Honduras: familiares de Berta Cáceres responsabilizan al Estado y a las transnacionales por su asesinato
Comunicado de las hijas y hijo y madre de Berta Caceres
En presencia del lecho de nuestra Bertha, nuestra mamá, nuestra hija, nuestra guía.
Sus hijas Olivia, Bertha y Laura, su hijo Salvador, su madre Austra Bertha acompañados de nuestros familiares y amigas y amigos, queremos hacer de conocimiento público nuestros pensamientos en este momento de profunda consternación.
Nuestra Bertha es la mayor de nuestras inspiraciones, por ello sentimos la necesidad de hacer escuchar la verdad acerca de su vida y de su lucha.
Acerca de estas circunstancias queremos primero agradecer a toda la solidaridad nacional e internacional que nos acompaña.
Agradecemos el apoyo de su pueblo Lenca, al cual dedicó las mayores de sus resistencias. Al pueblo garìfuna con quien se hermanaron las luchas y las utopías. A todas las organizaciones y movimientos sociales de Honduras, América Latina y el mundo que han hecho nuestro dolor suyo. Agradecemos todas las inmensas muestras de cariño y condolencia que el pueblo hondureño ha ofrecido, que dan muestra que su lucha es la lucha digna de los pueblos y la que el mundo necesita.
No se puede distorsionar la verdad acerca del crimen que terminó con su vida. Sabemos con certera claridad que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia y lucha en contra de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo Lenca. Su asesinato es un intento de acabar con la lucha del pueblo lenca en contra de toda forma de explotación y despojo. Un intento por cortar la construcción de un nuevo mundo.
Las circunstancias de su muerte se dan en medio de la lucha en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque por parte del pueblo Lenca. Pedimos que se esclarezcan las responsabilidades de la Empresa DESA que desarrolla el proyecto. Responsabilizamos a la empresa DESA, así mismo a los organismos financieros internacionales que respaldan el proyecto,Banco Holandes FMO, Finn Fund, BCIE, Ficohsa, y las empresas comprometidas CASTOR, Grupo empresarial ATALA, de la persecución, la criminalización, la estigamatización, las constantes amenazas de muerte en contra de su persona y de la nuestra y al COPINH.
Responsabilizamos al Estado hondureño de haber obstaculizado en gran medida la protección de nuestra Bertha, y haber propiciado la persecución, criminalización y asesinato. Al haber optado por proteger los intereses de la empresa por encima de las decisiones y mandatos de las comunidades.
¿cómo es posible que las instituciones de la policía, el ejército, el ministerio de seguridad que protegen los intereses y las instalaciones de la empresa DESA sean supuestamente los mismos que pretendían garantizar la protección y seguridad a nuestra Bertha?
¿cómo es posible que la policía, el ejército y el Estado hondureño que debían proteger su integridad, sean los mismos que la amenazaron de muerte, hostigaron y persiguieron?
Los responsables de su asesinato son los grupos empresariales en contubernio con el gobierno nacional, los gobiernos municipales y las instituciones represoras del Estado, que están detrás de los proyectos extractivos que se desarrollan en la región. Los financiadores de estos proyectos extractivistas de muerte también son responsables de la muerte de nuestra Bertha y de tantas personas que luchan en contra de la explotación de los territorios, puesto que con su dinero hacen posible la imposición de los intereses económicos por sobre los derechos ancestrales de los pueblos.
No vamos a permitir que su imagen se convierta en un logo vacío, a nuestra Bertha se le reivindica en la lucha permanente y enérgica por la defensa de la vida, los territorios y en contra de este sistema de explotación y saqueo.
Exigimos que se configure una comisión internacional imparcial para la investigación de este crimen, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales de Derechos Humanos y los estamentos gubernamentales pertinentes, puesto la demostrada falta de objetividad por las investigaciones que se han iniciado en el país.
Queremos que se respete la integridad de su figura de resistencia. Ella es una eterna luchadora en contra del racismo, del patriarcado y el sistema capitalista opresor y asesino. Su lucha está atravesada por un fuerte antiimperialismo, corroborado constantemente en sus prácticas internacionales y su total rechazo al golpe de Estado financiado y apoyado por los Estados Unidos, que fue el inicio de la entrega del territorio nacional a las empresas transnacionales en detrimento de los derechos del pueblo Lenca y de la población hondureña.
Exigimos de manera inmediata y definitiva que se cancele la concesión de DESA sobre el Río Gualcarque y que corra libre el río Gualcarque.
Si el gobierno realmente quiere hacer justicia exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras, de represas, de bosques y todos aquellos proyectos que atentan contra la soberanía nacional.
Demandamos el respeto y garantías a la integridad física, jurídica y emocional de nuestra familia, de las comunidades, en especial de Río Blanco y de todas las personas organizadas dentro del COPINH.
