“Cepal: Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”. Artículo escrito por la secretaria de la Cepal, Alicia Bárcena, sobre un informe elaborado por el organismo, en el que se revelan las contradicciones del modelo de desarrollo mundial y el aumento sin precedentes de la desigualdad
Encaramos hoy un vertiginoso proceso de cambios, en verdad un cambio de época. Las tendencias mundiales dominantes en la economía y en la sociedad exacerban las contradicciones de un estilo de desarrollo que se ha vuelto insostenible. Esas contradicciones son innegables. Lo demuestra el aumento sin precedentes de la desigualdad global en las últimas décadas, la agudización de la crisis ambiental, especialmente el cambio climático, y el papel ambivalente de la revolución tecnológica que, al mismo tiempo que abre opciones para la sostenibilidad, genera tensiones en los mercados laborales que se agravan a medida que se expanden las nuevas tecnologías.
Los profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales han motivado la búsqueda de respuestas por parte de la comunidad internacional, a través de esfuerzos que han madurado por más de dos decenios. La más amplia y ambiciosa es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que los 193 países representados en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron en septiembre de 2015. Estos compromisos reconocen la igualdad y la sostenibilidad como los principios rectores, compartidos y universales, en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas globales, regionales y nacionales. La masiva participación de la comunidad internacional en su formulación y aprobación les confiere una legitimidad sin precedentes y refuerza el compromiso político de los países de implementarlos eficaz y eficientemente, ajustándolos en la medida en que lo demanden los grandes cambios en curso.
En la Agenda 2030 reconocemos múltiples vasos comunicantes con el cuerpo de propuestas que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha elaborado a lo largo de su historia, sobre todo con aquellas que pusieron el combate a la desigualdad en el centro de la estrategia impulsada en La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir en 2010. En ese documento, se resaltan los impactos negativos de la desigualdad en el crecimiento y la estabilidad política y social de los países de América Latina y el Caribe; más aún, se postula que la desigualdad no solo es inaceptable desde el punto de vista ético, sino que también constituye una barrera determinante para nuestro desarrollo.
Dos años después, en el documento Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo se reafirmaron esas tesis y se enfatizó que, sin cambios en la estructura productiva y en el patrón de especialización hacia actividades con mayor contenido tecnológico y niveles más elevados de productividad, sería imposible generar empleos de calidad para sustituir los trabajos de muy baja productividad que alimentan la desigualdad y el rezago de los países de la región.
Más recientemente, en 2014, en Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible se sostuvo que el camino más eficaz para avanzar en el nuevo estilo de desarrollo que se proponía a partir de las tesis de los documentos anteriores era generar alianzas amplias y pactos sociales que viabilizaran las políticas de desarrollo sostenible y las transformaran de políticas de un período de gobierno en verdaderas políticas de Estado, en el contexto de una nueva ecuación entre Estado, mercado y ciudadanía. Estos tres documentos comparten visiones, diagnósticos y estrategias, por lo que conforman una trilogía que de una manera sistemática ha puesto la lucha por la igualdad en el núcleo de las contribuciones de la CEPAL al pensamiento sobre el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe.
Si bien la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos tienen un gran impacto potencial en las relaciones internacionales como instrumento de desarrollo y reflejan con claridad la amplitud y la urgencia de los desafíos globales, requieren aún de un marco analítico que los articule y les dé coherencia. Materializarlos efectivamente exige acometer la tarea pendiente de poner en marcha y consolidar instrumentos específicos para su implementación. Sin estos componentes, se corre el riesgo de que se conviertan en una expresión de deseos que, en el mejor de los casos, se cumplirá de forma aislada y parcial, en contradicción con la aspiración manifiesta de que sea una agenda universal, integral e indivisible.
En este documento, que la CEPAL presenta a los países miembros en su trigésimo sexto período de sesiones, se complementa analíticamente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la base de la perspectiva estructuralista del desarrollo y desde el punto de vista de los países de América Latina y el Caribe.
Este empeño se sustenta en un diagnóstico que reconoce fundamentos en la tradición analítica estructuralista e incorpora, con mayor énfasis, las dimensiones ambiental y global de los problemas del desarrollo de la región.
