Presidentes latinoamericanos proponen nuevo enfoque en las políticas frente a las drogas en foro de la ONU
Los presidentes de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Juan Manuel Santos; y de Perú, Ollanta Humala, defendieron hoy en Naciones Unidas cambios en la lucha global contra las drogas, que la hagan más transparente e integral.
En la última de las tres jornadas de una sesión especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, Morales consideró que la actual lucha contra el flagelo constituye un pretexto de dominación.
A su juicio, la liberación del fenómeno de los estupefacientes pasa por el fin de la injerencia de Estados Unidos, el principal consumidor de sustancias ilícitas, bajo el pretexto de combatirlo, el cierre de sus bases militares y el cese de su política unilateral de certificación.
Por su parte, Santos advirtió que la humanidad pierde la guerra declarada a las drogas, por lo que urge repensar la manera de enfrentar el problema.
«Es hora de replantear el tratamiento, por eso estamos aquí», afirmó en el foro que desde el martes reúne a presidentes, ministros, diplomáticos, expertos y representantes de la sociedad civil.
De acuerdo con el mandatario colombiano, se trata de adoptar estrategias integrales, centradas en los seres humanos y en golpear los eslabones más fuertes de la cadena de las drogas, no a sus componentes más vulnerables.
«Cómo le explico yo a un humilde campesino colombiano que va a ir a la cárcel por cultivar marihuana, cuando cualquiera en los estados de Colorado y Washington, en Estados Unidos, puede producirla, venderla y consumirla libremente», preguntó.
A su turno en el podio durante la sesión de la Asamblea General, Humala calificó a los estupefacientes de una de las principales amenazas a la seguridad nacional y a la salud, la dignidad y el bienestar de la humanidad.
El presidente peruano reclamó una mayor cooperación global antinarcóticos y respeto para el principio de la responsabilidad común y compartida.
Necesitamos un enfoque integral, equilibrado y sostenible, que priorice tanto el control de la oferta, la reducción de la demanda como el desarrollo, dijo.
La reunión para tratar el problema mundial de las drogas ilícitas dejó el compromiso de los gobiernos con políticas basadas en la prevención, la salud de las personas y la lucha conjunta contra el flagelo, elementos reflejados en una resolución adoptada el martes.
ONU aprueba acuerdo de nuevo enfoque sanitario sobre drogas
Varios países de Latinoamérica exigen ante la ONU que se establezcan acciones reales contra las drogas.
Por primera vez en dos décadas la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrolla una sesión especial sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS por su sigla en inglés), la cual se inició con la aprobación de un acuerdo compartido por países latinoamericanos, para establecer un nuevo enfoque sanitario en materia de estupefacientes.
El encuentro inició el martes, en un contexto en que varios países apuestan por cambios ligados a la despenalización del consumo de estupefacientes y otros se muestran contrarios a la legalización y exigen acciones reales de Estados Unidos para luchar contra este flagelo.
Bolivia pide acciones concretas
El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que EE.UU. creó, con este problema, una excusa para aplicar la lógica imperialista y controlar las fuerzas policiales y armadas de los otros países, a fin de interferir en la administración de los Estados.
Con relación a esto, pidió a los países miembros asumir acciones concretas para liberarse del problema de las drogas como pretexto de dominación.
Debemos «disolver la DEA, cerrar las bases militares norteamericanas, acabar con las certificaciones unilaterales, acabar con el intervencionismo y aprobar una resolución para terminar de una vez con el secreto bancario», dijo.
Cuba pide mayor compromiso
Cuba exigió en la Asamblea General más compromiso político por parte de los Estados y otros actores para aumentar el control sobre la producción y el consumo de las drogas ilícitas.
Durante su intervención, la ministra de Justicia de la mayor de las Antillas, María Esther Reus, ratificó «la voluntad absoluta de su país de trabajar a favor de sociedades libres del flagelo» y señaló que la solución de la producción y tráfico masivo de narcóticos desde el Sur pasa primero por eliminar la demanda mayoritaria del Norte.
Desde la perspectiva de Reus, este foro de tres días de duración −que reúne a presidentes, ministros, expertos y representantes de la sociedad civil de los cinco continentes− genera expectativas e intereses sobre la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en un problema «que lejos de disminuir, se profundiza y recrudece».
México apostó por enfoque que dé oportunidades a consumidores
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, defendió un nuevo enfoque que deje atrás el prohibicionismo y permita una prevención efectiva así como una eficaz regulación.
«Se vislumbra un nuevo enfoque que combata decididamente a los criminales, pero que, en lugar de criminalizar a los consumidores, les dé oportunidades y alternativas», dijo.
Asimismo, señaló que en los años recientes los términos del debate han cambiado y comienza a surgir un consenso en favor de una reforma significativa del régimen internacional sobre las drogas.
Sobre la marihuana destacó «la necesidad de actualizar el marco normativo» para autorizar su uso con fines médicos y científicos y aumentar la cantidad que puede ser considerada para uso personal.
Guatemala insta a centrarse en la reducción de la demanda
En la sesión especial el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, indicó que se debe dar un giro a las políticas sobre drogas para priorizar la reducción de la demanda y no centrarse únicamente en recortar la oferta.
«Las políticas de drogas deben ser consistentes con la declaración universal de derechos humanos y poner a las personas, y no a las sustancias, en el centro», manifestó.
Morales señaló que la guerra contra las drogas no funcionó porque se produjeron «efectos adversos y el progreso se ha limitado».
Costa Rica defendió la eliminación de la pena de muerte
La vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón, resaltó la necesidad de ir más allá y señaló que el documento de conclusiones aprobado al inicio de la reunión excluyó elementos cruciales para un abordaje verdaderamente integral.
«Si realmente queremos reducir las consecuencias adversas es imprescindible tratar temas que no se mencionan en el documento, como la reducción del daño, la proporcionalidad de las penas y la no aplicación de la pena de muerte», expresó.
Panamá sufre incremento de producción de drogas
La canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, advirtió que a diario su país enfrenta «serias amenazas derivadas directamente del narcotráfico, que en los últimos años ha sido el mayor causante de los actos de violencia que imperan en nuestras calles».
Además, aseguró que la nación «está sufriendo las consecuencias del considerable incremento en la producción de droga en países de la región y su traslado desde su punto de origen, hacia los lugares de venta y consumo» a través de su territorio.
Pidió apoyo del continente para responder juntos a este problema.
Argentina llama a atacar cadena de financiación de narcotraficantes
En su intervención, la representación del Gobierno de Argentina llamó a atacar la cadena de financiación de los narcotraficantes porque de lo contrario «no terminaremos nunca nuestra tarea común».
Así lo señaló la canciller de ese país, Susana Malcorra, quien también pidió redoblar el compromiso en la lucha y manifestó que su país «reconoce que existe una problemática».
Otras naciones como China y Rusia se oponen a la legalización de los narcóticos.
En contexto
La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus sigla en inglés) se realiza entre el 19 y el 21 de abril en Nueva York con la política de drogas en el mundo como tema central.
Participan delegaciones y jefes de Estado de los 193 países miembros de la ONU.
El encuentro fue propuesto con urgencia en octubre de 2012 por los presidentes de Colombia, Guatemala y México. Fue respaldado por 95 de los 193 países de la ONU y se decidió adelantar para este año la sesión que estaba programada para 2019.
