Guatemala desarrolla primer juicio contra militares por violencia sexual y servidumbre contra mujeres durante la guerra civil
Acusado niega conocer caso Sepur Zarco
En el primer día del juicio en el que 11 mujeres buscan demostrar que fueron víctimas de agresiones sexuales y esclavitud doméstica en el destacamento militar de Sepur Zarco, El Estor, Izabal, entre 1982 y 1986, uno de los acusados se negó a declarar, y el otro dijo no tener conocimiento de los hechos que se les acusan.
Al momento de ser llamado a declarar el militar retirado Steelmer Francisco Reyes Girón expresó que no aceptaba a ninguno de tres jueces.
«No voy a responder nada a usted, ni mi nombre le voy a dar», indicó el acusado a Barrios, así mismo agregó: «Llevo las de perder si usted y la jueza que está a su lado -Bustamante- siguen en este caso», manifestó Reyes Girón.
Luego de que Reyes Girón se abstuvo de declarar y de identificarse, en rechazo al Tribunal, se llamó al excomisionado militar Heriberto Valdez Asij.
«Yo digo la verdad de todo. Yo no trabajé para los militares, trabajé para la municipalidad (de Panzós)», dijo Valdez Asij.
Agregó que aunque está en la cárcel, no sabe nada de las leyes y que él es agricultor. Aseguró que desconoce a las víctimas y a militares.
Hasta el momento tres testigos han presentado su testigo.
Diplomáticos acuden a juicio
Los embajadores de los Estados Unidos y Alemania en Guatemala, Tobb Robinson y Matthias Sonn, llegaron a la sala para conocer el desarrollo del juicio.
Sólo 11 de las 15 víctimas se presentaron al debate. La fiscal Hilda Pineda dijo que Reyes Girón en su calidad de subteniente del ejército y comandante de pelotón “autorizó y consintió que soldados del ejército bajo su mando ejercieran violencia sexual y tratos inhumanos, crueles y denigrantes en contra de mujeres mayas Qeqchí”.
La fiscal describió que las agresiones fueron repetitivas, prolongadas y utilizadas “como un arma de guerra”.
El otro acusado es Heriberto Valdez Asij, quien en su momento fue un comisionado militar -civil con funciones de militar- por delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual y desaparición forzada.
El abogado de los acusados Moisés Galindo intenta detener el proceso alegando que existe una solicitud de amparo por considerar que los jueces del tribunal no son imparciales. Sin embargo, la fiscalía explicó que la Corte Suprema de Justicia no otorgó el amparo provisional como para frenar el inicio del proceso.
“Mi defendido tiene derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial”, dijo Galindo al tribunal en su intento por detener el inicio del juicio.
a fiscalía recibió en 2011 una denuncia según la cual durante los años 1982 y 1983 al menos 15 indígenas Qeqchí fueron detenidas en el destacamento militar Sepur Zarco, ubicado en el municipio de El Estor en el departamento de Izabal, en 4l norte del país, donde fueron esclavizadas.
En la sala las víctimas vestían sus trajes indígenas y llevan cubiertas las cabezas y las caras para no ser vistas. En solidaridad, otras mujeres dentro de la audiencia también se cubrieron la cabeza.
Los delitos cometidos por los acusados pueden ser juzgados más de 34 años después debido a que se consideran de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben.
Según la denuncia las agresiones y violaciones duraron unos seis meses durante los cuales además de ser violentadas las mujeres tuvieron que cocinar y limpiar para los soldados.
La denuncia también incluye la desaparición y muerte de al menos cuatro personas.
La embajada de EE.UU., informó en su cuenta de Twitter que la presencia de Robinson, muestra el apoyo de la comunidad internacional al proceso judicial en Guatemala.
Comienza debate por ultrajes en Sepur Zarco
Hoy comienza el juicio en el que 11 mujeres buscarán demostrar que fueron víctimas de agresiones sexuales y esclavitud doméstica cuando estuvieron cautivas en el destacamento militar de Sepur Zarco, El Estor, Izabal, entre 1982 y 1986.
Los acusados de haber dirigido y cometido los abusos son el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij, quienes han permanecido en prisión preventiva durante 20 meses y comparecerán ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por los jueces Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gerbi Sical, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia.
