoridad jurídica para demolerlo.
Indígenas rechazan las pruebas en la hidroeléctrica Barro Blanco
El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, entre la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí, volvió a enfrentar a indígenas y al Gobierno.
Esto, luego de que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) anunciara un período de pruebas de más de dos meses en la presa, que consiste en cerrar la compuerta e iniciar la inundación.
En la tarde de ayer, los indígenas que se oponen a la obra fueron desalojados de sus campamentos a orillas del río Tabasará.
Horas antes, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, y el administrador de la Asep, Roberto Meana, trataron de persuadir a los indígenas para que abandonaran el área, debido a las pruebas que comenzarán hoy.
Dijeron que se mantiene el compromiso de no poner en operación ni hacer el llenado definitivo hasta que no culminen las mesas técnicas de diálogo.
La dirigente indígena Clementina Pérez subrayó que la decisión de la Asep no fue avalada por las autoridades comarcales y por tanto están en “alerta”.
Anoche, la Cancillería envió un comunicado de la Comisión de Alto Nivel sobre Barro Blanco, en el que reiteró que el periodo de prueba del proyecto es de carácter temporal y limitado. Aclaró que la fecha para el llenado de la presa fue establecida por la Asep “al margen de las mesas técnicas de diálogo y de acuerdo con lo que establece la ley”.
SIGUE PULSEO EN BARRO BLANCO
Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé rechazaron el inicio, a partir de hoy, de las pruebas para el llenado del embalse de la hidroeléctrica Barro Blanco.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) informó que la apertura de las compuertas se extenderá hasta el próximo 3 de agosto de 2016.
Según los líderes indígenas se enteraron de las pruebas en el embalse a través de los medios de comunicación ayer, pese a que en 2015 se instaló una mesa de diálogo para tratar Barro Blanco.
La dirigente de la iglesia Mama Tatda, Clementina Pérez, subrayó que no llegaron a ningún tipo de acuerdo en una reunión que sostuvieron ayer con los ministros de Gobierno, Milton Henríquez, y el de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles.
En el encuentro también estuvieron Roberto Meana, administrador de Asep y José Donderis, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Pérez argumentó que las pruebas implican el cierre de las compuertas y la posterior inundación de la zona. “Nos quedaremos aquí, pese a que fuimos notificados de que debíamos salir”, acotó.
A la vez, reiteró que se mantienen en su postura de que el proyecto sea cancelado de forma definitiva.
Por su parte, Ricardo Miranda, coordinador del Movimiento Indígena 10 de Abril, manifestó que estas pruebas no estaban contempladas en el acuerdo que firmaron con el Gobierno en agosto de 2015.
De hecho, Miranda resaltó que, en uno de los puntos del acuerdo, el Gobierno se comprometía a no inundar el embalse ni iniciar operaciones del proyecto Barro Blanco hasta tanto no se alcanzara un acuerdo final entre las partes en conflicto sobre el futuro del mismo.
“No fuimos consultados. El Movimiento 10 de Abril y las comunidades afectadas sabemos que este es el inicio formal de la hidroeléctrica y no estamos de acuerdo con lo que ocurre”, aportó el activista de la comarca.
COMISIÓN ESTATAL
En horas de la mañana de ayer, llegó una comisión gubernamental a las riberas del río Tabasará para tratar de convencer a los indígenas de que se retiraran del sitio antes de que comiencen las pruebas.
Henríquez y Meana intentaron explicar a los presentes sobre el inicio de los trabajos, pero no lograron mayores avances en el sitio.
En el lugar también se presentó el director de Sinaproc, quien dijo que las comunidades cercanas a la hidroeléctrica no corren ningún riesgo ante el inicio de estas pruebas. “Estamos aquí para velar que el trabajo se realice con las medidas de protección correspondientes”, manifestó.
De acuerdo con Donderis, tanto Sinaproc como la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá participarán en las pruebas para garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad.
Por su parte, el ministro de Gobierno dijo que le explicaron a la comunidad en qué consistían los trabajos y se le pidió que se alejaran del área que se iba a inundar por unas semanas durante ese proceso.
En ese sentido, la Asep detalló que el llenado es de “carácter temporal” y permitirá examinar la estructura de esta central hidroeléctrica y su conexión al Sistema Eléctrico Nacional.
La operación se realizará paulatinamente, cerrando la compuerta de la presa e iniciando el proceso de inundación hasta el próximo 3 de agosto. Para esto, aseguraron que comunicaron a las autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe Bugle, así como a varias comunidades aledañas tales como Cerro Algodón, Llano Culebra, Nuevo Palomar, La Emeregilda, Nancito y Cogle.
“A sus autoridades se les explicó la necesidad de realizar el llenado de la presa, reiterando que es de carácter temporal para la realización de las pruebas antes mencionadas”, sostiene esa entidad en un comunicado.
A la vez, expresaron que esto está contemplado en los acuerdos firmados entre la Comisión de Alto Nivel sobre Barro Blanco, la comisión técnica y las autoridades tradicionales de la comarca en agosto de 2015.
DESCARTAN PERJUICIOS
El Gobierno reiteró que, tal como se acordó en esta mesa, se mantiene el compromiso de no poner en operación, ni realizar llenado definitivo hasta tanto no culminen los acuerdos de las mesas técnicas de diálogo.
La ministra de Ambiente, Mirei Endara, aseguró que las pruebas de llenado son menester para hacer entrega de la obra de ingeniería, como las que se hicieron para el Canal ampliado.
“Estamos acompañando como equipo de Gobierno a que las cosas se hagan bien en la zona”, añadió Endara, quien formó parte del diálogo con los indígenas.
No obstante, organizaciones ambientalistas están cuestionando la decisión de la Asep, ya que consideran que no es conveniente cuando hay un diálogo.
Damaris Sánchez, coordinadora de proyectos de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá, indicó que se sienten sorprendidos, porque estas pruebas llevarán al desalojo de comunidades y ocasionarán daños a sitios arqueológicos.
“El diálogo fue solo para ganar tiempo. No hubo verdadera participación ciudadana en este proceso”, puntualizó Sánchez.
Mientras que Susana Serracín, miembro del Centro de Incidencia Ambiental, explicó que estas pruebas en el embalse son “ilegales”, porque hay un amparo de garantías en la Corte Suprema de Justicia contra Barro Blanco que no ha sido resuelto. “Se está violentando los derechos de los pueblos indígenas en esa zona”, concluyó la ambientalista.
En horas de la tarde de ayer, agentes del Control de Multitudes de la Policía Nacional desalojaron la zona ocupada por los indígenas.
Una fuente policial en el área dijo que no se registraron enfrentamientos durante la acción que desarrollaron los agentes.
Se trató de obtener una versión de la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), responsable del proyecto Barro Blanco, pero al cierre de esta edición no la hubo.
