Ecuador: Rafael Correa habló frente a la concentración de ciudadanos que rechazan los intentos de destabilización de las FFAA
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llamó a los soldados del país “no dejarse sorprender” por quienes advierten una supuesta afectación al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, tras un dictamen de la Procuraduría del Estado que dispone la rectificación de un contrato de compra-venta de unos terrenos que el gobierno destinó para la construcción de un parque.
Ante miles de seguidores que llegaron hasta el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, el mandatario lamentó que “torpemente se quiere desestabilizar” y politizar todo.
Esto en alusión al aprovechamiento político que algunos militares retirados, algunos de ellos activistas de partidos de oposición, pretenden hacer del tema. De hecho, mientras el presidente Correa se dirigía a sus simpatizantes, un reducido grupo de opositores se concentró en otro punto del centro de la ciudad capital.
Correa dijo que en este caso se ha actuado con absoluta legalidad, recuperando valores pagados de más de acuerdo al dictamen vinculante de la Procuraduría del Estado.
En este contexto sostuvo que el dictamen del Procurador fue tan solo el paso final tras dos años de intentar de recuperar esos dineros por medio del diálogo, negociando, «pidiéndole al ISSFA que nos devuelva esos dineros pagados de más».
Dijo que el problema es más de fondo y refleja la lucha entre el viejo y el nuevo país. “Esa antigua sociedad, ese viejo país, del sálvese quien pueda, donde todo era en función del poder, no de la justicia. Esa es la disputa de fondo con el nuevo país, esa patria de justicia, de solidaridad, de derechos para todas y para todos”.
En esa línea, Correa manifestó que el problema sería menor en cualquier país en el que el ambiente político no estuviera tan polarizado y donde no hubiera tanta falta de ética en la prensa.
También adelantó que este no será ni el primero ni el último conflicto en la lucha entre el nuevo y el viejo país.
Al defender la actuación del gobierno en el tema, recalcó que “aquí va a prevalecer la ley, la justicia, el bien común” y que si caben dudas, se ha pedido un informe a la Contraloría General del Estado (ente oficial al que le corresponde velar por el buen uso de los recursos públicos).
Llamó a superar la mentalidad de ciertos oficiales retirados que creen que la patria empieza y termina en las Fuerzas Armadas.
“Estar muy atentos, el viejo país quiere regresar y todo lo van a politizar. Ustedes a seguir confiando en su gobierno, tenemos que sacrificarnos mucho más; por ese viejo país que quiere regresar, por esa politiquería, probablemente nos tengamos que ver muchas veces en esta plaza”, dijo.
Más de 15 organizaciones muestran su apoyo a la Revolución Ciudadana
Oficialismo convoca a la Plaza Grande
La cuenta de Twitter del Movimiento Alianza PAIS ha convocado a su militancia a la Plaza Grande, en Quito, hoy, con el objetivo de “defender lo logrado”. Promueven dos hashtags: #Alerta10F y #NadieTocaMiRC.
Casi simultáneamente, tuiteros de la oposición han llamado a una concentración en contra del régimen en la Avenida de Los Shyris, el mismo día. El Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas, conformada básicamente por militares en retiro, han anunciado otra reunión, el jueves 11, en la sede del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Las convocatorias tienne lugar el primer día laborales después de la sustitución del Alto Mando Militar después que el Comando Conjunto convocara, el viernes, a una rueda de prensa para expresar su desacuerdo con el débito de 41 millones de dólares de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA, ordenado por el presidente Rafael Correa.
El régimen sostiene que en 2010, el ISSFA cobró con 41 millones de dólares de sobreprecio la venta de unos terrenos donde el Ministerio de Ambiente construyó el Parque Samanes, en Guayaquil.
“Ya se metieron los politiqueros de siempre en el ‘problema’ del Issfa. Ojalá se entienda que estamos defendiendo el dinero del pueblo ecuatoriano”, ha tuiteado la noche del lunes el presidente Rafael Correa. “Cualquier imprecisión la aclarará el informe de Contraloría. Seguiremos trabajando para superar la difícil situación económica, pero no podemos descuidar lo político. Si ellos son mil, seremos diez mil”, ha agregado.
El viernes, la Contraloría anunció un examen especial para establecer la legalidad de lo actuado en relación al contrato suscrito entre el MAE y el Issfa para la adquisición de los terrenos.
El dinero de la pugna entre el Gobierno y el Issfa se invertiría en ampliar el Parque Samanes
El ministro del Ambiente, Daniel Ortega, explicó que los USD 41 millones que se le debitarán al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), podrían ser invertidos en la ampliación del Parque Samanes de Guayaquil, espacio que fue construido sobre los 66 lotes que pertenecieron a los militares, y que ahora son el centro de una pugna con el Gobierno.
“Los recursos volverán al Estado, inicialmente ingresan al Ministerio del Ambiente, pero servirán para adquirir otros terrenos que contribuyan más al parque -Samanes-, en Guayaquil, con más áreas verdes”.
Ortega además especificó que en un primer diálogo con los representantes del Issfa se intentó adquirir otros terrenos aledaños para saldar el monto. Sin embargo, dijo, no hubo colaboración por parte de los militares.
“Entiendo que vamos a comprar parte de esos terrenos a ellos y haremos una cancelación de cuentas. Era una de las opciones que se había pensado, pero no había una voluntad de trabajar y hemos procedido solicitando la devolución de estos recursos, atendiendo el pedido del Procurador”, señaló el ministro la mañana de este sábado 7 de febrero de 2016 durante una visita al balneario de Playas, en la provincia del Guayas.
El 18 de noviembre del 2015, la Procuraduría General del Estado emitió un informe sobre este caso. El documento resume que no se consideró el avalúo municipal para la compra del bien público, como indica la ley.
La negociación se dio bajo el cálculo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac), que determinó en USD 48 millones el monto de los terrenos. En cambio, el avalúo del Municipio de Guayaquil para esos predios fue de USD 7,3 millones, por lo que el Gobierno exigió la devolución de USD 41 millones, el valor de diferencia.
El viernes, la Contraloría General del Estado comenzó un examen especial. El contralor Carlos Pólit dijo que en unos 45 días se conocerá el resultado de la fiscalización del proceso. Y que las conclusiones y recomendaciones son de cumplimento obligatorio para todos los servidores públicos relacionados.
Sin embargo, Ortega aseguró que se aplicará el dictamen de la Procuraduría. “El proceso de Contraloría es independiente, la devolución de los recursos tiene que darse ahora y nosotros avanzar condad, en 851 hectáreas y aún existen etapas pendientes, entre ellas un muelle junto al río Daule y una gran zona de bosque para acampar.
