Fallece el dictador Óscar Mejía Víctores, quien gobernó entre 1983 y 1986
El exjefe de Estado entre 1983 y 1986, Óscar Humberto Mejía Víctores, falleció la mañana de este lunes a los 85 años y a diferencia de otros militares de alto rango que reciben honores durante días, fue inhumado esta tarde en el Cementerio General de la zona 3 capitalina, confirmaron autoridades del camposanto.
Gustavo Rodríguez, administrador del Cementerio General de Guatemala, ubicado en la zona 3, confirmó via telefónica que el cuerpo de Mejía Víctores fue inhumado a las 15.30 horas de este lunes.
Hugo Rodríguez, vocero del Ejército, afirmó que se enteraron del deceso del general en situación de retiro hasta esta tarde por los “medios de comunicación” y que respetan la decisión de la familia del militar.
“Tenemos un ceremonial fúnebre para todos los oficiales del Ejército, incluso cuando han sido comandantes generales del Ejército o jefes de Estado, también hay ceremoniales en el Ejecutivo porque pueden ser velados en el Palacio Nacional de la Cultura”, explicó el coronel.
Explicó que la información que tienen es que el cuerpo de Mejía Víctores fue inhumando en el cementerio general este lunes. “Respetamos la decisión de la familia de guardar el luto y realizar el funeral de forma privada”, aseveró el portavoz castrense.
Durante su Gobierno se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente y se creó la Constitución vigente que sustituyó a la Carta Magna de 1965 y al Estatuto Fundamental de Gobierno de 1983.
El 3 de noviembre de 1985, se realizaron las primeras elecciones de la era democrática y tras el balotaje ganó Marco Vinicio Cerezo Arévalo a quien Mejía Víctores transmitió el poder el 14 de enero de 1986.
La última acción de Mejía Víctores al frente del poder fue la formación y publicación del decreto gubernativo 6-86, que otorgó aminstia a los responsables de delitos políticos y conexos con los políticos ocurridos entre el 23 de marzo de 1982 y el 14 de enero de 1986.
Esa normativa es utilizada por el general José Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado de facto de 1982 a 1983, para evitar el juicio en su contra por genocidio en el Triángulo Ixil, Quiché, por el que se le acusa como presunto responsable de la muerte de mil 771 pobladores civiles no combatientes a manos de las fuerzas castrenes.
El general José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia Militar de Ríos Montt, también enfrenta a la justicia por esos hechos.
Señalamientos
Óscar Humberto Mejía Víctores fue señalado por el Ministerio Público (MP) de cometer genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.
Según la fiscalía, Mejía Víctores sería responsable por la masacre de 264 personas en Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Varapaz —en 1982—, y otra en el área Ixil, donde habrían ocurrido 11 masacres que dejaron más de mil muertos —entre 1982 y 1983—.
Al exjefe de Estado también se le atribuía la autoría intelectual de los planes contrainsurgentes Víctoria 82, Firmeza 83, Sofía, y Operación Ixil.
Esos programas buscaban, según el MP, eliminar físicamente los grupos guerrilleros y a sus colaboradores en las áreas del enfrentamiento armado en Guatemala ocurrido entre 1960 y 1996.
El 13 de octubre de 2011, el Juzgado Primero de Alto Riesgo autorizó la captura de Mejía Víctores, por lo cual se realiazron varios allanamientos, pero estos resultaron infructuosos. Cinco días después el mismo juzgado lo declaró en rebeldía y por lo tanto prófugo.
El 25 de octubre la jueza Carol Patricia Flores, en una diligencia realizada en un apartamento ubicado en la zona 14 escuchó a Mejía Víctores y le hizo saber los motivos de la orden de captura.
El 10 de diciembre de 2011, Flores resolvió que Mejía Víctores, regresará a su residencia, en la zona 15, con vigilancia de la Policía Nacional Civil (PNC), como lo solicitó el MP, además ordenó que cada 15 días fuera evaluado por médicos y psicólogos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El 19 de noviembre de 2013 el Juzgado Quinto de Familia dio con lugar la petición de la defenssa del militar para ser declararlo interdicto, pues argumentaban que ya no estaba en condiciones físicas y mentales para enfrentar un juicio por genocidio.
El 27 de diciembre de 2011, el fiscal del caso del MP, Manuel Vásquez, anunció que se retiraría la acusación contra el exjefe de Estado Óscar Mejía Víctores.
“En base a los informes tanto forenses como siquiátricos y conforme a la legislación vigente no podemos continuar con la persecución penal con relación al señor Mejía, entonces tenemos que suspender la causa”, afirmó Vásquez.
Explicó que el exjefe de Estado, tenía un trastorno mental orgánico que le dificultaba su expresión y tenía limitaciones en su capacidad de comprensión, también presentaba disminución de la fuerza motora y había perdido la movilidad de las piernas.
Oficialmente el MP cesó la persecución penal en contra de Mejía Víctores el 5 de enero de 2012, cuando se lo comunicó oficialmente a la jueza Flores.
Golpe de Estado
Llegó al poder el 8 de agosto de 1983 después de encabezar un golpe de Estado para derrocar al entonces jefe de Estado, José Efraín Ríos Montt.
Su administración, que duraría hasta el 16 de enero de 1986, se caracterizó por una sistemática violación a los derechos humanos.
Durante su estadía en el Gobierno, impulsó de manera selectiva la captura y desaparición forzada de más de 600 líderes sociales. El Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, se funda para exigir su reaparición.
El 8 de agosto de 2001, Mejía Víctores concedió a Prensa Libre una entrevista, habló de los La creación del Impuesto al Valor Agregado, IVA; los tediosos sermones dominicales televisados, no respetar la jerarquía castrense y confrontar con diversos sectores, llevaron a los comandantes, entre ellos Mejía Víctores, a pedir la renuncia de Ríos Montt.
Según Mejía Víctores, Ríos Montt pretendía extender varios años su gobierno de facto. «Se fue creando una efervescencia política que llegó a todos nosotros», recuerda el ex ministro de la Defensa que relevó a quien se había declarado presidente de la República.
Menciona, también, que en contra de Ríos Montt conspiraba que miembros de su Gabinete asistían a la iglesia protestante Verbo. «Eso le daba una imagen religiosa el Ejército, lo cual no era del agrado de los oficiales», anota.
Mejía Víctores menciona que diversos sectores no estaban de acuerdo con que hubiera estado de sitio y tribunales de fuero especial, ni que el deporte y los bomberos estuvieran intervenidos por el régimen de facto.
«Ríos Montt se resistió a abandonar el Gobierno, pero al final cedió», asevera.
Mejía Víctores asegura recordar sólo dos aspectos destacados en los 17 meses que gobernó su compañero de armas, relevar a Lucas García, cuyo régimen estaba desprestigiado, y su interés porque el país volviera a la senda de la institucionalidad.
En torno a la forma en que se reprimió a civiles y se combatió a la insurgencia, es parco: «Siempre hay violencia en una guerra no declarada».
