Organizaciones exigen juicio para exministros de Defensa salvadoreños
Organizaciones sociales y no gubernamentales exigen que el exministro de Defensa José Guillermo García (1979-1983), vinculado a crímenes de lesa humanidad, sea enjuiciado en El Salvador.
El exmilitar de 83 años llegó la víspera deportado de Estados Unidos luego de que un tribunal en ese país lo hallara culpable de múltiples violaciones a los derechos humanos como asesinatos, masacres y torturas, entre otros, durante el conflicto armado (1980-1992).
El pasado 15 de diciembre, un tribunal de apelaciones ratificó su deportación, por lo que se convierte en el segundo exministro expulsado por Estados Unidos en menos de un año.
Nueve meses antes, el general Carlos Eugenio Vides Casanova, sucesor de García (1983-1989), llegó del país norteño, también después de haber sido condenado en 2002 -junto a García- en un tribunal civil por su responsabilidad en torturas y ejecuciones extrajudiciales en la guerra civil.
Al exministro se le relaciona con el asesinato de Monseñor Romero, de cuatro monjas estadounidenses ocurrido en 1981, la masacre de El Mozote, y otros crímenes cometidos en el país mientras fue titular de Defensa.
La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Mirna Perla, esposa de un activista de derechos humanos Herbert Anaya, asesinado en 1987, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces que han jurado obedecer la Constitución, para reabrir los casos bajo su responsabilidad.
“En El Salvador no hay ninguna excusa, la Constitución establece que es un derecho fundamental el acceso a la justicia y el acceso a la verdad se ha trabajado como parte de ello en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
Perla, del colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya” y del Movimiento 5+, recalcó que las 11 masacres a las que se le vincula al exministro, son delitos imprescriptibles.
Ninguno de los dos exministros están procesados en El Salvador porque una discutible amnistía general de 1993, promulgada por el entonces presidente Alfredo Cristiani, supuestamente beneficia a quienes cometieron delitos de lesa humanidad.
