Venezuela: el Tribunal Supremo de Justicia declara inconstitucional la Ley de Amnistía
El Tribunal Supremo de Justicia declaró, por unanimidad, inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que aprobó la Asamblea Nacional el pasado 29 de marzo de 2016.
El máximo tribunal tomo en consideración la solicitud de revisión de la norma hecha por el presidente de la República Nicolás Maduro, donde señala que “el Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionado por el Parlamento venezolano, constituye una grave afrenta a las luchas por la verdad y la justicia emprendidas por las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los últimos 3 lustros. Este Proyecto de Ley impediría jurídicamente que se investigue y determine la verdad sobre los hechos sucedidos, que sean debidamente sancionadas las personas responsables de estas violaciones a los derechos humanos, y finalmente imposibilitaría que se lograra una reparación para todas las víctimas”.
En tal sentido determinó que dicha figura jurídica aprobada por el parlamento constituye una excepción a la obligación del Estado de investigar y sancionar los hechos punibles y una renuncia expresa al ejercicio de su poder punitivo, con una justificación social específica fundada principalmente en razones de convivencia política.
No obstante, la decisión señala que la Ley de Amnistía deviene inadmisible frente a crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de guerra, pues es inaceptable que queden impunes conductas de tal magnitud, que constituyen una seria y real amenaza para la existencia y desarrollo de toda la Humanidad, tal y como lo establece el artículo 29 del Texto Constitucional.
En este sentido, aunque se sostiene que el control que realiza la Sala Constitucional no se basa en el cuestionamiento de los criterios de oportunidad y conveniencia, se reitera la idea de que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público fuera del control jurisdiccional, y la actividad legislativa no es la excepción, ya que la misma no puede desarrollarse al margen del derecho.
Los magistrados afirman que si bien la Constitución confiere al Poder Legislativo la potestad de dictar leyes, y en particular de decretar amnistías, esto no faculta a la mayoría parlamentaria a violentar el espíritu constitucional, de rechazo a la injusticia, que supone consagrar la impunidad para los violadores de derechos fundamentales.
Por ello, el TSJ señala que afirmar que la intervención legislativa deba realizarse en el marco de la Constitución es sostener que la restricción de la defensa de la persona humana debe ser excepcional, como excepcionales son las leyes de amnistía. De manera que, “la amnistía se encuentra en una relación de recíproco condicionamiento con la defensa de la persona humana, por lo que su contenido y límites, deben ser determinados en función también de los otros bienes jurídicos en su defensa”.
La sentencia explica que la Ley de Amnitía, podría constituir un verdadero contrasentido al sistema de garantías que resguarda derechos fundamentales y la obligatoriedad del sometimiento al ordenamiento jurídico, ya que ante la violación de prohibiciones sancionadas penalmente es posible que tales actos sean tolerados y resguardados por el propio ordenamiento jurídico.
En este sentido, destacan que “se beneficiarían de esta ley los investigados, imputados o condenados, bien sean autores, determinadores, cooperadores inmediatos o cómplices, hayan estado o no a derecho por una serie de delitos ordinarios y comunes, varios de ellos con graves efectos sobre el Estado y la sociedad, que en nada conducen o colaboran a una reconciliación nacional sino a una impunidad escandalosa en detrimento de la moral pública, subvirtiendo el orden moral y jurídico del país”.
La Sala Constitucional, a la luz de todos estos elementos, considera: “que a partir de un análisis de la situación planteada y ante la ausencia de una regulación expresa, consciente de su cometido, debe recurrir al propio ordenamiento constitucional y los valores que lo inspiran en busca de la solución correcta para el conflicto que le corresponde resolver; toda vez que la función judicial se degradaría si no se actuara de esta forma, poniéndose en contra del progreso y del desarrollo, y quedando deslegitimada ante los que confían en su buen juicio”.
Reacciones de la MUD tras la decisión del TSJ de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, se pronunció la noche de este lunes sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por el parlamento venezolano el pasado 29 de marzo.
