Venezuela: se instala el Consejo Nacional de Economía con participación de gobernadores y alcaldes de todo el país
Hoy se instalará el Consejo Nacional de Economía Productiva en el Palacio de Miraflores, en Caracas. El presidente Nicolás Maduro convocó a la creación de esta instancia el pasado viernes 15 de enero, durante la rendición de su memoria y cuenta.
Este Consejo será dirigido por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, y su secretario será Luis Salas, vicepresidente de Economía Productiva. en la instancia «trabajarán todos los sectores, industriales, de la economía socio comunal, del campo, de la ciudad» para «ir configurando un mapa productivo de atención en tiempo real, de atención a las necesidades reales: atención y solución», explicó este viernes pasado el presidente de la República, Nicolás Maduro, citado por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Para esta primera plenaria están convocados a participar todos los gobernadores y alcaldes del país, así como los empresarios públicos y privados de la Nación, dijo Maduro en su mensaje anual.
El mandatario venezolano indicó que hoy presentará «los elementos claves de los nueve motores productivos y la articulación de los sectores públicos nacionales e internacionales en cada uno de estos».
Señaló que el principal objetivo será la generación de divisas ante la caída de los precios de barril de petróleo, que ha pasado de 100 a 24 dólares en los últimos meses. Por ello, llamó a crear una estructura que permita sustituir muchas partes, piezas y procesos de los sectores industriales y productivos, que antes dependían de las divisas.
«Hay que buscar soluciones que sustituyan y que permitan que toda la industria de servicios, la farmacéutica, la de limpieza, la de alimentos, la textil, la de calzado tenga sus materias primas, su inversión, sus piezas», indicó.
Las propuestas que surjan de esta instancia de economía se sumarán al plan que está elaborando el Ejecutivo Nacional para garantizar 50 rubros y servicios vitales para el país, en un lapso de tres años, a partir de los nueve motores de la economía considerados por afrontar la emergencia económica.
Estos nueve motores son: hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, construcción, industrias, industria militar y turismo.
«Lo vamos a aplicar entre 2016 y 2018 por fases, para garantizar la atención de los servicios, bienes a nuestro pueblo», señaló en la Asamblea Nacional, donde precisó que en materia agroalimentaria se trabaja en los planes de arroz, frijol, carne y leche.
Fracción de la MUD debate hoy decreto de emergencia económica
La bancada de la unidad se dio el fin de semana para revisar por separado el texto del decreto de emergencia económica, dictado el viernes pasado por el Ejecutivo. Hoy la fracción sostendrá una reunión para debatir las observaciones que cada partido tiene al respecto. Además, los parlamentarios ofrecerán sus puntos de vista desde la perspectiva de las comisiones permanentes a las que pertenecen.
La voz cantante la llevarán las comisiones de Contraloría, Política Interior, Desarrollo Social Integral y Finanzas, que son las relacionadas directamente con los temas de controles del gasto, protección de derechos y economía. Sin embargo, no adelantaron opiniones.
“Tal como está el decreto, hay que hacer una revisión profunda. Tenemos muchas observaciones pero no quiero adelantar la opinión de Voluntad Popular ni de la MUD porque adoptaremos una postura común”, indicó Freddy Guevara presidente de la Comisión de Contraloría.
“Actuaremos juntos, como fracción. La posición oficial nuestra será anunciada en conjunto”, insistió Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior.
De lo que sí hablaron Guevara y Solórzano fue de los malos recuerdos que les traen los términos en los que está redactado el decreto. Ambos coincidieron en una palabra: corrupción.
“Este decreto se parece al decreto de emergencia eléctrica que aprobó el gobierno años atrás y que significó la mayor estafa a la nación. Una olla de corrupción en el otorgamiento de licitaciones. Repetir ese cheque en blanco sería un error”, dijo Guevara.
“Como venezolana y como diputada, esperaba más. Tal y como está planteado, el decreto no responde a las expectativas de un país en la terrible circunstancia económica que vivimos. La eliminación de barreras para las licitaciones, por ejemplo, significa más corrupción”, apuntó Solórzano.
La trampa. El ex contralor general de la república Eduardo Roche Lander rechazó el decreto ejecutivo: “Es una trampa que el gobierno pone a la AN para que esta lo niegue y luego responsabilizarla del grave problema económico del país. El único responsable de la situación que estamos viviendo es el gobierno, que tiene 17 años destruyendo la economía”.
Roche sostuvo que se trata de una normativa confiscatoria “que busca apoderarse de lo poco que queda de la infraestructura económica productiva del país”.
El coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, recomendó al Legislativo consultar a la ciudadanía sus opiniones sobre el tema y advirtió que el instrumento da poderes especiales a las comunas y miembros del “Parlamento Comunal” para participar en su aplicación.
“Esto traería como consecuencia posibles extorsiones hacia los pequeños comerciantes. Además, el texto permite al gobierno disponer de los bienes privados que considere necesarios; esto crea miedo en el mediano y pequeño comerciante que de un plumazo puede perderlo todo”, dijo Rojas.
La Asamblea Nacional tiene ocho días contados a partir de la publicación del decreto para aprobarlo o rechazarlo. El lapso culmina el viernes 22 de enero. El sábado, el segundo vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla, indicó que la bancada opositora consultará no solamente al Ejecutivo para que explique las implicaciones del decreto, sino también a sectores productivos y a economistas para que ofrezcan sus puntos de vista.
RECURSO
El Dato
El Decreto de Emergencia Económica o Decreto 2184, fue publicado en la Gaceta Oficial 40828, el viernes 15 de enero. El mismo consta de 10 artículos que engloban, entre otros, los siguientes aspectos: da potestad al gobierno para omitir los requisitos vigentes para trámites de importación; permite al Estado establecer sus propios requisitos para agilizar sus compras y la nacionalización de mercancía; permite al Estado obviar los trámites cambiarios establecidos por el Cencoex para la importación. Así mismo, el decreto faculta al Ejecutivo para requerir a las empresas públicas y privadas incrementar el abastecimiento de determinados insumos; y permite al Ejecutivo dictar otras medidas (no especificadas en el decreto) para resolver la situación de emergencia.