Las agresiones, según el Ministerio Público y los querellantes —Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) y la Asociación Jalok U—, ocurrieron hace 34 años en el destacamento militar que controlaba, junto a otras beses del Ejército, el Valle del Polochic, Alta Verapaz, y El Estor, Izabal, debido a que pobladores tramitaban registro de tierras.
Los relatos de lugareños señalan que entre julio y agosto de 1982 comenzó la construcción de la sede para controlar el área, con el argumento de la presencia de guerrilleros.
Testimonios
En septiembre del 2012, ante el Juzgado Primero de Mayor Riesgo B, 15 mujeres de Sepur Zarco relataron los vejámenes por primera vez, en un proceso penal —en anticipo de prueba—. Los testimonios abrieron la ruta para buscar justicia. El juez Miguel Ángel Gálvez aceptó 11 testimonios.
En esa ocasión, una de las víctimas, con el rostro cubierto, relató que estuvo detenida en el destacamento, pero escapó. Días después, tres soldados llegaron a su casa y buscaban a su esposo, líder de la comunidad, y fue ultrajada al no darles su ubicación.
“Yo no les podía responder. Entonces ellos me pusieron un arma en el pecho y otra en la boca, y abusaron de mí”, narró.
Después de la agresión fue perseguida y huyó con su familia. Tres de sus nueve hijos murieron en la montaña, por falta de alimentos. Además, denunció, varios soldados mataron a machetazos a su hija que estaba embarazada.
Otra fémina contó que la llevaron por la fuerza al destacamento, hizo comida y luego la violaron. Explicó que huyó a las montañas y perdió a sus hijos, porque eran pequeños y no encontró comida.
Argumentos
Luego de 34 años, el MP y los querellantes comparecerán con pruebas para demostrar que las agresiones explicadas en los relatos fueron cometidos por militares.
Para probar que las mujeres fueron víctimas de agresiones por militares, el MP y los querellantes presentarán al tribunal peritajes culturales, forenses, históricos, políticos, de doctrina militar.
Paula Barrios, coordinadora de MTM, dijo que Sepur Zarco es el primer caso en que pobladoras denuncian violación y explotación sexual durante el conflicto armado interno.
Crímenes sexuales del Estado a los tribunales
Hoy, lunes 1 de febrero, inicia el juicio de Sepur Zarco, en contra de miembros del Ejército, por violencia sexual y servidumbre en contra de mujeres q’eqchi’ ocurridos de 1982 a 1988. Este juicio es histórico y sigue el camino de procesos trascendentales para la memoria, justicia transicional y el futuro de la nación como lo fueron el juicio por genocidio y delitos contra la humanidad que sentó a Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez en los tribunales en 2013 y el juicio por la quema de la Embajada de España que encontró culpable a Pedro García Arredondo en 2015.
La trascendencia del caso de Sepur Zarco radica en que por primera vez juzgarán delitos de violencia y esclavitud sexual como arma de guerra durante el conflicto armado. Es decir, la justicia ahora analizará no solo delitos de violencia de Estado y prácticas de contrainsurgencia contra población civil desarmada, sino además, procesos de violencia sexual contra mujeres indígenas.
En América Latina, durante las décadas de dictaduras y regímenes militares que gobernaron la región, en la segunda mitad del Siglo XX, los delitos sexuales contra mujeres fueron sistemáticas formas de tortura y destrucción. Sin embargo, en el caso de mujeres indígenas, el proceso de violencia sexual ha sido extenso, pues desde la conquista española sus cuerpos han sido ultrajados, una práctica brutal del proceso de colonización que dio inicio al mestizaje. Hoy día, los orígenes de la violencia sexual que crearon a las naciones latinoamericanas es poco mencionado y aceptado.
Sepur Zarco pone a prueba al derecho universal, al sistema de justicia nacional y evidenciará la capacidad de los jueces para juzgar estas atrocidades. Además, es una oportunidad para formar al país sobre crímenes sexuales cometidos en mujeres q’eqchi’ desarmadas que vivían en regiones alejadas del conflicto armado. Ante el tipo de delitos que incluyen torturas, esclavitud sexual y doméstica, temas tabú en la conservadora y moralista sociedad guatemalteca, este proceso se convierte en un verdadero reto. Por eso, el sistema debe garantizar el respeto a la dignidad, integridad física y emocional de las testigos y sobrevivientes dentro y fuera de los tribunales.