«Zánganos y zánganas de bufete inconstitucional se han enguarimbado por cobardes. Ya no designan ‘ponente’ sino que hacen ‘ponencias conjuntas'», escribió en su cuenta en Twitter, @hramosallup.
En otro mensaje publicado en la red social, señaló que «estaba avisada la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por el bufete inconstitucional tal como lo había ordenado Maduro».
Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la bancada opositora, condenó la noche de este lunes la decisión del TSJ. «La única inconstitucionalidad la cometen unos poderes ciegos, sordos y mudos frente al único poder real: el del pueblo, expresado en la AN», escribió en su cuenta en Twitter, @JulioBorges.
En otro mensaje, expresó que «después de torpedear #LeyDeAmnistia llaman a una Comisión de la verdad, ¡irresponsables frente a la peor crisis de toda nuestra historia!».
El también diputado opositor, Tomás Guanipa, manifestó que es “una gran vergüenza es en lo que se ha convertido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es lo que antes era la antigua Asamblea Nacional, el mecanismo bajo el cual trataban de darle algún marco institucional a las atrocidades que el gobierno cometía, ahora eso lo mudaron, una vez que el pueblo decide darle las dos terceras partes del parlamento a la oposición, le quieren quitar las competencias a la Asamblea Nacional trasladándolas a la Sala Constitucional, la cual está integrada por siete personas que todos tienen una procedencia política en el Psuv, todos han sido militantes o diputados y en definitiva lo que se están es pagando y dando el vuelto”.
Desde el programa Con todo y Penzini, afirmó que la Sala Constitucional se ha convertido “en una especie de sede del Psuv y le están haciendo un grave daño a la democracia y a la libertad”.
Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, se pronunció en este sentido: «La gran mayoría de los venezolanos sentimos vergüenza por el Tribunal. Hoy más que nunca lograr amnistía depende del revocatorio», resaltó en su Twitter, @Hcapriles.
La presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, la diputada Delsa Solórzano, señaló que «la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía ratifica lo inconstitucional del TSJ. No descansaremos». Así lo dijo desde su cuenta en Twitter, @delsasolorzano.
Junto a Lilian Tintori, esposa del dirigente Leopoldo López, el diputado Luis Florido y el abogado Juan Gutiérrez, denunciaron ante el Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, en Suiza, «las condiciones inhumanas de los presos políticos», indicó Tintori en su cuenta en Twitter, @liliantintori.
La exdiputada de la AN y coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, sostuvo en @MariaCorinaYA que la «dictadura en Venezuela declara inconstitucional Ley de Amnistía. Ha quedado claro para dónde van y lo q tenemos q hacer para evitarlo (…) Ley de Amnistía fue un mandato de los venezolanos el 6D. Es nuestra obligación cumplirlo. Eso requiere mucha y decidida presión popular».
Roberto Marrero, secretario de la Asamblea Nacional, preguntó en su cuenta en Twitter @RobertoMarrero: «¿Sabes qué es inconstitucional? Que no tengamos comida (…) Que el estado no garantice la salud de los venezolanos (…) Que la corrupción reine en todos los niveles del gobierno de Maduro».
El coordinador político del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, escribió en su cuenta en Twitter, @carlosvecchio, que la sentencia del TSJ «abre la necesidad de la carta democrática y de la salida constitucional de Maduro (…) Maduro le da una bofetada al mensaje de paz y diálogo del Papa al rechazar la Ley de Amnistía».
Juan Andrés Mejía, diputado de la AN por el estado Miranda, manifestó que la sentencia del TSJ «es todo menos constitucional. Es un panfleto político del PSUV en contra de la reconciliación de todos los venezolanos (…) es una provocación al pueblo que voto masivamente el #6D a favor de la Amnistía».
El Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional en segunda discusión el pasado 29 de marzo.
La decisión fue publicada en el expediente número 16-0343 del TSJ. En el extenso análisis de la Ley, la Sala Constitucional del TSJ cita los artículos cuyo contenido no son de índole político:
Fallo del Tribunal Supremo de Justicia:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/187018-264-11416-2016-16-0343.HTML
