Sin acuerdo, oposición posterga la designación del nuevo presidente del Parlamento
Después de dos días de reuniones, los jefes de los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que sumaron diputados ganadores el pasado 6 de diciembre, no alcanzaron consenso en la designación del nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN).
En este sentido, se decidió que será escogido por votación secreta de los 112 parlamentarios electos.
Será el domingo 3, dos días antes de la instalación de la AN, cuando el pleno de la nueva mayoría parlamentaria voten por escoger al diputado electo que presidirá el Parlamento para el primer período ordinario de sesiones.
De acuerdo a lo informado por el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, la presidencia se decidirá entre Henry Ramos Allup (AD) y Julio Borges (PJ), tal como se había señalado en los últimos días.
Impugnaron ocho diputados ante el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió este martes recursos interpuestos por el partido oficialista contra ocho diputados opositores electos en los comicios del pasado 6 de diciembre, lo que amenaza la poderosa mayoría calificada que obtuvo la oposición.
Como «nuevo asunto ingresado» de la Sala Electoral del TSJ figura la impugnación de estos legisladores que resultaron vencedores en seis circuitos electorales en los estados, según reseña la web del máximo tribunal de Venezuela, suscrita por la presidenta de la Sala, la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre.
La lista de los expedientes, conocida este martes, está suscrita por la presidenta de la Sala Electoral, la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre.
«La cúpula derrotada introduce ante el TSJ seis nuevos recursos contra la voluntad del pueblo expresada» en los comicios, afirmó este martes el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
Según el dirigente opositor, citado en un boletín de prensa de la MUD, «la Sala Electoral suspendió sus vacaciones para recibir los recursos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)».
La MUD citó los seis expedientes que afectarían su victoria en circuitos de los estados Amazonas, Aragua y Yaracuy, y en la circunscripción especial indígena de la región sur, que abarca varias entidades federales.
Los recursos incluyen «medida cautelar de suspensión de efectos» para cada caso, lo que evitaría que estos diputados electos ocupen sus curules en la instalación de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero, que será ampliamente dominada por la MUD tras ganar 112 asientos de 167 en disputa frente al chavismo.
Esa mayoría calificada de dos tercios le permitiría a la oposición, entre otras facultades, remover funcionarios, buscar una salida anticipada del presidente, aprobar reformas económicas y una amnistía para presos políticos.
El pasado martes 22 de diciembre, la MUD ya había denunciado públicamente y ante organismos como Mercosur, OEA y Unión Europea esta ofensiva del oficialismo, calificándole entonces como un «intento de golpe de Estado judicial».
No obstante, poco después de esa denuncia de la oposición el TSJ aseguró que la Sala Electoral no había recibido ninguna acción judicial de impugnación de los resultados de las elecciones, y advirtió que esas informaciones «malsanas» afectaban el clima de paz del país.
El actual parlamento -dominado por el chavismo y que tiene vigencia hasta el próximo 4 de enero- en sus últimos días convocó a sesiones extraordinarias y el pasado 23 de diciembre designó magistrados al TSJ, órgano que será clave para dirimir las disputas entre la oposición y el oficialismo en la Asamblea Nacional.
La MUD evalúa varias estrategias para declarar nula la designación de magistrados, destituirlos, o cambiar la composición del TSJ, explicó Torrealba a la AFP.
A pocos días de la instalación del nuevo parlamento, el conflicto político tiende a aumentar en una Venezuela ya agobiada con la inflación más alta del mundo -200% en 2015 según cálculos privados- y una severa escasez de productos básicos, lo que Maduro atribuye a una «guerra económica» de empresarios de derecha y la oposición al modelo centralista oficial.
