Juliana Cano Nieto: «La penalización del aborto es un problema para más del 50% de la población salvadoreña»
Por Valeria Guzmán
En esta entrevista, la directora adjunta de campañas para las Américas de Amnistía Internacional plantea que quizá el problema en el debate sobre la despenalización del aborto en El Salvador no solo sea que la clase política introduce ingredientes religiosos a la discusión. Quizá el problema principal sea que no se está contemplando esta dimensión: que hay una ley que facilita al Estado condenar -aún a falta de pruebas, aún sin que hayan vencido los juicios- a más del 50% de la población salvadoreña (las mujeres) que vive en un país con deficiencias en educación sexual y acceso igualitario a una salud reproductiva de calidad.
En El Salvador abortan mujeres de todas las clases sociales, pero solo las pobres enfrentan cárcel por ello. Así lo dice Juliana Nieto, directora adjunta de campañas para las Américas de Amnistía Internacional. Esta organización presentó a finales 2015 un informe titulado “El Salvador- Familias separadas, abrazos rotos”.
El informe recoge la historia de tres mujeres pobres que, según Amnistía Internacional, se enfrentaron a la prisión tras un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica. Abortar bajo circunstancias especiales no siempre fue ilegal, antes de 1998 el aborto estuvo permitido cuando el embarazo haya ocurrido como producto de violación o incesto, cuando la vida de la embarazada corriera peligro y cuando hubiesen malformaciones en el feto. Esto cambió para finales de la década de los 90 y se realizó una modificación al Código Penal que condena a las mujeres que aborten bajo cualquier situación.
En esta entrevista, Amnistía Internacional sugiere que la criminalización absoluta del aborto no es una condición que afecte solo a la mujer que aborta o atraviesa una dificultad en el embarazo. Según Juliana Nieto, las consecuencias psicológicas, jurídicas y económicas atraviesan a todo un país, desde médicos que se sienten presionados para informar todo tipo de abortos por temor a ser considerados cómplices en un homicidio, hijos que quedan sin madre y familias enteras cuyo único sostén económico es encarcelado.
¿Por qué el último informe presentado por Amnistía Internacional está centrado en Chile, Irlanda y El Salvador?
Irlanda, El Salvador, Chile y Burkina Faso en África se eligieron como países prioritarios porque se vio que era donde la situación de las mujeres estaba más grave en términos de derechos sexuales y reproductivos, en particular debido a la criminalización absoluta del aborto. Tenemos casos como el de Teodora que está en el informe de «Familias separadas, abrazos rotos», en el que ella sabe que ya va a tener su bebé porque empiezan las contracciones, llama al 911 para que vayan y la lleven al hospital, le dicen que ya van, no llegan, ella tiene un aborto espontáneo, se desmaya y la próxima vez que se ve, se despierta en el hospital ya con la Policía acusándola de haber abortado a su hijo cuando ni siquiera el 911 llegó cuando ella pidió que fueran.
¿Cómo se diferencia una emergencia obstétrica de un aborto?
Pues eso es el problema. No nos corresponde a nosotros determinar cuál es una emergencia obstétrica y cuál es un aborto. Eso le corresponde a los médicos. El problema principal que hay en este caso es que los médicos no pueden hacer esa diferenciación porque también pueden ser criminalizados. Entonces, si ellos no informan que tienen una mujer en el hospital por lo que sea… ellos también pueden terminar en la cárcel. Si no existiera la ley, independientemente fuera una emergencia obstétrica o fuera un aborto, la mujer no terminaría en la cárcel.
En el informe se dice que de cierta manera los médicos están violando el derecho del paciente a mantener el secreto profesional cuando las acusan por aborto. Pero los médicos, además de estar llamados a respetar ese secreto, deben responder a un marco legal. ¿Cómo se pueden mover en esa cuerda floja?
