El acuerdo sobre víctimas: mucha verdad, mucha reparación y poca justicia (Colombia) – Por Juanita León
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Sacar adelante el Acuerdo sobre Víctimas publicado ayer era quizás lo más difícil de todo el proceso de paz con las Farc, y por eso con él ya logrado, la firma del acuerdo final se vuelve prácticamente irreversible. El desafío de este acuerdo era lograr ser satisfactorio para los colombianos, y en particular para las víctimas, y pasar el examen de la justicia penal internacional.
Aunque ambas cosas están por verse, si este acuerdo se cumple mínimamente, las víctimas obtendrán mucho más verdad de la que tienen hoy, serán mucho más y mejor reparadas pero a cambio de eso, obtendrán solo un mínimo de justicia.
El desafío
Sacar el acuerdo sobre este punto era particularmente difícil por dos razones.
Por un lado, porque la guerrilla considera que dado que se sublevó contra el Estado colombiano y no fue derrotada en el campo militar, no tenía por qué someterse a las leyes y las instituciones del país, que desde su perspectiva no son sino la expresión de los intereses de la oligarquía que los ha oprimido y excluido.
Por el contrario, el Gobierno tenía el reto de conseguir un acuerdo con las Farc que fuera aceptable dentro de la Constitución y que respetara los tratados internacionales que ha firmado, particularmente el Estatuto de Roma, que dice que los crímenes atroces no pueden quedar en la impunidad.
Por otro lado, estaba la dificultad que las Farc, lejos de reconocerse como victimarias, se veían -y en gran medida se siguen viendo- como víctimas. Víctimas de un régimen excluyente, asesino y opresor. Y que el Establecimiento, por su parte, lejos de reconocer que se han cometido múltiples crímenes de Estado, se veía y se sigue viendo como líder de una sociedad democrática, con algunas manzanas podridas, que ha sido víctima de las agresiones de la guerrilla.
Partiendo de estos dos dilemas, la Mesa de Negociación trabajó durante casi año y medio para sacar adelante el sistema de justicia transicional que anunció ayer.
Para resolver el primer dilema, creó nuevas instituciones como la Comisión de la Verdad o el Tribunal de Paz, que no surgen de una reforma constitucional sino de un acuerdo bilateral de la Mesa de Negociación. Y definió que el Tribunal de Paz se regirá bajo el Derecho Internacional Humanitario (las reglas de la guerra) y no las leyes ordinarias colombianas.
Estas dos soluciones le facilitaron a las Farc someterse a la justicia transicional (que rechazaban de plano en un inicio) porque no exigía que a nivel simbólico o práctico tuvieran que aceptar la justicia o las leyes del enemigo como si hubieran perdido la guerra.
Para el Gobierno era una solución aceptable puesto que el derecho a la paz le daba el fundamento constitucional para crear un régimen de excepción. Y tratados internacionales como los convenios de Ginebra firmados por Colombia, hacen que el DIH rija el comportamiento del Estado en la guerra.
Con la ventaja adicional de que los militares, que al principio también mostraron mucha resistencia a la justicia transicional, llevan años pidiendo que sus acciones sean juzgadas a la luz del DIH y no del derecho penal ordinario o los derechos humanos.
Para resolver el segundo dilema, desde junio del 2014 y ante la presión de que el candidato uribista iba ganando las encuestas para las elecciones presidenciales, los negociadores del Gobierno lograron acordar con las Farc unos principios de respeto a las víctimas que incluía satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia, la reparación y la no repetición.
Esto era coherente con el diseño inicial del proceso de paz por parte del comisionado de Paz Sergio Jaramillo y el guerrillero ‘Mauricio Jaramillo’, que ponía a las víctimas en el centro del Acuerdo. Pero lo que las Farc y el Gobierno entendían por justicia difería sustancialmente.
Mientras las Farc perseguía una justicia meramente restaurativa (que tendiera a restablecer los vínculos rotos por el conflicto pero que no buscara un castigo), el Gobierno necesitaba que hubiera una condena judicial para que el acuerdo fuera sostenible en el tiempo no solo frente a los colombianos sino también frente a la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Justicia, y jueces internacionales.
El acuerdo final es el resultado de ese pulso.
Lo que cede cada uno
La justicia transicional tiene tres patas: la verdad, la justicia y la reparación. Y los expertos dicen que casi siempre los acuerdos de paz que se logran privilegian una o dos de ellas para compensar la deficiencia de la tercera. El caso colombiano no es la excepción.
