La Cámara de Diputados aprueba el decreto de Macri que modifica la Ley de Medios
Ratificaron DNU que modifica Ley de Medios y crea el Enacom
La Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el órgano que reemplazará a las disueltas Afsca y Aftic en la aplicación de la Ley de Medios y de Argentina Digital.
Los diputados aprobaron el decreto a mano alzada, de modo que no se contabilizó quiénes votaron afirmativamente, en contra ni quiénes se abstuvieron: de acuerdo con los argumentos expresados, el DNU fue rechazado por el Frente para la Victoria-PJ y referentes del socialismo y de Libres del Sur, entre otras bancadas opositoras.
El Frente para la Victoria solicitó minutos después, cuando ya se trataba el siguiente tema del orden del día, que se reconsiderara la votación para que fuera nominal, pero el pedido no fue tenido en cuenta.
La aprobación del decreto de creación del Enacom supone la confirmación de la entrada en vigencia de este organismo, para el cual Macri designó como responsable a Miguel de Godoy, en el marco de la modificación por decreto de los principales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Argentina Digital, ambas impulsadas durante el gobierno de Cristina de Kirchner.
De acuerdo con el decreto aprobado, el 267, publicado el 29 de diciembre pasado, el Enacom -que controlará las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones- será un ente «autárquico y descentralizado», aunque funcionará «en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones», a cargo de Oscar Aguad.
La resolución, además, establece la creación de una «Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación» de la Ley de Medios y de Argentina Digital.
El diputado macrista Pablo Tonelli señaló que «no era conveniente sostener la politización de la conducción de la Afsca y de la Aftic, que iba en contra de la recomendación de la Corte Suprema cuando falló en contra del grupo Clarín» en la causa por la constitucionalidad de la Ley de Medios.
Al respecto, señaló: «La Afsca estaba conducida por un notorio militante político (Martín Sabbatella), que tenía una consecuente falta de idoneidad e independencia. Además, una auditoría determinó que 120 empleados de la Afsca aportaban parte de sus sueldos al partido Nuevo Encuentro».
Tonelli dijo además que durante la gestión de Sabbatella «no se cumplió con la asignación del 33 por ciento de espectro a los medios comunitarios» y que «se adjudicaron bandas de frecuencia sin coordinación con la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)».
«Sólo se adjudicaron 5 frecuencias de FM. Se hicieron 42 concursos desérticos y se declararon 13 canales de televisión digital abierta», aseveró el legislador del PRO.
En cambio, el kirchnerista Marcos Cleri sostuvo que «este decreto pretende construir un discurso único que viole la libertad de expresión» y que «se avasalla al Congreso Nacional, no sólo porque no se lo citó, sino porque los directores propuestos fueron removidos», en alusión a Sabbatella y al exjefe de la Aftic, Norberto Berner.
Por su parte, el radical Luis Petri afirmó que «este decreto cumple con los requisitos formales y sustanciales» y que no se trató la creación por ley de la Enacom porque «el Congreso estaba en receso y estaba asumiendo un gobierno».
«Había necesidad y urgencia de dictar un marco regulatorio transitoriamente. Pareciera ser que la Ley de Medios tiene una categoría supralegal, que se necesitaran mayorías calificadas.
Si tanto les importaba, deberían haber modificado la Constitución», lanzó Petri, en alusión al kirchnerismo.
El legislador de la UCR señaló que «hay que dar la discusión política de esta ley», pero pidió «que el kirchnerismo rinda cuenta de la democratización de voces en la Argentina».
«Lo que en definitiva buscaban era desguazar un grupo de medios cuando quería democratizar la justicia en realidad la querían coptar. La Ley de Medios cumplió el fin ideológico de disciplinar a los medios que osaran pensar diferente al Gobierno anterior», dijo el diputado por Mendoza.
A su turno, el massista Raúl Pérez, integrante de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, por donde obligatoriamente pasan los DNU, confirmó su voto a favor en el recinto, aunque reclamó la discusión de una nueva Ley de Medios.
«Lo que nosotros necesitamos y además no estamos discutiendo hoy es que el oficialismo cumpla lo que el decreto dice: la constitución de una comisión redactora y bicameral en la sanción de una nueva ley de telecomunicaciones, de medios y de incorporación de tecnología», dijo el diputado del interbloque federal Unidos por una Nueva Argentina (UNA).
El Enacom tendrá «todas las competencias y funciones» que tanto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como la de Argentina Digital «asignan, respectivamente, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Tecnologías (Aftic)», establece el decreto.
• Sesión sin kirchneristas
El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ se retiró del recinto en el marco de una sesión especial, al cuestionar la votación de un proyecto de declaración al que, según señaló, no tuvo acceso y luego de que le rechazaran un pedido de reconsideración para que la votación del DNU de creación del Enacom fuera nominal.
Ya sin los diputados kirchneristas en el recinto, la Cámara baja aprobó también el decreto 13 del año pasado, mediante el cual se modifica la Ley de Ministerios -ley 22.520- y el 223 de este año, por el que se cambia el nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por el de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
También se aprobó una «expresión de la más rotunda condena a la oleada de atentados terroristas que se han producido en Bruselas, Bélgica, y en diversas ciudades de Medio Oriente perpetrados por seguidores del autoproclamado Estado Islámico».
Asimismo, se aprobaron los decretos de facultades delegadas relacionadas con impuestos 276 -régimen especial para el biodiésel-, 275 -empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada- y 355 -champán-.
• Nuevos auditores
El radical Jesús Rodríguez, el massista Gabriel Mihura Estrada y el camporista Juan Ignacio Forlón juraron como auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) por la Cámara de Diputados, en la misma sesión en que se aprobaron sus designaciones.
