El Gobierno argentino confirma que empezará a negociar con los fondos buitre en enero
A partir de la segunda semana de enero las autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas comenzarán a negociar con los fondos buitre favorecidos por las órdenes del juez de Nueva York, Thomas Griesa. El escenario para la discusión serán las oficinas del estudio McCarter & English en la ciudad de Manhattan donde trabaja Daniel Pollack, el mediador impuesto por la Justicia estadounidense para acercar a las partes. Con ese abogado se reunieron ayer durante una hora el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Definieron un cronograma de reuniones que guiará las conversaciones con aquellos acreedores cuyos reclamos suman aproximadamente 10.000 millones de dólares gracias a la fórmula convalidada por el octogenario magistrado.
El nuevo equipo económico pretende cancelar esas sentencias emitiendo deuda. Incluso cuando se alcance una salida con esos demandantes, para poner en marcha un acuerdo, el ministro Alfonso Prat-Gay deberá impulsar cambios en el plexo normativo que impide ofrecer mejores condiciones financieras a las entregadas durante la reestructuración. Los inversores carroñeros cobijados por Griesa representan solo una porción del 7,6 por ciento de los bonistas que rechazaron las ofertas de canje de 2005 y 2010. “La reunión fue constructiva, abarcó una serie de cuestiones y se acordó que van a regresar a la ciudad de Nueva York en la segunda semana de enero para iniciar negociaciones sustantivas con los tenedores de bonos”, sostuvo Pollack a través de un comunicado. La primera aproximación con el abogado tuvo lugar diez días atrás. Antes de asumir como responsable del área de Finanzas, Caputo visitó al Special Master para transmitirle la voluntad del nuevo gobierno de recurrir a sus servicios de intermediación para canalizar las negociaciones. “Se acordó un cronograma de encuentros a llevarse a cabo durante el mes de enero con el objeto de arribar a una solución al largo litigio en el juzgado de Nueva York”, confirmó Hacienda y Finanzas. Además del ex directivo del Deutsche Bank, en el segundo convite estuvo presente Quintana, funcionario del equipo de Marcos Peña que fundó el fondo de inversión Pegasus y presidió la cadena Farmacity hasta su llegada al gobierno.
Una resolución definitiva para el conflicto exige la participación de la totalidad de los tenedores de bonos en default. Alcanzar un acuerdo con el 7,6 por ciento de los acreedores requerirá entre 10.000 y 22.000 millones de pesos, dependiendo de las quitas sobre el capital y la extravagante fórmula convalidada por el tribunal.
La estrategia propuesta por Prat-Gay es avanzar por etapas. Con el objetivo de despejar el riesgo legal en el frente financiero y rehabilitar el acceso al mercado, las negociaciones comenzarán con los buitres encabezados por Elliott Management de Paul Singer. En ese grupo inicial se insertan también los denominados “me too”, fondos carroñeros que poseen beneficios similares en los tribunales del Distrito Sur de Manhattan.
“Primero vamos a Nueva York, donde está el problema jurídicamente más abroquelado, somos conscientes de que eso es la mitad del problema, luego queda el resto”, anticipó Prat-Gay. Condición necesaria para instrumentar el potencial acuerdo será la modificación (o derogación) de la ley de Pago Soberano sancionada el año pasado.
Parte de la estrategia de fortalecimiento de las reservas y endeudamiento externo prevista por Prat-Gay está restringida legalmente por la amenaza buitre. De hecho, la primera colocación de deuda del nuevo gobierno utilizará un canal indirecto a través del Banco Central cuyos activos son considerados inembargables por la Justicia estadounidense. La autoridad monetaria tomará a principios de enero un préstamo de corto plazo por más de 5000 millones de dólares con bancos extranjeros. La línea de financiamiento que ofrecen entidades como JP Morgan, HSBC, Citibank, Deutsche Bank y Goldman Sachs exige que la autoridad monetaria “alquile” títulos públicos como garantía. Para eso, convertirá un pasivo intransferible entre organismos estatales en títulos de deuda externa que pagarán una tasa de interés más elevada.
