Acusan al ex presidente Ricardo Martinelli de actuar contra el Estado para sus intereses
La documentación rescatada de distintas fuentes pone en evidencia que la anterior administración, liderada por Ricardo Martinelli, usó la maquinaria gubernamental para favorecer intereses privados en perjuicio de los intereses del Estado.
El entonces embajador de Panamá en Italia, Guido Martinelli Jr., fue instruido el 26 de abril de 2012 por la Cancillería panameña para contratar los servicios del abogado Franco Coppi para brindar asesoría, dar seguimiento y defender los intereses de Panamá frente a los casos que por corrupción se seguían en Italia.
Sin embargo, ni en la Embajada de Panamá en Italia ni en la Cancillería reposa reporte alguno de parte del abogado Coppi relacionado con sus gestiones ante los casos judiciales que involucraban a funcionarios panameños ni vinculado a las controversias surgidas por la compra de equipos a Finmeccanica, a pesar de que la instrucción dada por la Cancillería exigía la entrega de informes mensuales.
La Embajada de Panamá en Italia solicitó formalmente, en diciembre de 2014, ya en el gobierno de Juan Carlos Varela, al abogado Coppi una relación de los servicios ofrecidos y de pagos desembolsados por la prestación de sus servicios.
Coppi ha confirmado que los avances en los casos fueron entregados al embajador Martinelli Jr., algunos en forma de reportes verbales mientras que otros, incluyendo las respuestas a sus consultas escritas, fueron entregadas en persona.
¿A quién defendía?
De la información rescatada queda claro que la asesoría brindada a la embajada estaba más interesada en defender a individuos presuntamente involucrados en los casos penales que los intereses de la República de Panamá.
El 23 de mayo de 2012, un mes después de que el exministro José Raúl Mulino informara “que Panamá había contratado al abogado Franco Coppi”, el embajador panameño le transmite a Coppi su primera asignación.
En membrete oficial de la embajada, Guido Martinelli Jr. le consulta a Coppi sobre las posibilidades de que sean llamados a declarar “el Dr. Ricardo Martinelli, Presidente de Panamá, el abogado Francisco Martinelli y la Ministra Roxana Méndez” (ver carta).
Varios fueron los intercambios entre abogado y cliente respecto de la situación particular del mandatario y algunos de sus colaboradores.
Nada existe referente a la defensa de los intereses de Panamá ni mucho menos gestiones para colaborar con la justicia italiana en el esclarecimiento de los hechos.
El 22 abril de 2013, por el contrario, el abogado italiano responde a otra consulta del embajador Martinelli, esta vez refiriéndose a que el fiscal de Roma, Paolo Ielo, no podía incriminar a ningún funcionario político de Panamá porque “el delito de corrupción internacional no castiga la ‘corrupción pasiva’, es decir, la parte que recibe la promesa o la dación de dinero como correspondiente ilícito de la corrupción”.
HONORARIOS
Coppi dijo haber recibido un único pago de 25 mil euros por los servicios prestados hasta junio de 2014.
Investigaciones adelantadas en Roma revelan un pago a favor de Francesca Coppi, también socia del Estudio Coppi, el 10 de septiembre de 2013 por la suma de 26 mil euros mediante cheque de la cuenta personal del embajador.
“El lunes me comunicaré con el estudio Coppi –dice un correo que envió Francisco Torres, segundo de la embajada, al embajador Martinelli, quien estaba en Panamá– para pedirles que me envíen la factura a nombre del Sr. RM. A lo mejor usted tendrá ya noticias de la forma de pagamento que usaremos para cubrir la misma”.
FINMECANICA
Entre los casos penales estaba el proceso Finmeccanica –que imputa a Valter Lavítola y al ex director comercial de la empresa italiana, Paolo Pozzessere, por el desvío de más de 25 millones de dólares en coimas utilizando la figura de una “comisión”– que tuvo su última audiencia preliminar el 27 de junio de 2014.
Esa fue la última oportunidad para que Panamá se constituyera como parte civil en el juicio que estaba por iniciar.
Ese día estuvo presente en la audiencia un representante legal del despacho de Coppi. Además, tanto el expresidente Ricardo Martinelli como el exministro de Relaciones Exteriores Francisco Álvarez de Soto estaban al corriente de que se trataba de un término fatal para Panamá, ya que así se los había comunicado la entonces procuradora general de la Nación, Ana Belfon.
Entonces, ¿por qué Coppi no constituyó a Panamá como parte civil en el juicio?
Coppi fue confrontado con esta interrogante. Su respuesta llegó en julio de 2015. En ella, el abogado italiano deja claro que su encargo siempre consistió en defender a Ricardo Martinelli y no al Estado panameño.
Dijo que no solicitó que Panamá fuera parte civil “aduciendo que no fue contratado para ello”. Es más, manifestó que de hacerlo habría enfrentado un evidente conflicto de intereses.
“El mandato que recibí no preveía la constitución de parte civil en los procesos penales en los que estaban implicados Valter Lavítola y Mauro Velocci. (…) Además, en aquella época resultaban implicados en las indagaciones preliminares italianas exponentes del Gobierno de Panamá, entre los cuales el presidente de la República; habría sido imposible para mí asistir al Gobierno como parte civil”, indicó.
Mientras el aparato gubernamental resguardaba al expresidente, la República de Panamá perdió la oportunidad procesal de constituirse en parte civil y de ser eventualmente reparada por los daños causados en el evento de una condena por corrupción en Italia.
Audiencia contra Martinelli se reanudará el próximo 8 de marzo
Por lo extenso de los argumentos de la defensa (cuatro páginas). El magistrado de garantías Jerónimo Mejía, le otorgó ayer un plazo de tres días a los abogados del expresidente Ricardo Martinelli para sustentar tales argumentos en el proceso que se desarrolla en la Corte Suprema de Justicia.
El próximo martes 8 de marzo a las 2:00 p.m. continuará la audiencia al expresidente Martinelli en la sala del Tribunal Superior, por el caso de compra de comida deshidratada a través del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), por un monto de $14 millones.
Cuando se reanude la audiencia contra Martinelli, se sustentará la segunda petición, de la defensa basada en el artículo 418 del Código Procesal Penal. Posteriormente se procederá a darle traslado a las solicitudes al fiscal de la causa, para que presente sus argumentos.
También el próximo lunes 7 de marzo se sustentarán las argumentaciones finales del caso. La defensa del expresidente señaló que espera que ese mismo día, se tome la decisión de las solicitudes presentadas hasta el momento.
La defensa de Martinelli pide que más de 52 diligencias bancarias sean anuladas dentro del expediente. También se solicitará sanciones pecuniarias para el superintendente, Ricardo Fernández.
A juicio del abogado Sidney Sittón, la suspensión de la audiencia busca dilatar las respuestas hechas a las peticiones de la defensa.
