Colombia: continúa paro nacional de campesinos e indígenas en todo el país

En extrañas circunstancias muere joven indígena que participaba del paro agrario

Este lunes festivo cientos de campesinos salieron a marchar para exigir que el Gobierno cumpla sus promesas al sector agropecuario. Aunque el Gobierno criticó la decisión de llevar a cabo el paro pidió no recurrir a las vías de hecho.

Pero, esta mañana un joven de 26 años, que participaba en la marcha cerca al corregimiento La Delfina, en Buenaventura, resultó muerto en extrañas circunstancias. La comunidad campesina tiene una versión mientras que la Policía maneja otra totalmente diferente. Elactual consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, le contó a Blu Radio que en medio de una arremetida de miembros del Esmad contra un grupo de indígenas fue atropellado el joven por una tanqueta de la Policía.

Contrario a esto, las autoridades dicen que el líder indígena hacia parte de un grupo de campesinos que estaba alterando el orden público en ese lugar, le prendieron fuego a una motocicleta de la Policía e intentaron quemar otros vehículos. El Esmad intervino y fue en ese momento cuando, el joven aparentemente perdió el equilibrio y se cayó del puente.

En el departamento del Huila también se presentaron alteraciones del orden público. Dos buses intermunicipales fueron atacados con piedras. De acuerdo con cifras oficiales, durante el paro agrario se registró una persona muerta, dos heridas y al menos 10 vehículos afectados.

El Espectador

Vuelve y juega la protesta agraria

Hace tres años, en los comienzos del proceso de paz de La Habana, se desarrolló un paro nacional agrario que se extendió por todo el país. A pesar de que el 26 de mayo de 2013 se había firmado el Acuerdo Agrario entre el Gobierno y las Farc, este avance no impidió que la protesta abarcara varios sectores productivos en regiones claves para el desarrollo de ese pacto. Este lunes 30 de mayo de 2016, ahora en el epílogo del proceso de paz en Cuba, vuelve y juega el paro, casi por las mismas razones que lo provocaron hace 48 meses.

En esta ocasión, la convocatoria es de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que integra a la mayoría de organizaciones populares con arraigo en zonas campesinas, indígenas o de comunidades afrodescendientes. Su idea es realizar jornadas de movilización pacífica, denominadas mingas, para resaltar las dificultades que sigue atravesando el sector agrario en Colombia, que son las mismas desde hace mucho tiempo. Por eso los organizadores de la protesta hablan más de incumplimientos que de nuevos reclamos.

Uno de los voceros del paro agrario es Jimmy Moreno, un dirigente social y ambiental santandereano que lidera el llamado Congreso de los Pueblos, una de las organizaciones que respaldan la jornada de protesta. En su opinión, la exigencia fundamental de las comunidades campesinas y étnicas es que el Gobierno cumpla sus promesas, porque en medio de sus discursos sobre la paz que se avecina hay aspectos puntuales, que de no solucionarse de manera prioritaria, se van a convertir en serios obstáculos en un ambiente de posconflicto.

La principal crítica está centrada en la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) o Ley 1776 de 2016, a través de la cual se sentaron las bases para el desarrollo agropecuario con enfoque productivo en zonas donde se requiere una alta inversión económica. En criterio de Jimmy Moreno, lo que se hizo con esa ley fue intensificar el modelo de agroindustria que hoy impera en el campo, el cual no favorece a las comunidades campesinas, sino a los grandes empresarios o a las multinacionales del agro.

De manera conexa, los líderes del paro agrario han concentrado sus reparos a la forma como se están tomando decisiones que comprometen a las comunidades. En concreto, afirman que, por ejemplo, en aspectos como otorgamiento de licencias para explotación minera en ecosistemas estratégicos, no se está consultando a la gente en las regiones. En esa medida, la autonomía territorial no tiene importancia y el modelo minero pasa por encima de la defensa de los territorios, la preservación de las fuentes hídricas o la economía campesina.

