Fondos buitre: Gobierno argentino promete propuesta de acuerdo en dos semanas
La Argentina expuso ante Daniel Pollack su «buena fe y voluntad» y le aseguró al «special master» que habrá una propuesta concreta para empezar a negociar en la semana del 25 de enero. El anuncio lo hizo ayer el secretario de Finanzas, Luis Caputo, al salir anoche de la reunión en el despacho del abogado neoyorquino, donde después de un año y medio los representantes del país y de los fondos buitre se vieron las caras y reiniciaron formalmente el dialogo para terminar con el «juicio del siglo». «En la semana que comienza el 25 de enero presentaremos una propuesta a los holdouts», dijo el enviado, que ante el «special master» reclamó que los buitres discutan también de «buena fe» y que suspendan y eventualmente retiren de los diferentes tribunales de los Estados Unidos todas las demandas que existen contra el país en paralelo al «juicio del siglo». En el listado de acusaciones, algunas con sentencia firme contra el país, figuran la aplicación del Discovery, las embestidas contra YPF en California, la situación del Bank of New York Mellon (BoNY) y el rol del Citibank, entre otras. Fuentes cercanas a los negociadores que estuvieron presentes en la larga tarde de ayer en Nueva York confirmaban que la primera reunión abierta y cara a cara de delegados de la Argentina y los representantes legales de los fondos buitre desde julio de 2014, comenzó formalmente en el bufete del «special master» en Park Avenue 245, sin fecha de finalización. De hecho, ayer en conferencia de prensa, el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay adelantó que «no va a durar ni 15 años ni 48 horas».
Esto le quedó claro a Daniel Pollack, que al salir anoche de su elegantísima oficina, serio y más que abrigado para protegerse del implacable frío invernal neoyorquino, sólo declaró que no tenía «nothing to say tonight» (nada para decir esta noche). Aclarando además que, por primera vez desde que aceptó este cargo y se reunió con enviados argentinos, tampoco habría comunicado oficial; algo que es una tradición para este tipo de encuentros y trabajos.
Fuentes judiciales norteamericanas aseguraban que en realidad el de ayer por la tarde resultó un «primer round de estudio», en una pelea que amenaza con tener un final seguro (a diferencia de lo que dejaron las negociaciones en los tiempos de Axel Kicillof), pero que éste puede ser de largo alcance y demorar más de lo que en principio tanto los fondos buitre como los acreedores esperaban. En cierto sentido, tanto el «special master» como los abogados de los fondos Elliott de Paul Singer, Olifant y Aurelius, se llevaron una desilusión: más allá de las declaraciones y de la posición de «buena fe» de parte del secretario de Finanzas Luis Caputo, el jefe de los negociadores locales, hay una actitud dura para discutir condiciones de salida del problema. Y lo más grave para la estrategia de los acreedores: por el lado de los enviados de Buenos Aires, no hay apuro; un factor con el que juega siempre la estrategia de los fondos buitre a la hora de tener resultados favorables.
De hecho desde Buenos Aires continuaban las críticas a Griesa, al considerar Alfonso Prat Gay que «de la sentencia, 30 centavos son de capital original y 70 centavos son intereses, pero dependiendo del bono que tomemos llegamos a nivel extremo de 5 centavos y los intereses 95»; lo que «no es necesariamente justo» y que «es una rentabilidad que no se encontró en ningún lugar del mundo en los últimos quince años». Calculó que la deuda con los acreedores en litigio es de un total de 9.882 millones de dólares, una cifra que además es lejana a los u$s 15.000 millones que considera Griesa incluyendo los reclamos de los «me too».
Lo único que fue expuesto ante Pollack ayer por parte de los representantes argentinos fue que así como hay una demostración de «buena voluntad» de parte del país algo parecido debe haber desde los demandantes. Si bien no se mencionó explícitamente, la referencia es a la cantidad de presentaciones judiciales que continúan abiertas en el tribunal de Griesa y otros juzgados de los Estados Unidos, y que fueron presentándose en diferentes momentos del «juicio del siglo» para complicar la posición de la Argentina.
Se incluye en el reclamo el caso más importante: la intención de los fondos buitre y el aval de Griesa a calificar de «ilegal» y «embargable» la colocación del Bonar 24, por un total de u$s 1.400 millones de abril de 2014. El juez aceptó un reclamo de Aurelius de septiembre del año pasado, por la que pide la prohibición de la colocación de deuda argentina fuera de EE.UU., extiende la causa a todos los bonos que eventualmente emita la Argentina y que se incorporen como parte de la deuda externa nacional, aun los que estén emitidos fuera de la jurisdicción norteamericana, incluyendo Buenos Aires. Esto complicaría la emisión de nueva deuda por parte del Gobierno de Mauricio Macri y abriría la posibilidad de presentaciones de parte de los fondos buitre contra el préstamo por unos u$s 8.000 millones que ya terminó de negociar el Banco Central con bancos internacionales como BBVA, JP Morgan, Santander, Goldman Sachs y Deutsche Bank.
Los abogados del fondo buitre Elliott también sostienen una presentación contra el país en San Francisco, California, en ese caso contra YPF y su asociación con la petrolera norteamericana Chevron. El juez que lleva esta causa, Jefrey Steven White, espera un aval de parte de Griesa para habilitar el Discovery, para luego avanzar en eventuales embargos contra ambas compañías por su sociedad. Elliott quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales innumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos. Pero lo más fuerte que presenta Elliott son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el «juicio del siglo» en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) a informar a cualquier juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. Se trata de la cláusula Discovery, una de las dos causas que debía definir la Corte Suprema y que falló en contra de la Argentina.