La AGN funciona con un presidente (por ley debe pertenecer a la oposición del Gobierno y en este caso es el peronista Ricardo Echegaray), tres auditores por el Senado (el radical Alejandro Nieva y los peronistas Javier Fernández y Vilma Castillo) y tres, por la Cámara de Diputados, designaciones que estaban pendientes.
Antes de nombrar y hacer jurar a Rodríguez, Mihura Estrada y Forlón, la Cámara aprobó una resolución para dejar caer las designaciones de Forlón y de Julián Álvarez, también de La Cámpora, y sus respectivas juras realizadas el 4 de noviembre del año pasado.
Estos nombramientos habían sido cuestionados judicialmente por la oposición al gobierno de Cristina de Kirchner, por considerar que se pretendía designarlos «de manera extemporánea», es decir antes de que vencieran los mandatos de ocho años de los auditores peronistas Vicente Brusca y Oscar Lamberto, y del recambio parlamentario del 10 de diciembre.
La bancada kirchnerista insistió este miércoles con la propuesta de Forlón, recordando que a su criterio le correspondería legalmente proponer a dos representantes, por considerar que es la primera minoría de la Cámara, al contar con 79 de las 257 bancas.
El oficialismo, en cambio, interpreta que el interbloque Cambiemos (conformado por los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI), al contar con 82 diputados, es la primera minoría de la Cámara baja.
El massismo, en tanto, cuenta con 23 diputados si se lo considerara como bloque y 36, como interbloque.
Con la jura de Mihura Estrada, el massismo consiguió este miércoles un lugar en la AGN, un organismo de control administrativo y financiero del Estado que depende del Congreso.
Mihura Estrada fue jefe de Gabinete de Asesores de la gestión de Sergio Massa como jefe Gabinete del Gobierno de Cristina de Kirchner (de 2007 a 2009) y se desempeñó como gerente de Asuntos Jurídicos, cuando el tigrense era director de la Anses.
Rodríguez, en tanto, fue el último ministro de Economía de la Presidencia de Raúl Alfonsín durante unos meses y se desempeñó como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires durante los períodos 1983-1987, 1987-1991, 1993-1997 y 1999-
2003.
Forlón, por su parte, se desempeñó como presidente del Banco Nación durante la presidencia de Cristina de Kirchner.
A dar explicaciones en la OEA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará este 8 de abril en Washington una audiencia para tratar las afectaciones al derecho a la comunicación en la Argentina y la vulneración de los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos como consecuencia de las modificaciones a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y Argentina Digital decretadas por Mauricio Macri a menos de 30 días de haber asumido su gobierno.
La audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de diversos sectores en nombre de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), entidad que desde hace 12 años promueve un sistema plural y diverso de medios de comunicación.
El encuentro ha sido convocado por el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo el título “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina”, luego de presentaciones realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Universidades Nacionales de Lanús (UNLa) y de las Artes (UNA), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom). También participan la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (Rrulac), la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas (Aruna), el Sistema Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), Músicos Autoconvocados, la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (Arbia) y la Cooperativa Eléctrica de La Pampa.
Entre otros puntos, se cuestiona la derogación de los límites a la transferencia de licencias, sus prórrogas automáticas y la tolerancia a la concentración, así como la derogación de las obligaciones que la LSCA imponía a las televisoras de cable respecto de señales locales y grilla de programación, lo cual afectan directamente a la pluralidad de voces. En el plano institucional, el decreto 267/15 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en reemplazo de las Autoridades Federales Afsca y Aftic, eliminó garantías básicas para su autonomía o independencia, tanto del Poder Ejecutivo como del económico. El Enacom comenzó a funcionar con directores exclusivamente nombrados por el Gobierno, sin representatividad y pluralidad, removibles sin justificación alguna y disolviendo la representación de las provincias, de los diversos sectores académicos, de los medios comunitarios y los trabajadores, entre otros.
Se advierte que no hay fundamentos explícitos que justifiquen un estado de necesidad y urgencia para el dictado de dicho decreto y la CCD alerta también sobre el peligro de pérdida de hasta 50.000 puestos de trabajo debido a fusiones empresariales y al cierre de pequeñas productoras de servicios audiovisuales y su consecuente encarecimiento de tarifas y abonos.
Durante enero y febrero, la CCD articuló y apoyó manifestaciones públicas reclamando la plena vigencia de la LSCA, una norma que recibió el mayor respaldo social y parlamentario y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema en 2013. Distintos referentes de las políticas de comunicación a nivel supranacional y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a nivel nacional también manifestaron su preocupación ante las medidas inconsultas del Gobierno Argentino.
La Coalición también puso en debate y aprobó los nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación, como actualización de sus principios de políticas públicas de comunicación (se puede adherir a ellos en http://www.coalicion.org.ar) durante un nutrido Congreso Nacional realizado el pasado 3 de marzo, con más de 500 representantes de 16 provincias y diversas organizaciones.
Mientras tanto, en el Congreso Nacional está pendiente el tratamiento de la aprobación o el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. El Estado, además enfrenta diversas acciones judiciales en trámite por vulneración de derechos y extralimitación de sus competencias en esta materia.
El viernes 8 a las 10 (hora argentina) la audiencia será seguida en vivo en eventos convocados por los nodos regionales de la CCD en diferentes puntos del país. El acceso público para conectarse a la transmisión web es http://original.livestream.com/OASSpanish.
* La CCD representa a un conjunto de organizaciones populares, de DDHH, medios comunitarios, cooperativos y pymes, sindicatos, universidades y pueblos originarios que en 2004 consensuaron 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática que servirían de base para el debate de la LSCA aprobada en 2009.