El otro aspecto crítico, íntimamente ligado a los acuerdos de paz suscritos en La Habana, tiene que ver con las regiones donde los cultivos de coca, marihuana y amapola siguen vigentes como única fórmula de sustento para las comunidades. En buena medida, una de las peleas lleva casi tres décadas en el escenario de la polémica: la fumigación con glifosato o sin él. Un reto para el Estado, porque todavía no existe la alternativa para que nuevos modelos de economía agraria hagan rentable el campo y lo saquen del mundo de la droga.

Una de las zonas donde ese dilema salta a la vista y se ha convertido en eje de la problemática agraria nacional es la región del Catatumbo, que agrupa a 11 municipios de Norte de Santander, en región limítrofe con Venezuela. Durante la realización del paro agrario de 2013, fue uno de los epicentros de la movilización e incluso se dieron graves enfrentamientos con la Fuerza Pública. En esta ocasión, el Catatumbo será el foco de las mingas previstas para animar la protesta, con un pliego aparte que explica su trascendencia nacional.

En concreto, el Comité de Integración Social del Catatumbo, otra de las organizaciones gestoras del paro previsto para mañana, manifiesta que las autoridades centran el debate en el aumento o la disminución de los cultivos de coca, pero no asumen el abandono en que están los campesinos que pretenden recobrar sus cultivos de cebolla, tomate, cacao, café, caña, piña, yuca, plátano, maíz y fríjol. Afectados por la sequía, la carencia de distritos de riego o los bajos precios de las cosechas, su opción actual es apoyar la protesta.

“En noviembre de 2012 se anunció un convenio por más de $33.000 millones entre Ecopetrol, la Gobernación de Norte de Santander y varios municipios del Catatumbo para mejorar las vías de la región y construir varios puentes. Hoy las obras no se han construido y el contrato ya no existe, porque el precio del petróleo se vino abajo”, expresa un documento preparado por el Comité de Integración Social del Catatumbo. Sus principales líderes agregan que se trata de una región ya no olvidada, sino convertida en una bomba de tiempo.

Paradójicamente, a raíz del secuestro de los periodistas Salud Hernández, Diego D’Pablos y Carlos Melo, la región del Catatumbo volvió a ser el centro de atención del país, pero los organismos de derechos humanos tienen claro que es una de las zonas de Colombia con mayor presencia de grupos armados. Aunque las Farc son la organización ilegal más fuerte con dos columnas móviles y un frente de guerra, para nadie es un secreto que es una de las retaguardias del Eln, con los frentes Camilo Torres y Luis Enrique León.

Además, transita por la región el último reducto del extinto Epl, al tiempo que se sabe de la presencia de Rastrojos, Águilas Negras o clan Úsuga. Hasta agosto de 2015, en que fue dado de baja por la Fuerza Pública, todo lo que sucedía en el Catatumbo era atribuido a Víctor Ramón Navarro, alias Megateo. Ahora se sabe que ya lo reemplazó un tal David León o Juan Montes, que comparte el poder sobre las comunidades con los guerrilleros de las Farc o el Eln. En otras palabras, al menos el Catatumbo tiene razones para avalar la protesta.

El senador del Polo Alberto Castilla, oriundo de la región, manifiesta que Colombia está a punto de ponerle fin al conflicto con las Farc, pero en una de las zonas donde se va a construir el posconflicto como es Catatumbo, lo único claro son las deudas sociales. “Hay un médico por cada 5.000 habitantes, apenas el 1 % de los bachilleres va a la educación superior y el indicador de necesidades básicas insatisfechas está en el 70 %. En cambio hay más de 15.000 militares en la región, como la única presencia del Estado”, agrega Castilla.

Con un agravante frente a la movilización de este lunes. El rechazo de las comunidades campesinas a las medidas adoptadas por la Gobernación de Norte de Santander, que decidió restringir la circulación de parrilleros en moto, decretar la ley seca, no autorizar desplazamientos o marchas o desautorizar el transporte masivo de personas en vehículos de servicio público o de alquiler. Según los gestores del paro, una forma de coartar su derecho a la protesta. En contraste, la Gobernación anunció una eucaristía campal, en rechazo al paro.

