Pese al amplio rechazo, el Gobierno defiende decreto que designa a jueces de la Corte
¿Qué llevó al presidente Mauricio Macri a designar en comisión a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desatar la primera crisis de su mandato a una semana de haber asumido? Dentro de la Casa Rosada sus funcionarios dicen que desconocen las razones, pero defienden la decisión y no ponen en duda la vigencia del decreto firmado por el mandatario para nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Los juristas ocuparán los dos cargos vacantes del máximo tribunal, presidido por Ricardo Lorenzetti, el mismo magistrado a quien el oficialismo le cuestiona el último fallo sobre coparticipación que reconoció a tres provincias la existencia de deudas millonarias que ahora el Ejecutivo busca renegociar para evitar un efecto dominó. En el Decreto 83/2015, publicado ayer en el Boletín Oficial, el nuevo Poder Ejecutivo argumenta que «es absolutamente necesario que la Corte se encuentre en condiciones plenas de funcionamiento a la mayor brevedad posible, por lo que resulta procedente la designación de dos juristas para integrar el Alto Tribunal» y luego agrega que «las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran», aunque «en el actual contexto no podrán adoptarse decisiones jurisdiccionales que no cuenten con la unanimidad de los tres actuales integrantes del alto Tribunal».
El texto responde a un obstáculo de origen que tiene Cambiemos en el Congreso Nacional, donde no controla ninguna de las dos Cámaras. Hasta ayer el Ejecutivo no había ofrecido señales de convocar a sesiones extraordinarias, una potestad del presidente. Sin embargo, el tema, además de durísimas críticas, desató versiones contradictorias dentro de la coalición de gobierno. Por la mañana el presidente provisional del Senado Federico Pinedo defendió la ausencia de extraordinarias.
«El presidente designó dos destacados y respetados juristas, uno de extracción alfonsinista y otro peronista, ex ministro de (Néstor) Kirchner», dijo y opinó que «deberían ser leídas como un paso fundamental para la independencia de la justicia”, pero igual reconoció que «se harán los procesos de consulta pública y el Senado tendrá la última palabra». El mensaje fue difundido mientras mantenía un encuentro con senadores del Frente para la Victoria que le plantearon su «inquietud» sobre el decreto.
Voceros del titular del Senado relativizaron las palabras de la tarde, pero la jornada estuvo cruzada por versiones de ese tipo. El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que «es un mecanismo que prevé la Constitución Nacional» para casos en que el Congreso está en receso, y recordó que se trataba de «un pedido» expreso de Lorenzetti luego de que la Corte quedara reducida a sólo tres miembros. «Estos jueces serán miembros definitivoAs de la Corte solo si el Parlamento así lo decide», defendió la vicepresidenta Gabriela Michetti. Según el decreto los dos nuevos cortesanos podrán ejercer sin acuerdo hasta el 30 de noviembre, pero la vice de Macri dijo que será en marzo «cuando comience el trabajo de sesiones ordinarias en el Senado de la Nación». «No es verdad» que «esté eludiendo el Parlamento», sostuvo Michetti en un comunicado se justificó: «La corte no puede funcionar con tres miembros, si hay un desacuerdo.»
Rechazos
Desde todo el arco político opositor rechazaron la medida presidencial, pero el disgusto por los nombramientos de Rosatti y Rosenkrantz alcanzó también a la UCR, una de las patas de Cambiemos. Con la salvedad de Ernesto Sanz, férreo defensor de la alianza con el PRO, correligionarios como Ricardo Gil Lavedra, Julio Cobos y Ricardo Alfonsín cuestionaron el decreto firmado por Macri. El malestar alcanzó a organizaciones civiles como ACIJ, ADC y CELS, así como también a juristas que en los últimos años habían denostado varias de las medidas adoptadas por Cristina Fernández. «Tanto peleamos por evitar que haya subrogantes sin legitimidad y ahora vamos a tener jueces de la Corte sin legitimidad», bramó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. «Si esto lo hubiese hecho Cristina (Kirchner) estaríamos hablando de una dictadura», reflexionó el pampeano. Tanto él como sus colegas elogiaron a los magistrados elegidos para el máximo tribunal, pero criticaron la forma en que fueron designados. «Puede ser hasta contraproducente para ellos», consideró Gustavo Arballo, profesor de Derecho.
«Voté a un presidente que salió con un horror así, estoy muy triste. En cuanto a los antecedentes de ambos, inmejorables. En cuanto al procedimiento, de terror, de una inconstitucionalidad manifiesta», comentó Daniel Sabsay, otro constitucionalista. «Es una barbaridad. Un abuso de autoridad. Hay un mecanismo normal para llenar esto y es convocar a los presidentes de las Cámaras», le dijo al sitio Política Argentina el ex ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni.
Felix Loñ afirmó que las designaciones fueron válidas y especuló con que antes de emitir el decreto hubo conversaciones entre el oficialismo y la oposición.
Las ONG Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Poder Ciudadano y la Unión de Usuarios y Consumidores emitieron un comunicado conjunto en donde subrayan que el decreto firmado por Macri resulta un «grave retroceso institucional». Según explican en el texto la «independencia, imparcialidad y legitimidad de la Corte Suprema resultan gravemente afectadas si sus integrantes son designados por decreto, sin discusión pública previa y sin acuerdo del Senado».
Desde Sergio Massa a Margarita Stolbizer, pasando por Adolfo Rodríguez Saá, todos los ex candidatos presidenciales que hace unos pocos días habían posado sonrientes junto a Macri, mostraron los dientes en la jornada de ayer ante los nombramientos cortesanos. «Los nombres me parecen impecables, la forma me pareció horrible», dijo el líder del Frente Renovador. «¿Qué hubiese pasado si este decreto hubiese sido firmado por el gobierno anterior?», se preguntó el otrora alcalde de Tigre.
Stolbizer fue aún más dura. «Primer y grave traspié del Presidente Macri. Nombrar por decreto jueces en comisión a la Corte es un terrible retroceso institucional», escribió en su cuenta de Twitter. «No puede nombrar por decreto en comisión a los titulares del otro poder del Estado. ¿Qué independencia podrían tener con ese mecanismo?», lanzó la líder del GEN.
El puntano Adolfo Rodríguez Saá se sumó a sus antiguos rivales. «Estoy sorprendido porque no pensábamos que se iba a utilizar este procedimiento», dijo el senador peronista.
El ex gobernador cordobés José Manuel De la Sota le envió un mensaje al líder amarillo. «Construyamos una república entre todos, gobierno y oposición. No se logrará nombrando jueces provisorios de la Corte por decreto», aseveró.
