Puerto Rico: Gobernador señala que la crisis fiscal es “real” y que la isla entraría en default en enero
El gobernador Alejandro García Padilla reconoció ayer, martes, que al vencer el pago de la deuda pública de $900 millones el primero de enero entrante, es probable que haya “un default (impago)”.
Dijo asi mismo, que no puede fingir un impago y criticó a los sectores que ponen en entredicho que la crisis fiscal en el país sea real.
“El problema es bien complejo y hay personas atendiéndolo de manera superficial”, sostuvo García Padilla al ser preguntado por periodistas si había alguna estrategia de su administración de presentar un escenario más difícil del que existe.
Dijo que a ningún político le conviene presentar un escenario peor que el que se tiene.
“A todos los políticos les conviene presentar un escenario mejor que el que tienen”, afirmó a preguntas de la prensa luego de entregar siete becas a estudiantes universitarios, hijos de policías caídos en el cumplimiento del deber, durante una ceremonia en el Jardín Botánico en Río Piedras
“No se puede decir que tengo los chavos para pagar los bonos, que le debo $300 millones de pesos a los suplidores, que estamos atrasados en el pago de los reintegros y decir que no hay crisis real. Lo que yo no puedo es fingir un impago”, dijo García Padilla.
“Si yo tengo el dinero y no lo uso para pagar las obligaciones que tiene el gobierno, en el tribunal el caso se va a caer en dos segundos porque si el dinero está tengo que usarlo para pagar”, insistió.
Dijo que con el dinero del “clawback”, en referencia al recurso mediante el cual el Departamento de Hacienda ha retenido fondos a las corporaciones públicas y el reintegro, que no ha sido enviado a los contribuyentes, pagarían parte, pero no la totalidad de la deuda que vence el primero de enero de 2016.
“Hacer un pago total va a ser poco menos que imposible. Si se hace un pago parcial, qué bonos pagar, es una evaluación que se está haciendo pero sin duda alguna, de los bonos que van a estar pagándose en enero, es muy poco probable que no haya un ‘default’ en todo o en parte”, afirmó el Gobernador.
Reconoció que los acreedores podrían instar una demanda de cobro contra el Gobierno y culpó al Congreso de Estados Unidos por no incluir a Puerto Rico en el ómnibus presupuestario. “El Congreso negó una ley de justicia para Puerto Rico”, sostuvo.
“Estuvimos a punto de lograrlo. Faltó voluntad de algunos republicanos y faltó el Comisionado Residente (Pedro Pierluisi) que se vino para acá a recoger endosos”, indicó García Padilla.
Dijo que la mayoría republicana no dio paso al proyecto de la portavoz demócrata, Nancy Pelosi, para otorgar una moratoria hasta marzo de 2016, en lo que el congreso federal aprobaba una medida para ayudar a Puerto Rico a manejar su deuda. “Allí no estaba Pierluisi”, dijo.
“Yo renuncié a mi candidatura por defender a Puerto Rico. Pedro Pierluisi faltó a su trabajo por defender su candidatura”, reafirmó para agregar que no tenía a la mano la cantidad que han acumulado del “clawback” o mecanismo de retención.
En cuanto al Bono de Navidad, creado mediante ley en 1969, el Gobernador dijo que “es parte de la compensación” de los trabajadores. “El gobierno no tiene en la ley la libertad que tiene la empresa privada de someter sus papeles al Departamento del Trabajo y no pagar. En el Gobierno es parte de la compensación. Por eso yo busqué hasta debajo de las piedras para pagarlo”, aseguró.
Listos en Justicia para demandas por impago
Los dias prácticamente están contados para que comiencen a concretarse nuevos impagos de la deuda del Estado Libre Asociado (ELA) y se dispare un cruce de acciones legales levantadas por fondos de inversiones, bonistas, suplidores del gobierno y toda suerte de acreedores a los que se les incumpla parcial o totalmente.
La ruta está hecha y así lo reconocen no solo economistas y legisladores. El gobierno y su equipo económico lo tienen muy claro.
La complejidad del asunto es lo que agravará la crisis fiscal y la búsqueda de una solución, para lo cual el Departamento de Justicia requerirá una preparación y peritaje mayor, al enfrentarse a la defensa de un evento único en la historia de Puerto Rico. El secretario de Justicia, César Miranda, dijo anoche a EL VOCERO que están preparados y sobre cómo se siente expresó: “yo me siento tranquilo de que podamos reaccionar con prontitud”.