Nosotros consideramos que los médicos deberían guardar el secreto profesional. Que no deberían sentir que existe una obligación de tener que denunciar a la mujer, especialmente porque los doctores son quienes saben cuándo hay emergencias obstétricas. Ellos pueden tomar la determinación que la situación no amerita tener que informar a la policía porque es una situación de emergencia. Consideramos que la manera más eficiente de llegar a que los doctores no tengan que violar ese secreto profesional es acabar con esa legislación. Si hay una legislación clara, en la que se dice en cuáles casos está permitido el aborto, entonces los doctores no van a tener ese miedo de tener que denunciar cada uno de los casos que se les presentan, pensando que si no lo hacen van a terminar en la cárcel.
Lo otro que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de doctores en clínicas públicas, todos los casos tienen una cosa en común: las mujeres que se encuentran en prisión por la total criminalización del aborto son las mujeres pobres. Son mujeres que eran cabeza de familia, son mujeres que eran quienes daban el apoyo a sus familias, no son las mujeres que tienen dinero. Las mujeres que tienen dinero no acuden al sistema público de salud de El Salvador, y pueden tener un aborto o una complicación obstétrica y la resuelven con doctores privados o fuera del país y no les pasa nada. Son las mujeres pobres las que tienen que acceder al servicio de salud público y terminan en la cárcel.
En el informe presentado se mencionaba un ejemplo de las consecuencias de la criminalización del aborto: En Irlanda las mujeres viajan a Londres a practicárselo. ¿A dónde viajan las mujeres de El Salvador con recursos económicos para hacerse un aborto? ¿Cuál es el lugar más cercano de la región que tenga una mayor apertura con la interrupción de un embarazo?
Nosotros no hemos hecho una investigación sobre eso, pero podrían ir a cualquier sitio. En Colombia se permite el aborto en ciertas circunstancias, en partes de Estados Unidos también y eso depende de estado en estado; en el Distrito Federal de México se permite y muchos estados no lo tienen. Las mujeres que tienen recursos, si quieren tener un aborto por la razón que sea, lo van a poder hacer porque tienen los medios para irse a cualquier lugar. Las mujeres pobres no tienen esos medios y terminan en la cárcel.
En 1998, El Salvador penalizó totalmente el aborto sin ninguna excepción. Amnistía Internacional califica esa modificación en la legislación salvadoreña como “un retroceso”. ¿Conoce otros casos similares?
Hay otros países donde existe la total criminalización del aborto: en Chile, en Nicaragua, en Irlanda, en Surinam, pero son muy pocos países alrededor del mundo. Y El Salvador yo creo que es uno de los pocos que ha retrocedido, es decir que pasó de tener una legislación mucho más amplia a tener una legislación restrictiva.
En este tema se utiliza mucho una frase: «el cuerpo de las mujeres es un territorio en disputa». ¿Qué significa esta frase?
Durante mucho tiempo se utilizaba en lugares con conflictos armados porque se usa a las mujeres como un arma de combate. Pr ejemplo, si hay un grupo de luchadores y quieren hacerle daño a la comunidad, lo que hacen es violar a las mujeres. O en los casos donde no hay conflicto armado, pero hay una concepción muy fuerte sobre cómo debe ser la familia: uno tiene que casarse, uno debe tener hijos y reproducir un cierto patrón de vida. Cuando hablamos de la disputa de su cuerpo hablamos sobre hombres tratando de legislar sobre la vida de las mujeres. Tú ves diputados hombres que salen a decir que están en contra del aborto o de la planificación familiar o de la información que permite que no haya embarazos adolescentes y son hombres… ellos no son quienes deciden tener un aborto, ellos no son quienes deciden si quieren tener un bebé o no. Están decidiendo sobre el cuerpo de otra persona. Por eso se dice que el cuerpo de las mujeres está en disputa: no se les permite a las mujeres tomar esas decisiones, se vuelve una decisión de estado y el estado está regido principalmente por hombres y están tomando decisiones que deberían ser autónomas y de cada quien. Yo como mujer debería poder decidir si tengo hijos, cuántos tengo y si tengo un aborto o no tengo un aborto. Yo como hombre debería decidir si quiero tener hijos, si quiero tener una vasectomía o no. En el caso de los hombres uno no ve que se diga «impongamos vasectomía» o «prohibamos las vasectomías», pero en el caso de las mujeres «prohibamos el aborto». Claramente hay una desigualdad de género y una lucha por los derechos autónomos de las mujeres.
