Ecuador: un tema administrativo se convirtió en político y parte de la campaña electoral de 2017
ISSFA, un tema administrativo que se volvió político
Lo dijo el presidente Rafael Correa la noche del miércoles, en un año electoral, por la próxima convocatoria a elecciones generales, “se quiere politizar todo” y recalcó que un tema que en cualquier democracia sería “un problema menor” se pretende utilizar para intentar “sorprender” a los soldados con fines desestabilizadores.
El mandatario se refería al impasse entre el Ejecutivo y el ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas) –uno de los tres sistemas de seguridad social que existen en el país junto con el ISSPOL (Policía) y el IESS (seguro general)- por el contrato de compra-venta de 66 lotes de terrenos en la ciudad de Guayaquil y que, según un dictamen de la Procuraduría, habrían sido vendidos con un sobre valor de 41 millones de dólares en contra del Ministerio del Ambiente.
La Procuraduría dispuso a ambas entidades que se modifique o rectifique “los actos necesarios y del contrato correspondiente con la finalidad que se calcule la diferencia pagada en exceso por parte del MAE (Ministerio del Ambiente) al haber considerado un avalúo predial distinto al que la ley y el reglamento aplicables preveían”.
Los hechos parecen darle la razón al presidente de la República, cuando un reducido grupo de personas gritaban en una avenida del norte de Quito, “fuera Correa, fuera”. La manifestación había sido convocada por militares en servicio pasivo, entre quienes figuran Fausto Cobo, ex militante del partido Sociedad Patriótica y actual integrante de Compromiso Ecuador, agrupación que impulsa la candidatura presidencial del banquero Guillermo Lasso.
Otro de las cabezas visibles de estas convocatorias ha sido Mario Pazmiño, un exjefe de inteligencia del Ejército y candidato a diputado por el Partido Social Cristiano, que fue echado del cargo por el presidente Correa cuando se descubrió que reportaba actividades a Estados Unidos.
Tanto Cobo como Pazmiño lanzaron advertencias incendiarias sobre la supuesta amenaza para la estabilidad del ISSFA que significaría el débito de los 41 millones de dólares. Esta institución, de acuerdo al ministro de Defensa, Fernando Cordero, ha recibido en el actual gobierno aportes por 1.957 millones de dólares, aparte de otros 687 millones que el Ministerio a su cargo para el Fondo de Retiro, Invalidez y Muerte.
Producto de las distorsiones en el sistema de pensiones, Cobo percibe una pensión de 2.600 dólares mensuales (cuando antes del gobierno era de 600 dólares) y Pazmiño, más de 3.659 dólares.
El Estado ecuatoriano, como patrono de los miembros de las Fuerzas Armadas (unos 36 mil pasivos y alrededor de 40 mil activos) aporta cerca del ochenta por ciento de los recursos para sostener el sistema de seguridad social de la institución.
El tema del ISSFA tomó revuelo el fin de semana pasado, la víspera del largo feriado de Carnaval, cuando el hasta entonces alto mando militar convocó a la prensa para expresar su apoyo a la institución, dependiente de las Fuerzas Armadas (por tanto pública). Sin embargo, el origen del tema data de meses atrás cuando ya la Procuraduría detectó la irregularidad.
Desde entonces, unos ocho meses, según dijo el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, se ha tratado de buscar una solución al tema, sin éxito.
El mismo funcionario reveló que los mismos directivos del ISSFA habían convenido en realizar una consulta a la Procuraduría del Estado, por lo que llama la atención que luego se hayan rehusado a acatar el dictamen de este organismo competente.
Señalando nombres, el ministro Cordero, identificó al contralmirante Freddy García como el responsable de que bloquear una salida y de haber generado “un problema de consecuencias enormes, cuando era fácilmente solucionable”.
“El señor director ejecutivo tenía en sus manos ese arreglo, pero, mal asesorado, obstinado, vaya usted a saber qué más en la mente y en la acción de este funcionario público; él nos dijo más de una vez que iba a litigar con el Procurador, que iba a contradecirle al Procurador, que iba a demandarle al Procurador, no ha pasado absolutamente nada de eso”, expuso.
