Familiares de la líder indígena Berta Cáceres responsabilizan al gobierno por el crimen

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Organizaciones civiles y familiares de la asesinada ambientalista Berta Cáceres responsabilizaron este martes al gobierno de Honduras por el crimen, en una carta dirigida al presidente Juan Orlando Hernández y al fiscal general Oscar Chinchilla.

«Ustedes son culpables de este crimen y un día serán juzgados», sentencia la carta, que fue entregada por hijas y dirigentes del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) a las autoridades de la Fiscalía.

Las autoridades del gobierno «no cumplieron su deber de proteger a Berta, a pesar de las reiteradas denuncias de amenazas de muerte» que recibía desde el 2009 y ahora tratan de responsabilizar a miembros del Copinh en lugar de investigar a las personas que la amenazaban.

Cáceres, de 44 años, coordinadora del Copinh, fue asesinada a tiros en la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que ingresaron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).

En el ataque, resultó herido el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien pernoctaba en casa de Cáceres y a quien los agresores dieron por muerto.

Castro está protegido en la sede de la embajada de México en Tegucigalpa, pero no puede abandonar el país por orden de las autoridades judiciales hondureñas, que lo requieren como testigo de los hechos.

En un comunicado, el día del crimen, el presidente Hernández condenó el asesinato y lo calificó como «un golpe al pueblo hondureño», prometiendo que no quedaría impune.

Este mismo martes, el exjuez español Baltasar Garzón presentó, por intermedio del abogado hondureño Edy Tabora, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras en favor de Castro.

El recurso busca que «se deje sin valor y efecto la prohibición de salir del país por el término de 30 días» dictada a Castro por la jueza a cargo del caso.

Mientras tanto, un grupo denominado «Articulación Popular Berta Cáceres» planteó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en Tegucigalpa, que «detenga definitivamente el financiamiento (…) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca» el cual combatía la ambientalista cuando fue asesinada.

Como coordinadora de Copihn, Cáceres encabezaba la lucha de la comunidad indígena lenca, a la que pertenecía, por detener la construcción en su territorio de una represa sobre el río Gualarque.

La dirigente había denunciado amenazas de la compañía que impulsa el proyecto, a raíz de las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al gobierno de Honduras que adoptara medidas para protegerla.

El Heraldo

Carta Pública: TENEMOS DERECHO A CREER QUE USTEDES SON PARTE DEL CRIMEN Y QUE OCULTAN LA INVESTIGACIÓN A LAS VICTIMAS PARA GARANTIZARSE IMPUNIDAD

Señor Presidente de la República, Juan Orlando Hernández,

Señor Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla,

Los familiares de Berta Cáceres, El COPINH, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulación Popular Berta Cáceres, a oídos de la sociedad hondureña y de la comunidad internacional, nos dirigimos a ustedes para expresar y exigir lo siguiente:

I. Está por cumplirse un mes del crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro. Hasta esta fecha, lo que sabemos con certeza es que ustedes como figuras principales del gobierno y Estado hondureño, no cumplieron con su deber de proteger la vida de Berta, a pesar de sus reiteradas denuncias de amenazas a muerte y que desde 2009 la CIDH les indicó que estaba en graves y reales riesgos y solicitó que la protegieran. Es decir que ustedes ya son responsables de este crimen y esperamos que un día sean juzgados.

II. Posterior al crimen contra Berta y Gustavo Castro se han suscitado varios eventos que corresponde a ustedes explicar y aclarar, pero esto debe hacerse primero a las víctimas y después a quienes ustedes consideren. Entre los principales puntos que deben aclarar están:

a. ¿Quiénes idearon la hipótesis (la única que ustedes han hecho pública), que el crimen contra Berta está relacionado a un conflicto de orden personal o por asuntos internos del COPINH?, ¿qué acciones se han tomado en relación con aquellos funcionarios públicos que fallaron o incumplieron con su obligación de proteger a Berta Cáceres?, ¿Qué acciones han iniciado contra policías, fiscales, testigos y otras personas que en las primeras horas del hecho ya habían resuelto el caso, con notorias falsedades, e insistían en acusar a cualquiera con el propósito de generar impunidad y bajar la presión nacional e internacional que el crimen ha ocasionado?, ¿Qué acciones han iniciado ante la manipulación de la escena del crimen y del proceso investigativo que ha sido denunciada públicamente por varios actores, entre ellos la victima Gustavo Castro? ¿Por qué insisten en retener en el país y seguir violando los derechos humanos de Gustavo Castro, cuando él ha colaborado en la investigación y está dispuesto a seguir colaborando desde su domicilio en México?

b. ¿Por qué ustedes no atienden las peticiones hechas por las hijas, hijo, madre y demás familiares de Berta?, ¿Por qué no aceptan una comisión independiente rectorada por la CIDH, para que ayude a investigar el crimen?, ¿Por qué niegan la participación activa de las víctimas en la investigación, a través de sus representantes legales?