El concepto ordenador es el cambio estructural progresivo, definido como un proceso de transformación hacia actividades y procesos productivos que presenten tres características: ser intensivos en aprendizaje e innovación (eficiencia schumpeteriana), estar asociados a mercados en rápida expansión, que permitan aumentar la producción y el empleo (eficiencia keynesiana), y favorecer la protección del medio ambiente y el desacople entre crecimiento económico y emisiones de carbono (eficiencia ambiental). Para lograr estructuras productivas con estos tres tipos de eficiencia, que hagan compatibles la igualdad y la protección ambiental, se requiere un nuevo conjunto de instituciones y coaliciones políticas que las promuevan a nivel global, regional, nacional y local.
Un instrumento central para la consecución de estos objetivos es la creación de bienes públicos globales. El carácter imprescindible de esta dimensión es evidente en los temas ambientales, por cuanto una acción colectiva y una coordinación que involucre a todos los actores es condición sine qua non para reducir las emisiones. No en vano la destrucción del medio ambiente en un contexto de desregulación ha sido calificada como “la mayor falla de mercado de todos los tiempos”. Frente a este desafío, con el Acuerdo de París, aprobado en diciembre de 2015, se logró, pese a sus insuficiencias, dar un paso en la dirección correcta en el esfuerzo por definir metas comunes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en la descarbonización de las economías, respetando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Hay otras dos dimensiones en que también se ha hecho más visible la percepción de que es urgente una acción global colectiva y coordinada: la recuperación del crecimiento mundial y el cuidado del medio ambiente.
Por un lado, la recuperación de la economía mundial de la crisis financiera iniciada en 2008 ha sido más lenta e incierta de lo que se esperaba, y existe el riesgo de una nueva crisis en los próximos años. La creciente desigualdad, la presión del ajuste externo sobre las economías más débiles y la caída de la inversión junto con la multiplicación de los activos financieros conforman un cuadro de incertidumbre y baja demanda agregada que imprime un sesgo recesivo a la economía mundial. Superar este escenario exige la construcción de bienes públicos para la estabilidad y el pleno empleo a nivel global: políticas fiscales expansivas coordinadas y una nueva arquitectura financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad generada por el apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos de capital.
Los grandes temas del desarrollo, como el permanente rezago tecnológico de numerosos países, la persistencia de la pobreza y la evidencia de que buena parte de la población mundial continúa sin participar del bienestar generado por el progreso técnico y el crecimiento económico, ya no pueden ser ignorados, ni siquiera por las economías más ricas, hoy tensionadas por los flujos migratorios. Reducir las brechas tecnológicas y de ingresos, y difundir globalmente el conocimiento y la producción son inseparables del objetivo de construir un sistema mundial estable y comprometido con el pleno empleo, concibiendo el trabajo no solo como un medio de producción, sino como un fin en sí mismo.
Por otro lado, promover el crecimiento y el empleo, sin agudizar al mismo tiempo los graves problemas ambientales, demanda la adopción de un keynesianismo ambiental global basado en políticas fiscales expansivas, con inversiones concentradas en tecnologías, bienes y servicios asociados a senderos de producción y consumo bajos en carbono. La aceleración del progreso técnico, que experimenta una verdadera cuarta revolución industrial y tecnológica, debe ser puesta al servicio del cuidado ambiental. La aplicación de la tecnología a la preservación del medio ambiente genera oportunidades de inversión, innovación y creación de empleos de calidad que pueden sostener una nueva fase de crecimiento global. Sin embargo, para encauzar las inversiones en la dirección deseada y hacerlas viables, es necesario generar los incentivos correctos, esto es, redefinir el marco institucional y de gobernanza global y regional, y las políticas nacionales, mediante cambios en las estructuras de precios relativos, las regulaciones y los estándares, así como en los montos y destinos de la inversión pública.
El keynesianismo ambiental global ha de articularse con el despliegue a escala nacional de estrategias de desarrollo sostenible. Si los países en desarrollo no son capaces de construir capacidades endógenas, no podrán cambiar su estructura productiva y cuidar del medio ambiente. La contrapartida en términos de las políticas nacionales es un gran impulso ambiental que transforme las estructuras productivas dirigiéndolas hacia actividades y sectores más intensivos en tecnologías y aumente las capacidades humanas e institucionales de cada país. El gran impulso ambiental ha de ser intensivo en inversiones y tecnología, lo que podría comprometer el empleo. Por ese motivo, internalizar parte de los procesos productivos y las habilidades y capacidades que estos requieren y abrir espacios para las exportaciones de la región es fundamental para evitar presiones sobre la cuenta corriente. Un buen manejo del tipo de cambio real favorecería el logro de este equilibrio, pero no puede substituir a la política industrial. Una actitud más proactiva de los países en los acuerdos regionales de comercio y de pagos también contribuiría a reducir la vulnerabilidad externa.