El capítulo del Catatumbo, aunque no es el único escenario dispuesto para el paro, sí constituye un destino crucial para las políticas de paz del Gobierno. No sólo porque las Farc aspiran a desarrollar en la zona buena parte del acuerdo agrario de mayo de 2013, sino porque el Eln, también interesado en abrir una mesa de negociación, tiene muchos intereses en la región. Con lo sucedido en el caso Salud Hernández, se volvieron a tensionar las relaciones con el Ejecutivo, por eso de los desarrollos del paro también habrá tela por cortar.

Como en el paro agrario de 2013, han anunciado su apoyo la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Marcha Patriótica, algunos movimientos campesinos, estudiantiles, sindicales y populares, así como transportadores y organizaciones agrícolas. Los pliegos de peticiones ya están listos, y a ellos se suman denuncias por la ola creciente de amenazas y asesinatos contra líderes en las regiones, lo que en su criterio constituye una verdadera amenaza a la paz que se quiere edificar con las Farc y que se aspira a comenzar a concertar con el Eln.

Uno de esos líderes amenazados es José Santos Caicedo, dirigente del Proceso de Comunidades Negras que, junto con la ONIC, creó una comisión interétnica por la paz y la defensa de los derechos territoriales. En su opinión, muchos de los acuerdos de La Habana van a afectar a las comunidades afrodescendientes e indígenas, y ni siquiera se ha permitido un encuentro de sus líderes con la mesa de diálogos de La Habana. “Queremos saber qué beneficios tendrá el pueblo negro con la paz y cómo se van a impactar sus comunidades”.

En síntesis, como hace dos años, la protesta agraria vuelve a cobrar forma, y según sus organizadores, los puntos de discusión son casi los mismos: medidas para aliviar la crisis de la producción agropecuaria, acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento de la territorialidad campesina, participación de las comunidades en la definición de políticas mineras, garantías reales para el ejercicio de derechos políticos de la población rural e inversión social en aspectos como educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

A los reclamos de los gestores de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, el Gobierno ha dicho que no ha incumplido los acuerdos de 2013 y, por el contrario, ha destinado cuantiosos recursos para satisfacer esos reclamos. De igual modo, voces del Ejecutivo han dicho que el propio presidente Juan Manuel Santos, los ministros y otros altos funcionarios se han reunido múltiples veces con los voceros de los movimientos agrarios, en una clara disposición al diálogo que se contradice con la persistencia por la protesta.

El viceministro del Interior, Guillermo Rivera, observó que se trata de un paro injusto y contradictorio, porque la movilización que debería darse en estos momentos es en favor de la paz, dado que el país está a las puertas de que se firme un acuerdo histórico con las Farc. “Es injusto que le hagan un paro agrario a un gobierno que se la está jugando por la paz de Colombia, y que además se ha esmerado para cumplir con sus compromisos con las comunidades”, insistió Rivera, quien de todos modos recalcó que se respeta el derecho a la protesta.

El Espectador

Gobierno dice que sí ha cumplido con lo prometido tras el paro agrario

Según el Ministerio del Interior, se ha trabajo de la mano con ellos un promedio de 1100 horas con un diálogo permanente dando resultados importante tanto políticos como fiscales.

El ministro Juan Fernando Cristo afirma que no se han ahorrado esfuerzos para cumplir con los compromisos y que por ello se creó la Mesa Nacional en la que se han hecho 18 reuniones plenarias y se crearon 5 mesas regionales en los departamentos de Arauca, Antioquia, Catatumbo, Cauca y Sur de Bolívar. En total, dice, se han comprometido más de 250 mil millones de pesos en ese espacio.

Así mismo resalta que se ha desarrollado un seguimiento con el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y otras entidades a los hechos que han afectado a los defensores de Derechos Humanos, organizaciones políticas y sociales que acuden a la protesta social: “El Ministerio del Interior reafirma el compromiso de seguir con la tarea de incrementar las garantías a esta población”.

Sin embargo agrega: “Este Gobierno respeta el derecho que tienen los ciudadanos y sus organizaciones a desarrollar la protesta social y ofrece garantías plenas para la misma, por ello los invita a no recurrir a las vías de hecho, ya que pueden afectar la movilización y a las personas que no están participando en ella”.

Vanguardia