c. ¿Qué ocultan, qué temen a quiénes encubren, por qué insisten en seguir violando los derechos de las víctimas?

d. ¿Qué rol juega el FBI en la investigación del crimen?, ¿en qué ha intervenido este órgano?, ¿quiénes y qué tipo de competencias y experiencias tienen las personas que están supuestamente colaborando con las autoridades hondureñas?, ¿estos agentes del FBI participan de la investigación para asegurar impunidad a DESA a la USAID, a la Embajada de USA en Honduras y a ustedes como gobierno?, ¿cómo se explica y en qué términos está redactado un acuerdo de cooperación entre la USAID y DESA la concesionaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y principal sospechosa de idear y ejecutar el crimen contra Berta?

e. ¿Cómo van a explicar el nivel de independencia en la investigación, cuando el actual director de fiscales, Arturo Duarte, participante activo en el proceso investigativo ha sido socio del bufete que representa a DESA y que acusó a Berta en los tribunales de La Esperanza, en 2013?, ¿Ustedes creen que se puede ocultar que el Abogado de DESA, Juan Sánchez Cantillano, ha sido socio y amigo personal del actual director de fiscales Arturo Duarte y que esto constituye una clara fuente de contaminación y manipulación de la investigación?

Señor Presidente y Señor Fiscal General,

Su actitud y las dudas planteadas anteriormente nos dan el derecho a creer que ustedes no solo dejaron de proteger a Berta, sino que pudieron conocer el plan para asesinarla y hoy son parte del plan para que el crimen quede en la impunidad. Es decir que, todas las acciones y omisiones estatales en torno al caso de Berta Cáceres nos permiten afirmar que existe una voluntad expresa del Estado para que no se haga justicia.

Queremos ratificar que, como victimas: familia, COPINH, PMSPH y Articulación Popular Berta Cáceres, estamos determinados a buscar y obtener verdad y la justicia ante este crimen.

Es por eso que les urgimos para que resuelvan las peticiones que las víctimas ya les han hecho llegar a sus escritorios:

a. Que se acepte la intervención de Comisión Independiente de personas expertas internacionales rectorada por la CIDH, para que contribuya de forma activa a la investigación y esclarecimiento del crimen contra Berta y Gustavo Castro;

b. Que se respete el derecho de las víctimas a participar activamente de la investigación que ya adelanta el Ministerio Público;

c. Que se respete y garantice la vida y demás derechos de las víctimas, del COPINH y del equipo jurídico que les acompaña; en particular que se permita continuar con la legítima defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas

d. Que se respete el derecho de la victima Gustavo Castro a retornar a su país, lugar desde el cual seguirá contribuyendo a la investigación, si fuere necesario;

e. Que se revierta y si deje sin ningún valor la concesión sobre el Río Gualcarque a la concesionaria DESA y todas las demás concesiones que afectan, ilegítimamente, el territorio hondureño.

Les exigimos que paren la campaña en contra de la familia de Berta, del COPINH y del Movimiento Social hondureño. Los culpables del fracaso económico y humano que vive el país, son ustedes, junto a una clase política-económica que ha estado al frente del país a punta de corrupción, violencia e ineptitud.

Finalmente, les ratificamos nuestro compromiso inquebrantable de seguir demandando y contribuyendo a que en nuestra Honduras tenga cotidiana presencia la justicia y la dignidad para las víctimas que somos la gran mayoría de hondureños y hondureñas.

Marzo, 2016

Hondu Prensa

Hija de Berta Cáceres se reúne con director de fiscales

La hija de la dirigente indígena Berta Cáceres se reunió este martes con el director de fiscales del Ministerio Público, Arturo Duarte, para exigir se investigue el crimen contra su madre.

La joven que se llama igual a su progenitora, Berta Cáceres, llegó acompañada por representantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Antes de ingresar a la reunión, Cáceres leyó un comunicado de prensa en el cual expresa el derecho de los pueblos indígenas de exigir justicia.

El documento fue dirigido al Presidente, Juan Orlando Hernández, y al fiscal general de la República, Óscar Chinchilla.

Los familiares de la lideresa Lenca resaltan que a casi un mes de la muerte de Berta Cáceres las autoridades no han dado respuesta.

Además exigen que se le permita salir del país a Gustavo Castro, el ambientalista mexicano que presenció el crimen y quien resultó herido.

La hija de Berta Cáceres expresó la necesidad que el gobierno solicite apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la investigación.

Reitera que las empresas constructoras de las hidroeléctricas son las responsables del asesinato de su madre por las constantes amenazas a las que era sometida por su lucha.

La activista indígena falleció la madrugada del pasado 3 de marzo de varios impactos de bala, cuando un desconocido forzó la puerta e ingresó a su casa.

De acuerdo a investigaciones, la ambientalista forcejeó con su homicida antes de morir.

La Tribuna

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