Su lucha no era solo por el medio ambiente sino por el cambio de sistema, en contra del capitalismo, del racismo y el patriarcado.
No solo asesinaron a nuestra madre, asesinaron a la madre de todo un pueblo.
hacemos un llamamiento para que se arrecie la movilización, la denuncia y las muestras de solidaridad exigiendo una verdadera justicia.
“Despertemos, despertemos humanidad!, ya no hay tiempo nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción, basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”
Bertha Vive!!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 5 días del mes de marzo del 2016.
La CIDH otorga medidas cautelares a familiares de Berta Cáceres
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los familiares de la líder de la etnia Lenca, Berta Cáceres.
La protección se extiende a los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y al ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Con el beneficio a favor de las personas cercanas a Cáceres el Estado debe cumplir las siguientes disposiciones:
Garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de Copinh, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo Castro.
En el caso del testigo “tomar todas las medidas necesarias para asegurar su seguridad durante todo el proceso para preparar y completar su salida”.
Adoptar las medidas necesarias para que los miembros de Copinh puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos.
Informe sobre acciones de investigación de los hechos.
Las organizaciones afines a la lucha de la líder indígena exigieron este domingo se cumplan las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
La ambientalista fue asesinada el pasado 3 de marzo, cuando un hombre forzó e ingresó a la vivienda para atacarla a balazos.
A tres días de su muerte el Estado de Honduras solicitó el apoyo del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar la muerte.
Impide la policía de Honduras la salida de mexicano del país
El sociólogo y ambientalista Gustavo Castro Soto fue interceptado por autoridades de Honduras en el aeropuerto de Tegucigalpa, cuando estaba por abordar el avión que lo conduciría a México después de haber sido víctima de un ataque en el que fue asesinada la luchadora indígena Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). «Forzarlo a seguir dando declaraciones y a permanecer en Honduras es violentarlo más y ponerlo en peligro», advierte Libertad Díaz Vera, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, de la que Gustavo es coordinador.
Castro Soto, de 51 años de edad, iba acompañado de Dolores Jiménez Hernández, embajadora de México en Honduras, y del cónsul Pedro Barragán, quienes tuvieron que forcejear con las autoridades hondureñas para arrebatarles al connacional e introducirlo al vehículo diplomático, y se dirigieron de inmediato a la embajada, donde permanece en estos momentos.
«Iba a salir de Tegucigalpa desde el sábado, pero anoche hablamos a la embajada y nos dijeron que estaban esperando una notificación de la fiscalía. Se quedaron esperando, pero el documento nunca llegó, por lo que decidieron salir esta mañana hacia el aeropuerto», donde «lo interceptaron policías y agentes ministeriales; le dijeron que había una alerta de migración y trataron de llevárselo», advierte su compañera de trabajo.
Gustavo Castro, profesionista originario de Tampico, Tamaulipas, fundó en 2007 la organización Otros Mundos Chiapas, asociación sin fines de lucro con base en San Cristóbal de Las Casas, dedicada al análisis de impacto de megaproyectos, especialmente mineros e hidroeléctricos. Es parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, y a escala nacional del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).
La madrugada del jueves 3 de marzo dos sujetos entraron al domicilio de Berta Cáceres, defensora del territorio lenca, premio Goldman 2015, y la acribillaron a balazos. Posteriormente, relata Libertad Díaz, ingresaron al cuarto donde dormía Castro y le dieron dos tiros. Uno le lastimó una mano y otro le rozó el oído. Él se tiró al suelo, los sicarios lo dieron por muerto y salieron huyendo.
«En estos momentos», señala Díaz, «el estado de salud de Gustavo es estable; tuvo heridas leves, pero le hacen falta cuidados. Después del atentado las autoridades lo detuvieron en calidad de testigo protegido, pero ya es momento de que regrese. Ya no tiene nada que hacer en Honduras. Ya cumplió con todas las peticiones que le hizo la fiscalía y todas las dependencias que lo han solicitado. Participó también en la reconstrucción de los hechos en la casa de Berta y ha colaborado en todo, en la medida en que se lo ha permitido su estado físico y sicológico».
La exigencia que promueven las organizaciones de las que forma parte es que si Castro tiene que volver a dar declaraciones lo haga desde la embajada de México, «pues no hay condiciones de seguridad para que salga de la representación diplomática». No se trata, aclara Díaz Vera, de que no colabore en la investigación; «al contrario, pues desde las organizaciones se exige que la indagatoria del asesinato de Berta y el atentado de Gustavo sea lo más clara posible y que colabore con la justicia, pero él tiene que tener las suficientes medidas de seguridad».
Después de cuatro días de rendir declaraciones, Castro no tiene copia ni documento alguno que avale su participación en el proceso. «Eso también nos preocupa», advierte la entrevistada.