Tras leer las 63 páginas del acuerdo sobre víctimas, es evidente que el Sistema de Justicia Transicional busca el máximo de verdad y de reparación a cambio de un mínimo de justicia. Todo enmarcado dentro del objetivo superior de ponerle fin al conflicto armado y evitar que se repita.
El acuerdo, como ya se había anunciado a fines de septiembre y explicado en La Silla en este artículo, crea una Comisión de la Verdad, de carácter extrajudicial, que busca propiciar una narrativa mínimamente compartida de qué fue lo que pasó en el país durante todas estas décadas de conflicto armado.
La Comisión tiene el mandato de identificar patrones, prácticas y hechos de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la guerrilla, de los paramilitares, y de agentes del Estado.
Si este acuerdo se cumple como se pactó, nueve meses después de la firma del Acuerdo Final el país entrará en un proceso de catarsis colectiva de dimensiones que no se han visto en Colombia. El acuerdo ordena crear espacios nacionales, regionales y locales, para que en audiencias públicas, los colombianos podamos oír las historias de sufrimiento de las víctimas y el reconocimiento y arrepentimiento por parte de los victimarios del dolar causado.
Este proceso, que por ejemplo se vivió en Sudáfrica tras el fin del apartheid, si se hace seriamente suele ser muy doloroso y busca que nadie pueda negar después que lo que ocurrió ocurrió.
Mucha gente del Establecimiento todavía desconoce o niega que los militares, la policía o el DAS hayan desaparecido gente. Las Farc, por su parte, niegan que hayan violado mujeres. Si se hace en serio el proceso, después de la Comisión de la Verdad esas negaciones serán imposibles.
Un proceso así de verdad, si se hace bien, logra romper el círculo vicioso de la guerra pues permite llegar a las raíces y a los máximos responsables de la violencia y despojarlos de su poder simbólico y real.
Pero si se hace mal, profundiza las heridas y el odio, debilita las instituciones, y provoca venganzas que en cambio de ponerle fin al conflicto armado lo perpetúan y agudizan.
Para evitar que esto sucediera, en Sudáfrica fue clave el liderazgo moral y político de Nelson Mandela que logró crear un discurso de reconciliación que si bien no logró que blancos y negros superaran su odio sí evitó que se siguieran matando.
Dado que en Colombia no existe un líder de ese tipo, seguramente el éxito de esta Comisión de la Verdad dependerá de qué tanta confianza inspiren en la ciudadanía los 11 comisionados que la integrarán. Esto serán elegidos por un comité, que a su vez estará compuesto por seis integrantes escogidos de común y acuerdo por las Farc y el Gobierno y otros tres que serán delegados por 3 personas u organizaciones que acuerden en la mesa y que sean respetados por todos, tipo el Papa.
En todo caso, existe un poderoso incentivo para contar la verdad en esta Comisión y es que el reconocimiento pleno de lo que se hizo es una condición ineludible para recibir beneficios judiciales en la jurisdicción de paz.
La justicia
El pulso en la negociación sobre la justicia, una vez superados los dilemas grandes iniciales, giró alrededor del tipo de justicia que se debía aplicar. Las Farc estaban dispuestas solamente a someterse a una justicia restaurativa, cuyo objetivo es restablecer el vínculo entre víctima y victimario y entre ambos y la sociedad. No a un castigo.
Para el Gobierno, que hubiera una condena era una línea roja, puesto que de lo contrario el acuerdo no cumplía con los mínimos estándares internacionales y además era inaceptable para los colombianos.
Al final, ambas partes consiguieron algo y sacrificaron algo, pero quizás no en la misma medida. Las Farc sacrificaron mucho a nivel simbólico y menos a nivel práctico, mientras que el Gobierno lo hizo de manera inversa.
El Gobierno logró que las Farc se sometieran a una justicia penal que desemboca con una condena judicial. Esto fue un logro puesto que simbólicamente para la guerrilla es duro aceptar ser juzgadas como victimarias y condenadas por delitos atroces, dada su concepción de sí mismas como ‘Ejército del pueblo’ en contra de un Estado opresor.
También consiguió que si no cuentan toda la verdad y el Tribunal de Paz les comprueba que sí son responsables de un delito que no admitieron, la ley ordinaria colombiana las condene a cárcel hasta por 20 años.
Las Farc, por su parte, lograron que la mayoría de los guerrilleros sean amnistiados, que el acuerdo permita su participación política sin limitaciones y que no haya extradición. Y que los que cometieron delitos atroces, si cuentan la verdad (o por lo menos la que eventualmente el Estado les podría probar), no tendrán que pagar un día de cárcel por ellos.