Argumentos
En una fuerte alocución, el miércoles desde el Palacio de Gobierno, el presidente Correa defendió el principio de legalidad y llamó a acatar el informe vinculante del Procurador del cual dijo, es el punto final de un tema que se detectó en 2013. En este contexto, sostuvo que es absurdo esperar un juicio, como lo había pedido el ISSFA y algunos militares en servicio pasivo.
Argumentó que no se está quitando recursos al ISSFA sino recuperando valores pagados en exceso a esa institución y recordó que una enmienda constitucional, aprobada el 3 de diciembre del 2015, garantiza el pago de las pensiones a los militares.
Por otro lado, el mandatario recordó que la Constitución vigente, aprobada en referéndum en 2008, ordena que las industrias que no tienen que ver con la defensa, debían ser vendidas, y casi todas pasaron al ISSFA. Citó que casi el 50% de las ganancias de un hotel cinco estrellas de Quito pertenecerían al ISSFA.
Además, llamó a “discutir abiertamente” las prebendas y prerrogativas de la institución militar (sistemas educativo, empresarial, industrial, propio, incluso hasta un equipo de fútbol propio) y dijo que los militares tienen los mismos derechos de todos y que dentro de las mismas instancias armadas existen profundas diferencias que deben superarse.
“La Patria nueva busca equidad, justicia para todos. Ya no un país compartimentado del sálvese quien pueda. Hay que defender el bien común, los derechos para todas las personas, sobre esa “mentalidad del pasado” que todavía sobrevive en las Fuerzas Armadas. Es la herencia neoliberal: ser autónomos, pero con el dinero del pueblo ecuatoriano”, reflexionó ante una multitud.
Antecedentes
La compra-venta de terrenos en Samanes entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Ministerio de Ambiente (MAE) se realizó de forma inadecuada, con un avalúo que no correspondía a la Ley, razón por la cual debe corregirse.
En 2010, el contrato de compra-venta de lotes entre ISSFA y MAE se realizó en base del avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastro (Dinac), cuyo monto ascendía a los USD 48 millones. Sin embargo, esta entidad no era competente para la realización de la tasación, pues debió hacerse en función del avalúo catastral del municipio de Guayaquil, como lo establece la Ley Orgánica de Contratación Pública.
En este sentido, se cometió un error que perjudicó al MAE en un monto algo mayor a los USD 41 millones(el avalúo municipal sería de USD. 7.129.900,77). Debido a esta irregularidad, las autoridades de ambas entidades elevaron a consulta al Procurador General del Estado, quien dictaminó que “se proceda con la rectificación y/o modificación de los actos que sean necesarios y del contrato correspondiente (…) con la finalidad de que se calcule la diferencia pagada en exceso por parte del MAE al haber considerado un avalúo predial distinto al que la ley y el reglamento aplicables preveían”.
De acuerdo al gobierno, el mecanismo de devolución/compensación del pago en exceso se realizará conforme con las disposiciones administrativas y legales que competen a las instituciones públicas. En estricto apego a la ley, se prevé un cruce de cuentas sobre el subsidio que el Estado brinda al ISSFA como mecanismo de devolución del dinero pagado en exceso por parte del MAE.
Las autoridades gubernamentales sostienen que al contrario de lo que manifiestan ciertos militares en servicio pasivo, esta acción no afectará el patrimonio ni el pago de las pensiones jubilares, el cual está garantizado constitucionalmente de acuerdo con la enmienda al artículo 370 de la Constitución.
En el actual gobierno se ha fortalecido al ISSFA. Desde el 2007, sus ingresos han aumentado de USD 87millones a más de USD 350 millones. El criterio de la Procuraduría es vinculante porque se trató de una transacción entre dos instituciones públicas (y no, entre una pública y una privada). El gobierno ha pedido la intervención de Contraloría y cualquier diferencia será acatada a lo que dictamine el Juez de cuentas.