Castro Soto ha participado en diversas organizaciones en defensa del territorio. Como parte de un esfuerzo de vinculación con movimientos de la región, mientras estaba en Ciepac conoció a Berta Cáceres y al Copinh, por lo que viajó decenas de veces a ese país para conocer de cerca y acompañar la lucha de la organización.
En estos días, en coordinación con el Copinh, ofrecía talleres sobre extractivismo y modelos energéticos en comunidades indígenas. Esa es la razón por la que pernoctaba esa noche en el domicilio de Berta Cáceres.
Después de cuatro días sin dormir, sus compañeros explican que Gustavo, además de estar sumamente cansado, «está muy preocupado por su seguridad». Ha colaborado en todo, «pues es muy importante que se dé con la verdad y hacer justicia a Berta».
Finalmente, Libertad Díaz insiste en que Gustavo es una víctima y no ha sido tratado como tal, «lo cual es grave, pues él también fue baleado, no sólo es testigo y mucho menos presunto implicado».
Por lo pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para los miembros de Copinh y se ha pronunciado por la salida de Castro Soto del Honduras, con el fin de resguardar su integridad física y sicológica.
Honduras: Gobierno aclara la razón que impidió salida del mexicano Gustavo Castro
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, en relación a la situación de permanencia en el país del ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, a la comunidad nacional e internacional comunica:
A las 8:30 de la noche del sábado 5 de marzo de 2016, el Juzgado Primero de Letras de Intibucá emitió una medida de permanencia en el país, para efectos de brindar declaración ante las autoridades competentes.
La Embajada de México en Honduras, fue informada de esta medida a las 9:19 p.m. horas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, para hacer del conocimiento al ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto.
El Instituto Nacional de Migración de Honduras, registró en su sistema a las 10:59 p.m. horas del sábado 5 de marzo, la medida de permanencia en el país al señor Gustavo Castro Soto, por lo que la misma fue establecida por los agentes migratorios en la mañana del domingo 6 de marzo cuando el ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, iniciaría el retorno a su país de origen por el Aeropuerto Internacional de Toncontín, quien alrededor de las 5:00 a.m. horas, fue notificado oficialmente sobre los alcances de la medida de permanencia por el Ministerio Público, en presencia de la Embajadora y el Cónsul General de México.
Honduras pide apoyo de la ONU en caso de Berta Cáceres
El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, acompañar la investigación sobre el crimen de la dirigente indígena Berta Cáceres, asesinada el pasado jueves, informó hoy una fuente oficial.
Según un comunicado de la Casa Presidencial, Hernández hizo la petición en una fecha no precisada en una carta enviada al alto funcionario de la ONU.
“En el espíritu de cooperación, colaboración y transparencia hacia los órganos de Protección de los Derechos Humanos y la sociedad hondureña en general, solicitamos a su excelencia el pronto acompañamiento de su oficina al proceso de seguimiento e investigación del caso de la muerte de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres“, señala la misiva.
Cáceres, líder de la etnia lenca, fue asesinada en su casa en la ciudad occidental de La Esperanza, al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, según la información preliminar que ha trascendido.
El mismo día del crimen, el gobernante afirmó que el asesinato de Cáceres, de 44 años y madre de cuatro hijos, era “un ataque directo al Estado de Honduras” y destacó la lucha por los derechos humanos y el medioambiente que la dirigente indígena realizaba desde hace años en el occidente del país.
Señaló que ordenó ese mismo día que se haga una investigación con celeridad y que especialistas en investigación trabajen para esclarecer la muerte violenta de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cuyos restos fueron enterrados este sábado.
“Creo firmemente que el acompañamiento de la oficina a su digno cargo contribuirá a los esfuerzos nacionales que ya el Estado de Honduras ha impulsado de manera pronta y oportuna a través de las instituciones que por ley están llamadas a investigar, judicializar y asegurar la sanción a los responsables de este hecho”, enfatiza el gobernante en la carta enviada al alto funcionario de la ONU.
Destaca además que el Estado hondureño ha dado muestras del “compromiso en materia de derechos humanos” y prueba de ello es que en los últimos años “ha asumido con seriedad y prioridad el impulso y cumplimiento de la Política y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos”.
Honduras también “ha reconocido y abierto las puertas a los mecanismos de monitoreo de la situación de derechos humanos en el país, tanto a nivel interamericano como universal”, añade.
Como muestra de ello, el Hobierno de Honduras presentó el Examen Periódico Universal (EPU) en 2015 y adoptó “las recomendaciones de este proceso, particularmente en aquellas relacionadas con la protección de las y los defensores y defensoras de derechos humanos”, asegura.
El presidente hondureño también indicó que su Gobierno ha pedido a las Naciones Unidas la apertura de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Tegucigalpa, que podría comenzar a funcionar este año.