Su pena serán las medidas de reparación que les imponga el Tribunal de Paz, cuyos magistrados no serán elegidos por la mesa de negociación pero tampoco es claro quién y cómo se nombrarán.
Si el Estado les logra demostrar que tienen bienes, tendrán que indemnizar a sus víctimas con plata. Y tendrán una restricción efectiva de la libertad que los obligará a dormir en un sitio específico (por ejemplo su casa en tal municipio, lo que podría convertirse en una restricción práctica a su participación en política, por lo menos en lo nacional), a pedir permiso para moverse por fuera de un territorio determinado (que podría por ejemplo ser una zona de reserva campesina o unos municipios específicos); y a hacer unos trabajos específicos.
El grado de esta sanción las decidirá en cada caso el Tribunal de Paz.
Estas penas se les aplicarán durante entre cinco y ocho años a los que cometieron delitos internacionales más graves, y entre dos y cinco a los que cometieron delitos atroces pero no los más graves.
La mayoría de los trabajos a los que podrían verse condenados los guerrilleros son los trabajos en los que los jefes de las Farc tienen interés en participar porque a mediano plazo les ayudará a crear una base política en los territorios bajo su influencia. Que será justo donde se crearán las Circunscripciones de Paz que les permitirán, eventualmente, llegar con un umbral más bajo a la Cámara de Representantes.
En la práctica, los guerrilleros condenados serán la mano de obra y los que ejecutan los planes de desarrollo rural definidos en el acuerdo sobre el agro.
Esta fórmula de sanción tiene el efecto práctico y el beneficio para el Gobierno y los colombianos que mantiene a los guerrilleros en sus zonas de influencia, lo que hace más difícil que los maten o que lleguen a las ciudades a engrosar las organizaciones criminales; y los mantienen bajo el control de sus jefes tradicionales, lo que en principio debería evitar que salgan a engrosar las filas del ELN, el EPL o las bandas criminales y de narcotraficantes.
También facilita las labores de desminado y de erradicación de cultivos ilícitos (los dos trabajos más difíciles a los que también podrían ser condenados). Y su participación en los espacios locales de reconocimiento y pedida de perdón a sus víctimas.
A pesar de estas ventajas, y del hecho de que quienes no reconozcan sus delitos de manera voluntaria, serán condenados a entre 5 y 20 años de cárcel, para el más del 70 por ciento de colombianos que esperaba ver a los guerrilleros pagando cárcel (como lo hicieron los jefes paramilitares) estas condenas para crímenes atroces serán difíciles de digerir.
Quizás para las víctimas directas lo serán menos, porque la mayoría de ellas más que verlos en una prisión lo que piden es saber la verdad, ser reconocidas y sobre todo, encontrar a sus muertos para poderlos enterrar con el rito que se merecen. Y estas tres cosas, las logra este acuerdo.
Un punto clave del acuerdo es la creación de una Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado.
Como ya lo explicó La Silla, aunque a lo largo de los años los sucesivos gobiernos han creado mecanismos de búsqueda de desaparecidos la voluntad política real de encontrarlos ha sido escasa porque según el Informe del Grupo de Memoria Histórica, se calcula que el Estado es responsable de la desaparición de entre 16 y 25 mil colombianos.
Los paramilitares, en connivencia muchas veces con agentes del Estado, es responsable de cientos de desaparecidos. Las Farc, por su parte, secuestró a cientos de personas que nunca devolvió y que según dice tampoco tiene ya en su poder, y a decenas de militares que detuvo en algún lugar cuando estaban de permiso o en combate y nunca se supo de ellos otra vez.
Colombia es un país lleno de muertos a los que sus seres queridos no pudieron despedir como hubieran querido y este acuerdo, si se cumple por lo menos en este punto, logrará ponerle fin a ese limbo en el que viven miles de colombianos.
Por último, y quizás lo más importante para el futuro de este país, los negociadores del Gobierno lograron amarrar todo el sistema de justicia transicional a la condición inamovible que para beneficiarse de la justicia transicional los guerrilleros tienen que haber dejado antes las armas.
Con eso se debería lograr el objetivo último de este proceso de paz que es ponerle fin al conflicto armado con las Farc, que ha azotado a este país durante más de 50 años.
Ahora lo clave es que este acuerdo se cumpla. Y eso, que será tema de un próximo artículo, exigirá de los colombianos un esfuerzo monumental.
Juanita León. Directora de la Silla Vacía.
