Bolivia: discapacitados siguen movilizados y la ONU exhorta al gobierno a dialogar
Crece apoyo a discapacitados, pero el Gobierno busca a otros sectores
La Iglesia católica y varios sectores políticos y sociales abogan por las personas con discapacidad que se encuentran en vigilia en La Paz, exigiendo un bono mensual de 500 bolivianos, mientras que el Gobierno inició conversaciones con dirigentes departamentales de sectores que no participan en la movilización.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) condenó la violencia utilizada el miércoles contra las personas con discapacidad, hecho que calificó como «falta de humanidad», y pidió al Gobierno sostener un diálogo “fraterno” en busca de mejorar la precaria situación en la que viven las personas con discapacidad.
“Toda la ciudadanía boliviana y sociedad en su conjunto siente indignación y vergüenza por estos actos que muy mal hablan de los valores humanos”, dice la CEB, en un comunicado público.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda también pidió diálogo para resolver la demanda de los discapacitados que llegaron hasta la sede de Gobierno, tras un marcha de 35 días, desde Cochabamba.
«Siempre la utilización de la fuerza es censurable de un lado y de otro lado (…), y tal vez las personas con discapacidad no deben permitir que algunos infiltrados realicen actos vandálicos de hecho. Más allá de estas consideraciones es importante que fundamentalmente prospere el diálogo», remarcó, según ABI.
REUNIÓN Varios ministros instalaron este jueves un diálogo con personas con discapacidad que no pertenecen al grupo que realizó la marcha entre Cochabamba y La Paz.
«Los hemos citado en vista del conflicto con otro grupo de personas con discapacidad que demanda un bono de 500 bolivianos (…). Deseo agradecerles a los compañeros por el esfuerzo enorme que han hecho por llegar a la reunión», dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a un grupo de personas con discapacidad que llegó este jueves a La Paz.
Esos dirigentes provienen de los nueve departamentos y llegaron en pocas horas a la reunión convocada por el Gobierno, aparentemente por vía aérea, según la agencia ANF.
La reunión se realizó en instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR) y se encontraban, junto a Quintana, los ministros de Economía, Luis Arce; de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos; de Trabajo, Gonzalo Trigoso; de Salud, Ariana Campero; el viceministro de Vivienda, Bony Morales; y el viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre.
RECHAZO La dirigencia del sector que se encuentra movilizado no ha aceptado reunirse con el Gobierno debido a que las autoridades se niegan a dialogar sobre su propuesta principal, que es la entrega del bono, que equivale a 6.000 bolivianos al año. El Ejecutivo ha señalado que el pago de ese monto es insostenible para el Estado y que el actual bono anual de 1.000 bolivianos no será modificado.
Quintana dijo que envió una invitación a los delegados de la caravana para entablar un diálogo y que recibió una negativa. «Este es un espacio de diálogo, vamos a escuchar el tiempo que sea necesario las peticiones y las necesidades del sector», sostuvo.
Por su parte, los dirigentes movilizados desconocieron la representatividad de quienes entablaron la reunión con los ministros. «Estas personas que se reúnen con el Gobierno no son otra cosa que servidores públicos de diversas entidades del Estado. Esta no es la primera vez que proceden de esta manera. Lo que buscan es confundir a la población», sostuvo Alex Vázquez.
Millones de bolivianos
Actualmente, la Renta Solidaria, de 1.000 bolivianos por año, se paga a 22.112 personas con discapacidad grave y muy grave. La demanda es que se pague a 61.447 personas registradas con todo tipo de discapacidad, lo que costaría al Estado incrementar la asignación de recursos de Bs 22 millones a Bs 368 millones anuales, según el ministro de Economía, Luis Arce.
Estudiante cuestiona a García Linera
“Pregúntenme lo que quieran, lo que sea”, ofrecía el vicepresidente Álvaro García Linera al inicio de un conversatorio con estudiantes próximos a salir bachilleres, quienes fueron invitados ayer a la Vicepresidencia. En el evento, Jacqueline, una colegial cuyo familiar sufre retraso mental, cuestionó al Gobierno por la negativa a pagar el bono de 500 bolivianos.
¿Por qué me preguntas? replicó el Mandatario. “Tengo una hermanita que tiene discapacidad, tiene retraso mental y a lo que veo y he vivido, ellos no pueden trabajar. En sí, yo pienso que usted o el Gobierno deberían dar un bono mensual a diferentes tipos de discapacidad, porque no consiguen fácil trabajo y a medida que van creciendo, necesitan distintos tratamientos”, justificó la muchacha.
García respondió que en el país hay entre 80 mil a 100 mil personas con algún grado de discapacidad y que atender la demanda equivaldría a financiar unos 400 millones de bolivianos, que el Estado no dispone, porque tiene cada vez menos ingresos por las exportaciones.
Paco ve intereses políticos detrás de la movilización
La ministra de Comunicación, Marianela Paco, denunció ayer que, detrás de la movilización de las personas con discapacidad que piden un bono mensual de 500 bolivianos, existen móviles políticos e identificó a políticos de derecha de quienes dijo buscan la generación de conflicto y la violencia.
«Todo este procedimiento se enmarca en un modelo de generar conflicto aparente por la derecha. Hemos identificado que la táctica es de intentar desgastar, la desinformación. Hay un financiamiento camuflado, hay operadores políticos y ahí vamos a ver saliendo a Doria Medina, Berzaín, al exdiputado Jaime Navarro opinando, la mayoría de la oposición (…) y ahora aparecen como sus portavoces», dijo en conferencia de prensa, según ABI.
La autoridad mencionó, por ejemplo, a Samuel Doria Medina, líder de la opositora Unidad Nacional (UN), quien salió a pedir la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, por la gasificación a los discapacitados.
Señaló que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, al igual que la principal autoridad del municipio de El Alto, Soledad Chapetón, además de funcionarios de ambas entidades recibieron a los movilizados y les brindaron carpas y otros elementos para su permanencia en la ciudad.
«Y vamos a ver que no es la primera vez que tienen este financiamiento, sostenimiento a esta movilización camuflada sino que pasó en 2011», indicó.
En contrapartida, destacó el desprendimiento del presidente Evo Morales quien instruyó en 2008 que el financiamiento para los partidos políticos se destine a programas y proyectos en beneficio de las personas con discapacidad.
La ONU pide diálogo y dejar la violencia
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó su preocupación por la situación que afrontan las personas con discapacidad, que se encuentran en vigilia en La Paz, tras 35 días de marcha desde Cochabamba.
«La Oficina exhorta al Gobierno nacional como a las organizaciones representativas de personas con discapacidad a entablar el diálogo que permita llegar a acuerdos y soluciones integrales en todos los ámbitos, salud, educación, trabajo y justicia», indica en un comunicado.
En el documento se «insta a todas y todos los actores involucrados de abstenerse del uso de la violencia y a las autoridades policiales precautelar la integridad física de las personas con discapacidad movilizadas en el marco de su derecho a reunión y manifestación pacífica».
El miércoles, la Policía reprimió la marcha de los discapacitados que intentaban ingresar, por la fuerza, a la plaza Murillo, centro político del país.