Y si la mujer que quiere realizarse un aborto tiene una pareja sexual estable, ¿la decisión de llevar a término el embarazo debería ser una decisión consensuada o siempre defiende que es un derecho individual?
Es un derecho individual cuando es de la persona que está físicamente tomando la decisión de tener o no un hijo. En esa medida es una decisión individual. Por supuesto que hay situaciones sociales en las que esa decisión puede ser una decisión consensuada con esa pareja. Pero estamos hablando de casos donde hay una relación estable, donde habría una igualdad… para poder ser eso consensuado se deberían dar muchas condiciones. Por supuesto que puede decidir buscar apoyo de su mamá, de su esposo y tomar esa decisión, pero la realidad es que son muchísimas más las mujeres que están en una situación en las que son madre y cabeza de familia, en las que son madres solteras, en las que no tienen recursos o pudieron haber sido víctimas de una violación. Esas son la mayoría de las situaciones y ponen a la mujer en una situación de peligro y, debido a la criminalización del aborto, la mujer tiene miedo a tomar la decisión de abortar porque puede terminar en la cárcel. Y en en El Salvador, así no decida abortar y tenga una emergencia obstétrica, lo más posible es que termine en la cárcel.
Habla de aborto como la criminalización de las mujeres pobres, pero no solo las mujeres pobres abortan. ¿Qué hacen para que los gobiernos entiendan que la criminalización del aborto no es un problema de una mínima parte de la población?
Yo partiría del hecho de que más del 50% de la población salvadoreña son mujeres. Entonces, la penalización del aborto es un problema para más del 50% de la población. Si uno ve las estadísticas de los niveles de pobreza de El Salvador, uno ve ciertos porcentajes de pobreza en las mujeres y hay indicadores que le permiten ver que este es un problema de mujeres pobres.
El año pasado vino el Secretario General de Amnistía y declaró que no se pudo reunir con el presidente Sánchez Cerén ni con el vicepresidente Óscar Ortiz. ¿Hay indicios de que el aparato estatal lo está pensando en serio?
Si bien el Secretario General no pudo reunirse con el presidente el año pasado, en marzo de este año nuestra directora regional para las Américas, Erika Guevara Rosas, sí se pudo reunir con el presidente y con su gabinete para hablar sobre las mujeres en la cárcel y el impacto de la criminalización del aborto en estas mujeres. Sí ha habido un diálogo y Amnistía Internacional sí ha podido reunirse en numerosas ocasiones con miembros del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Nosotros vemos que hay una apertura al diálogo y a escuchar por lo menos a organizaciones internacionales. Sin embargo eso no es suficiente porque se requiere un diálogo nacional. Se requiere un diálogo entre las diferentes instituciones del Estado para lograr un cambio en la Asamblea Legislativa y ese es un diálogo que les corresponde a las autoridades y organizaciones locales. Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto ha hecho un gran trabajo de incidencia tratando de buscar este diálogo entre las instituciones. Nosotros tenemos esperanza de que este diálogo continúe y que 2016 sea un año de poder generar cambios y que se abra ese debate público.
¿En estos diálogos con el Estado salvadoreño han aparecido posturas basadas en creencias religiosas?
Siempre hay argumentos religiosos que pueden salir de conversaciones. Con el Estado nosotros hablamos de derechos humanos y ellos hablan desde una perspectiva de derechos humanos también. Siempre el diálogo se hace partiendo de las obligaciones del Estado salvadoreño, los tratados internacionales que ha firmado el Estado salvadoreño, los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución salvadoreña y a partir de ahí tenemos el diálogo con el Estado. Por supuesto que hay otras personas que tienen argumentos religiosos que pueden entrar a discutir el por qué sí y por qué no esto debería ser legal, y esa es la discusión que se tiene que dar en la Asamblea Legislativa. Nosotros consideramos que las leyes son para garantizar los derechos de las personas y que las leyes deben tener como fundamento los derechos fundamentales, los tratados internacionales y no los pensamientos religiosos de las diferentes personas.
Si en un caso hipotético todo El Salvador dijera sí a la descriminalización del aborto, ¿cuáles serían los pasos a tomar como país?