Esta ruta representa para América Latina y el Caribe un desafío a su madurez, ya que el fortalecimiento de la coordinación y la cooperación a nivel regional resulta el instrumento clave en este proceso. Es el paso que permitirá a la región promover las imprescindibles acciones conjuntas en temas vinculados a la estabilidad macroeconómica y las políticas fiscales, así como en las áreas de comercio exterior, inversión extranjera directa y cadenas productivas. Avances decididos en estos ámbitos permitirían alcanzar economías de escala, desarrollar sinergias en proyectos tecnológicos ejecutados entre varios países y aumentar la creación de valor regional en bienes y servicios ambientales, destacándose las potencialidades que abriría el avance hacia un mercado único digital en la región.
Articular estrechamente las políticas de transformación productiva con los imperativos del cuidado ambiental y de la creciente generación de empleos de alta productividad es un desafío enorme; la transición no será fácil, en especial en un contexto de lento crecimiento como el que atraviesa la región. Por ello, es urgente consolidar políticas de protección social universal que generen la red de protección necesaria en un mundo en que la naturaleza del empleo y el mercado de trabajo son redefinidos de forma constante por las nuevas tecnologías y la competencia internacional. Las políticas de inclusión universal en materia de salud y educación son instrumentos necesarios y complementarios de cualquier esfuerzo de cambio estructural progresivo, ya que estos servicios son cruciales para la construcción de capacidades humanas y para el desarrollo del aprendizaje y las habilidades que demanda la cuarta revolución industrial.
Estos son los temas que se analizan en el presente documento, a través de seis capítulos que comienzan con la presentación de la visión general sobre la insostenibilidad del estilo de desarrollo dominante y la necesidad de avanzar rápidamente hacia un nuevo estilo, coherente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos. En el segundo capítulo se analizan los grandes cambios en marcha en el contexto global, en particular el surgimiento de China como potencia económica y geopolítica, los megaacuerdos comerciales transregionales, las tendencias demográficas y sus implicaciones en materia de envejecimiento de la población y presiones migratorias, las características más relevantes de la crisis ambiental y la nueva revolución tecnológica en sus dimensiones de convergencia, tecnologías biológicas, nanotecnologías y tecnologías digitales.
En los capítulos tercero y cuarto se estudian desde una perspectiva macroeconómica las tendencias del crecimiento, la inversión, el comercio internacional y la explosiva expansión del sistema financiero en la economía mundial y sus efectos en los países de América Latina y el Caribe. Se constata allí que el sesgo recesivo de la economía mundial impone en el corto plazo, y quizás también en el mediano plazo, un contexto económico regional poco propicio, lo que dificultará el cierre de las grandes brechas estructurales respecto del mundo desarrollado en materia de productividad, equidad, género, acceso a servicios básicos y deterioro ambiental, temas tratados en el quinto capítulo.
En este capítulo, se presta especial atención a la urgente necesidad de solucionar el problema de la deuda externa de los países del Caribe, para los que la CEPAL propone un decidido proyecto de reducción de esos pasivos, que se complementa constructivamente con los impostergables esfuerzos dirigidos a la adaptación frente a los efectos del cambio climático.
En el sexto capítulo se recogen las propuestas de estrategias y políticas públicas que se derivan de los análisis previos. Abarcan tres dimensiones: la creación de bienes públicos globales, la consolidación de la acción y la cooperación regionales, y las políticas nacionales, especialmente las macroeconómicas, las productivas, las sociales y las ambientales. La implementación de estas propuestas fomentará el avance en un sendero de cambio estructural progresivo centrado en el gran impulso ambiental. Esta será la base de la implantación de un nuevo estilo de desarrollo sostenible con igualdad.
Finalmente, en el epílogo, se revisan las principales trabas que la economía política dominante impone al cambio, así como la necesidad y viabilidad de construir nuevas alianzas para superar ese bloqueo al desarrollo, sobre la base de coaliciones sociales y pactos para la gobernanza mundial, regional y nacional.
