Panamá: indígenas exigen reunión con Varela y la ratificación del Convenio 169
Los indígenas no están dispuestos a seguir esperando más para la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
‘No podemos dilatar más el tema de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y el Gobierno no puede seguir hablando de que es un compromiso, debemos ir a la acción y solicitamos hechos concretos…’, señaló Elivardo Membache, directivo de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).
El Convenio, firmado por la OIT en 1989, debe ser ratificado mediante ley, para lo cual el Ejecutivo debe enviar la iniciativa a la Asamblea Nacional, que el próximo viernes concluye sesiones ordinarias.
Los reclamos de la Coonapip surgen un mes después de que el presidente Varela acordara con autoridades comarcales y líderes de las siete etnias indígenas la ratificación del Convenio, que garantiza derecho de los pueblos nativos a la tierra, a la educación, así como el respecto a sus creencias culturales.
La Coonapip, además, se opone a que el tema sea discutido en una consulta ampliada, tal como lo sugirió el titular de Gobierno Milton Henríquez. Incluso, rechaza sentarse en la mesa con el ministro y piden que la negociación sea con una comisión de alto nivel, en la que participe directamente el presidente de la República.
‘Las diferencias surgidas con el ministro Henríquez no son un invento, y (él) se ha convertido en un pésimo interlocutor con los grupos indígenas, tanto es así que las autoridades tradicionales están considerando no asistir a convocatorias que emanen del despacho del Ministro’, señala una resolución aprobada por la Coonapip, este martes.
La semana pasada, el ministro Henríquez sugirió que el tema fuese consultados con diversos sectores.
‘Hay personas que han manifestado opiniones del Convenio 169, si lo debemos ratificar o no, pero este tema no solo se reduce a una discusión entre los pueblos indígenas o entre los pueblos indígenas y el Gobierno’, aseguró el titular de Gobierno.
La medida ha sido rechazada de plano por la Coonapip.
‘Querer llevar este tema a consulta pública es querer crear una inestabilidad innecesaria en la sociedad, buscando confrontar a los grupos indígenas con la sociedad, y no consideramos prudente este planteamiento, sobre un convenio internacional harto conocido que han ratificado 22 países del mundo y en nuestra región solo falta la aprobación de Panamá y El Salvador’, señaló la agrupación.
El 16 de marzo, el presidente Varela, reunido con las autoridades comarcales en Bocas del Toro, se comprometió iniciar el proceso de revisión del Convenio el próximo sábado 30 de abril.
‘Vamos a facilitar una mesa de trabajo que estará encabezada por el ministro de Gobierno. Además, participarán los ministerios de Trabajo, de la Presidencia y la Cancillería para conocer los pro y contra de este convenio y evaluar su funcionamiento en los 22 países que ya lo han ratificado’, dijo el mandatario durante ese encuentro.
La Coonapip insiste en una reunión con Varela para ‘explicar sin intermediarios’ sus planteamientos y mejorar las relaciones entre el Gobierno y las autoridades tradicionales.
Membache dijo que tomarán ‘otras acciones’ en caso de que en el próximo período de sesiones ordinarias, que inicia el 1 de julio, no se ratifique el Convenio 169.
El ministro Henríquez, por su parte, se reunió este martes con autoridades indígenas a las que reiteró la consulta ampliada para la ratificación del Convenio.‘Llevar este tema a consulta pública es crear una inestabilidad que busca enfrentar a los indígenas con la sociedad’
El ministro dijo que recibió instrucciones del presidente Varela para ‘realizar diálogos abiertos no solo con los pueblos indígenas sino con los panameños no indígenas con el fin de escuchar opiniones y las objeciones’, señala un comunicado del Ministerio de Gobierno.
En el encuentro participaron representantes de las comarcas Ngäbe Buglé y Madugandí, así como dirigentes de las tierras colectivas de Emberá, las de Bayano, las del territorio Naso y representantes de la comunidad Bri-Bri.
El Convenio 169 entró en vigor en 1991, pero debe ser ratificado antes que surta efectos en Panamá. Bolivia y Colombia fueron las primeras naciones que acogieron el documento como parte de sus normas en 1991. La República Centroafricana ha sido el último país en suscribirse, en 2010.
OBRAS CIVILES E INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Aprueban consulta y consentimiento previo para proyectos en las comarcas
Los proyectos estatales que se desarrollen en las comarcas o tierras colectivas deberán someterse a consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas donde sean desarrollados.
La medida está contemplada en el proyecto de ley 81, aprobado en tercer debate por Asamblea Nacional, este lunes. ‘Se establece el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos, entendiendo como estos sus tierras, territorios, recursos, modos de vida y cultura’, señala el artículo 1 del proyecto, que fue presentado por la diputada de la comarca Ngäbe Buglé Crescencia Prado.
El documento ya había sido objetado parcialmente por el Ejecutivo en julio de 2015. La Comisión Indígena de la Asamblea Nacional corrigió lo que el Ejecutivo cuestionó y volvió a presentar la propuesta ante el pleno el miércoles 20 de abril.
La norma establece que las consultas se deben realizar ‘a través de un diálogo intercultural en lengua materna y español, que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisiones del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos’.
‘Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deberán ponerla en conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas que serán consultados, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, tomando en cuenta la geografía y el ambiente donde habitan’, señala la norma.
La diputada Prado sostuvo que el proyecto de ley se origina ante la ‘falta de respeto a los pueblos indígenas y las violaciones constantes de las normas que amparan sus derechos colectivos e históricos’.
La norma establece que las autoridades gubernamentales deberán brindar las información a los pueblos indígenas y a sus representantes desde el diseño del proyecto o programa, y con la debida anticipación. También sobre los motivos, implicaciones, impactos y consecuencias.
