Hoy se cumplía el plazo para la firma de la paz pero Gobierno y Farc aún liman diferencias
Las ‘puntadas’ finales para el acuerdo de paz con las Farc
Durante seis meses el país esperó la llegada del 23 de marzo, por ser la fecha señalada para la firma del acuerdo que le ponga fin al conflicto armado interno con la guerrilla de las Farc. Pero ya está prácticamente descartada la posibilidad de que ese acuerdo se firme o, al menos, de que se anuncie algún avance en la negociación, según fuentes del alto Gobierno.
Incluso, las últimas semanas habrían sido de las más difíciles en tres años de negociación. Al finalizar esta, sin embargo, hay señales de que las conversaciones pueden volver a su curso después de la mediación de Enrique, hermano del presidente Juan Manuel Santos.
Aunque el resultado de ese trabajo sigue en la confidencialidad, se sabe que el Gobierno destaca que en esta ocasión el viaje haya sido pedido directamente por el jefe de la contraparte, ‘Timochenko’. Lo que es considerado como muestra de que las Farc realmente quieren encontrar soluciones que permitan el acuerdo de paz definitivo.
También se ha conocido que Enrique Santos regresó de La Habana el miércoles y que trajo un documento para el Jefe de Estado con consideraciones de las Farc sobre la implementación, refrendación y verificación del acuerdo, punto entrabado.
Al respecto, el Presidente ha dicho creer que en su mayoría (80 %) el documento se puede incorporar.
Sobre los detalles del desacuerdo solo hay especulaciones, aunque en sus comunicados la guerrilla sí ha dicho que no se sienten reflejadas sus peticiones para esta parte de la negociación. Lo que parece haber agravado más la crisis no son las diferencias en sí, sino el momento en que se presentaron.
En frase de un integrante del Gobierno cercano a la mesa de conversaciones: “Lo más importante para el acuerdo ya lo superamos en los puntos previos, pero este es el instante más difícil porque estamos muy cerca del final; en este momento ambas partes se ponen nerviosas y cada circunstancia nueva, la magnifican”.
De parte de las Farc, la angustia más evidente tiene que ver con la seguridad personal de los desmovilizados. En la Mesa han dicho que ven crecer en Colombia un nuevo fenómeno paramilitar y aunque el Gobierno niega esa versión, la cadena de asesinatos de reclamantes de tierras o de defensores de derechos humanos parece legitimar esa preocupación.
Angustia que ha sido expresada por otras voces, como la de la Unión Europea que sigue de cerca el proceso con el Enviado Especial, Eamon Gilmore. El miércoles esa entidad emitió una alerta pública: “La delegación de la Unión Europea y las Embajadas de los Estados miembros en Colombia expresan su preocupación por el reciente asesinato de varios líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, condenando todas las muertes violentas (…) ocurridas en los últimos días”.
La mayor fuente de preocupación del Gobierno tiene que ver con la forma y el tiempo en que las Farc entregarán las armas y se reintegrarán a la vida civil. Fuentes consultadas –que agregan que aún no se han definido las zonas de concentración de los guerrilleros, su número, su extensión ni su ubicación— dicen que las Farc “quisieran entrar con las armas y conservarlas dos años o más, eso es inaceptable”.
Nadie en el Gobierno se arriesga a decir cuánto será el tiempo entre el momento en que los guerrilleros se concentren y cuándo efectivamente entreguen las armas, con el mecanismo y a qué actor que se decida en la Mesa. Se sabe, sí, que Santos ha contemplado la idea de que la entrega se haga en porcentajes previamente acordados, pero en un tiempo corto.
También se ha escuchado que el esquema de vigilancia en esas zonas, que no estarán en cascos urbanos, será con anillos de seguridad de las Fuerzas Militares y con policial en el interior.
Otros aspectos del funcionamiento de las zonas de concentración son menos graves en apariencia, pero también complicadas de aplicar. Por ejemplo, la posición de las Farc de que los sigan considerando como cuerpos grupales sin que los individualicen. Esa pretensión, de aceptarse, haría imposible labores fundamentales como la cedulación, la reintegración laboral o el sometimiento a la justicia transicional.
Más pública ha sido la dificultad para avanzar en la discusión sobre quién nombrará a los jueces que harán parte de la Jurisdicción Especial de Paz. El presidente Santos, dicen, cree que ese punto podrá ser superado con un acuerdo para tener un 80 % de jueces nacionales y un 20 % de jueces extranjeros. Y que su escogencia quede a cargo de las dos partes en diálogo y de “un tercero con credibilidad”, que a su parecer podrían ser el papa Francisco, el Secretario General de la ONU o un delegado de la Unión Europea.
Pese a este cuadro de dificultades por superar, persiste la confianza en que el acuerdo definitivo está cerca, porque los integrantes de la Mesa de La Habana completan ya siete días trabajando en jornadas intensas de nueve de la mañana a nueve de la noche y porque, en últimas, el proceso ha demostrado que por más difíciles que parezcan las controversias, al final se han encontrado puntos de acuerdo.
La desmovilización
-Este es otro aspecto que demoraría las conversaciones. La prioridad para el Gobierno Nacional es que no sucede lo que en otros casos, es decir, que aparezcan ‘colados’ a beneficiarse del proceso.
-Ese acuerdo tampoco será fácil, porque el Estado calcula en no más de 8000 los guerrilleros en armas, pero esa cifra podría duplicarse o más cuando las Farc decidan si incluyen o no en ese listado a quienes forman las llamadas ‘milicias de apoyo’ que actúan e las ciudades.
Cuidado con los protocolos
Frente al tiempo que se deben tomar las partes para lograr la firma del acuerdo final, la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, resaltó que lo más importante es definir unos protocolos muy claros para cumplir los compromisos adquiridos.
“Es indeseable no cumplir la fecha del 23 de marzo, pero tienen razón que por cumplir la fecha se van a dejar cabos sueltos. Se deben tener unos protocolos claros. Prefiero se demoren unas semanas más pero que cuando salga no sólo esté el contenido de los acuerdos sino estén claros los protocolos y reglas con los cuales se va a empezar la implementación”, explicó la senadora.
Para López lo que pasó en Conejo, Fonseca, La Guajira, en donde la guerrilla se sobrepasó en su acción pedagógica con las tropas, fue porque no se tenía claro qué podían hacer. “Quedan cosas como tácitas, como pasó en la pedagogía, sino se hizo así en una cosa chiquita, ahora por correr para cumplir la fecha y si no hay protocolos, sería un desastre”.
Frente al tiempo, López considera que este último paso de la negociación no podrá ir más allá de junio, “este proceso aguantaría dificílmente más allá del primer semestre del año”.