Pues primero debe ser una decisión de Estado, debe haber un diálogo entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para cambiar la ley. Sin embargo, ya hay otros pasos que se pueden tomar: desde el Ministerio de Salud puede haber acciones para garantizar el secreto profesional y que no se criminalice a todas las mujeres que estén en situaciones de dificultad con su embarazo. Hay acciones que se pueden tomar desde el judicial. Mujeres con 30 años de pena por una emergencia en su embarazo, no deberían estar en la cárcel. Precisamente estaba leyendo sobre el caso del “descuartizador”, salió con menos años de cárcel y ni la mitad del tiempo que les dieron a estas mujeres le dieron. Claramente la pena que le están dando a estas mujeres ni es proporcional ni es equitativa a la situación que vivieron. Desde el aparato judicial por supuesto que deberían revisar las penas de las mujeres y lograr la conmutación de esta pena a una pena menor y que puedan ver a sus familias. Estas son mujeres como el caso de Berta, de María Teresa, de Teodora, que tienen hijos que dejaron solos. En este momento esos niños están siendo cuidados por sus madres, adultas mayores que tampoco tienen ningún ingreso.
Entonces, ¿la situación de las mujeres encarceladas por aborto se convierte en un problema económico para sus familias?
Este informe lo que hace es centrarse en el impacto económico porque las mujeres dejan de aportar a la familia. Tiene un impacto social porque sus hijos empiezan a tener problemas por no tener a su mamá ahí, unos no asisten a la escuela y a otros de los que sí asisten les va mal porque hay una situación de no tener a su mamá cerca. Hay un impacto económico en la familia porque si quieren ir a visitarla necesitan dinero. Estamos hablando de casos de mujeres que no vivían en San Salvador. La familia de Teodora tiene que tomar un bus hasta llegar a San Salvador y de San Salvador debe tomar un taxi hasta donde está ella, puede pasar con ella un tiempo corto y luego tiene que regresarse.
Si se despenalizara el aborto, imagino que se liberaría a las mujeres que están condenadas por aborto, pero ¿qué pasa con las mujeres que están condenadas por homicidio agravado?
Nuestro entender es que la razón por la que estas mujeres terminan condenadas por homicidio agravado es por la criminalización del aborto. Nosotros consideramos que si no está esa ley tampoco habría esa situación de homicidio agravado.
En la página de Amnistía Internacional dice «Firma nuestras acciones», ¿para qué sirven esas firmas?
Pues en marzo de 2015 que logramos reunirnos con el presidente fue gracias a esas firmas. Nosotros recibimos 30 mil firmas por parte de diferentes personas alrededor del mundo y vinimos a hacer entrega de las firmas y el presidente aceptó. Esas firmas son muy poderosas en términos de movilización, de mostrarle al Estado salvadoreño y a otros Estados que hay gente que está viendo lo que está pasando y que hay gente que está preocupada por la situación específica. Creo que sirven muchísimo. En Naciones Unidas también se ha hablado mucho de lo que pasa en Irlanda, en El Salvador, en Burkina Faso porque desde Amnistía hemos llevado esas voces en los espacios de Naciones Unidas. Sirve. Genera espacios de debates, de comunicación y de diálogo pues en últimas esperamos que genere un cambio.
¿Hay esperanza real de ese cambio?
Nosotros tenemos esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Creemos que el Estado salvadoreño es muy consciente de sus obligaciones de derechos humanos y quiere cumplir con esas obligaciones y nosotros esperamos que lo hagan. Creo que hay pequeños aires de esperanza que uno ve en las diferentes conversaciones que uno ve y dice… bueno…de pronto sí puede pasar.
¿Cómo cuáles?
Pues depende mucho del Legislativo, pero hay muchos, hay una renovación en la política. Hay muchísima más gente joven entrando a la Asamblea Legislativa y eso permite un espacio de diálogo que quizá no había antes. Y esos aires de gente joven entrando a la política es un espacio que se debe aprovechar.
¿Han logrado contactarse con algunas de estas personas jóvenes de la Asamblea Legislativa?
Estamos empezando las conversaciones, nuestra primera conversación será con la presidenta y de ahí esperamos avanzar. Estamos comenzando.