Esta transformación exige una visión de largo plazo y una nueva correlación de fuerzas sociales y políticas que permita poner en marcha los siguientes cuatro mecanismos básicos de gobernanza y articular las coaliciones políticas que los sustenten:
i) Una coordinación internacional de las economías que favorezca la expansión sostenida de la inversión, basada en políticas fiscales que prioricen proyectos bajos en carbono y de mayor eficiencia energética (keynesianismo ambiental global).
ii) Una nueva arquitectura financiera internacional que reduzca la volatilidad real y de precios, y avance en la reforma del sistema monetario internacional.
iii) Una gobernanza del comercio y la tecnología sobre bases multilaterales que facilite y amplíe el acceso a la tecnología y el financiamiento para el desacople entre el crecimiento y el impacto ambiental, propiciando el cierre de las asimetrías entre países y regiones.
iv) Una gobernanza compartida de los componentes esenciales de la economía digital a nivel global y regional.
Estas tareas demandan en forma paralela, a nivel nacional, una apuesta por universalizar la protección social y la provisión de servicios de educación y salud para generar respuestas proactivas ante la incertidumbre propia de la globalización y la revolución tecnológica.
La trayectoria que proponemos tiene como condición clave la participación conjunta de los actores públicos y privados para incentivar la acción colectiva en favor de un nuevo estilo de desarrollo con aumentos sostenidos de la productividad y la competitividad. También resulta indispensable ampliar el margen de maniobra de los Estados de modo que puedan construir una plataforma de políticas de largo plazo más allá de los ciclos electorales.
Nuestra región no parte de cero. Así lo evidencian el esfuerzo por recuperar la planificación, la implementación de políticas sociales con visión universalista, la exigencia de honestidad y transparencia de los gobiernos y el impulso a las iniciativas de integración regional, que son parte del proceso de reacción frente al patrón dominante y de una búsqueda activa de alternativas. Los latinoamericanos y caribeños están menos dispuestos hoy a tolerar la desigualdad como dato natural.
América Latina y el Caribe tendrá que transitar por esa transformación productiva en un contexto adverso en lo internacional, lo regional y lo nacional. El menor crecimiento mundial y la amenaza de una nueva crisis financiera internacional pueden golpearla con fuerza en un momento en que la integración regional es débil, el espacio fiscal necesario para responder con políticas anticíclicas se ha reducido de manera significativa o no existe y, en muchos países, ha disminuido el prestigio de las instituciones políticas y de gobierno.
La posibilidad del cambio estructural progresivo dependerá de la elección de cada sociedad entre dos caminos: mantener la trayectoria del pasado, insostenible y asociada a un conflicto distributivo de creciente intensidad, con fragmentación social, institucional y política, o transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo, en que la acción colectiva y los pactos de largo plazo en sociedades democráticas promuevan la igualdad, la transparencia y la participación, con foco en la productividad, el empleo de calidad y el cuidado del medio ambiente, a partir de la difusión de las nuevas tecnologías en un gran impulso ambiental.
Pese a la adversidad del contexto económico que enfrentará la región y a las tensiones políticas que generará el lento crecimiento, es claro que la mayor conciencia global respecto de la crisis del modelo dominante, las decisiones que se han tomado en materia ambiental en el reciente Acuerdo de París y las nuevas trayectorias tecnológicas que aumentan la viabilidad de un crecimiento desacoplado de las emisiones de carbono abren caminos esperanzadores.
Ahora llega el momento de la especificación de los instrumentos y las acciones de política, y su implementación y puesta en marcha, proceso en el que las instituciones y las acciones colectivas son determinantes. En este sentido, el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe es esencialmente un tema político. Ha emergido una ambiciosa y urgente agenda con el crecimiento, la sostenibilidad y la igualdad en su centro, basada en una teoría del desarrollo que le da consistencia y fundamentos para su proyección futura y una visión macroeconómica orientada al desarrollo. Se trata de transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Explorar esos senderos, fundar sus cimientos, es el propósito de las reflexiones que aquí se presentan y el esfuerzo permanente de la CEPAL al servicio de un mañana justo, digno e igualitario para los pueblos de nuestra patria común.