“Nosotros llevamos un tiempo en preparación para la eventualidad de que se puedan presentar algunas demandas en corte. Empezamos cuando tomamos la decisión para aguantar la retención de ciertos (fondos) a acreedores con lo del ´clawback´. Alguien podría alegar que eso constituye una acción de incumplimiento”, expresó Miranda a preguntas de este diario.
Detalló que ya conformaron un equipo interno para atender lo que pueda ocurrir, al cual se unirán algunos abogados externos que poseen experiencia en este tipo de eventos. “Y ante la variedad de jurisdicción o cambio de jurisdicciones estamos haciendo los contactos con los recursos en Estados Unidos. Hemos tratado de cubrir todas las bases y tratando de estudiar las posibles controversias para hacer la mejor representación posible”, explicó Miranda.
Aclaró que aunque es alta la posibilidad, “como va a fluir esto todavía no lo sabemos si va a haber un incumplimiento con algunos de los acreedores”. Mencionó que algunas de las deudas con vencimiento y afectadas por el ´clawback´ tienen reservas.
Uno de los eventos más dramáticos de impagos en la historia reciente ocurrió en Argentina, y al cabo de una década son claros los resultados de una cadena de sucesos que parecen no tener fin. Esta semana, según informes de The Asosciated Press, el gobierno del país suramericano aceptó negociar con sus bonistas estadounidenses, los cuales buscan recuperar $10,000 millones. Esa negociación comenzará en Nueva York en enero, luego de una prolongada lucha judicial cuyo efecto ha sido aislar a la Argentina de los mercados inversores, que en 2001 dejó de pagar por su deuda ascendente a $100,000 millones.
En el caso de Argentina, una parte considerable de sus acreedores aceptaron en 2005 y 2010 un intercambio por bonos de menor valor, con la exclusión de los “hedge funds” o fondos de cobertura que mantuvieron recursos legales y los ganaron.
En Puerto Rico, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, sostiene que siguen en el diseño de un “superbono” para intercambiar la deuda actual de los acreedores por otro instrumento, pero con un recorte de principal.
El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, dijo ayer a EL VOCERO la situación para la Isla se va a complicar más y advirtió que “esto va a ser un cruce de pleitos (legales) que no se va a detener y son casos que no se van a ventilar aquí porque hay un asunto de jurisdicción de los que levanten los recursos”.
De acuerdo con Hernández, las demandas surgirán primero de los acreedores a los que se les deje de pagar, como se anticipa que ocurrirá con la autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Reclamarán a la corporación y al gobierno central el fideicomisario que deje de recibir los fondos para pago de deuda, y se reclamará contra los acreedores de los bonos de las obligaciones generales (GO´s), que serán los primeros en la prioridad de pago y a donde llegarán los fondos que no reciban otros.
“Estamos hablando de un asunto bien complejo. Y vendrán los acreedores y suplidores del gobierno, y de las agencias y corporaciones. Todo el mundo que tenga una base de reclamo”, agregó Hernández, y dijo que serán muchas demandas “lamentablemente de una forma no muy organizada, por el cruce de incumplimientos”.
De entrada, señaló, mediará la certificación de las finanzas públicas para evidenciar que en efecto no está el dinero suficiente y poder identificar el orden de prioridades para cubrir la deuda garantizada y estimar los servicios de prioridad para los ciudadanos.
La economista Heidi Calero señaló que en este momento “estamos solos y la solución está en nuestras manos, y tenemos que implantarla… hay que tocar fondo para empezar a recuperar”.
Calero dijo que ante la cercanía del primero de enero de 2016, cuando vencen sobre $902 millones en intereses y principal de diferentes emisores del ELA, es altamente probable que no se puedan detener algunos impagos, pero le seguirán los vencimientos de las obligaciones generales hasta julio del nuevo año.
Según datos oficiales del BGF sobre el servicio de la deuda, solo de los GO´s entre agosto pasado hasta julio próximo, corresponden poco más de $1,127 millones y hasta enero con el pago de intereses por $331.6 millones (si se honra esta cantidad), se habrán pagado sobre $339.3 millones. Eso quiere decir que entre febrero y julio siguen pendientes $787.6 millones, en GO´s solamente, que es la prioridad constitucional de pago.
Hasta julio de 2016 el total de la deuda para este año fiscal (incluido el mes de julio) es $5,039 millones.
“Hay que tomar decisiones. Decir, estas son las decisiones difíciles. Reducir agencias del gobierno, hay que salir de empleados públicos… Son decisiones antipáticas pero son de líderes. A este país le cambio la vida y si quiere estar otra vez en la ruta de la recuperación, pues que ponga a este país en esa ruta”, sentenció Calero.
