Absuelven a militar que comandó la retoma del Palacio de Justicia en 1985
Las dudas sobre la credibilidad de cuatro testigos en los que se basaba la condena contra el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, y la ausencia de pruebas concluyentes que permitieran tener certeza de su responsabilidad en la desaparición de dos personas tras la retoma del Palacio de Justicia, llevaron este miércoles a la Corte Suprema a absolver al militar en una histórica decisión.
En la principal sede de justicia del país, el mismo edificio que hace tres décadas se convirtió en un escenario de guerra después de que el M-19 se tomó sus instalaciones y los militares lo recuperaron a sangre y fuego, la Corte tumbó la condena de 30 años contra el coronel, una de las caras más visibles de ese episodio de la historia colombiana, y ordenó su libertad inmediata.
Plazas se enteró de su absolución en el Cantón Norte, en donde permanecía detenido desde hace ocho años. El mismo presidente de la Sala Penal, el magistrado José Luis Barceló, lo llamó para notificarlo, pero solo hoy se hará efectiva su salida de prisión.
“Lo primero que voy a hacer es viajar al exterior a buscar a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras, y compartir con ellos los momentos de amor familiar que he perdido a lo largo de este tiempo”, dijo el coronel a los medios después de recibir la noticia.
Tras más de un año de intensas discusiones y debates, la mayoría de la Sala Penal de la Corte Suprema votó a favor de la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar, quien propuso absolver a Plazas asegurando que la duda razonable en el proceso debía resolverse a su favor.
En una votación de cinco contra tres, los magistrados aceptaron el recurso de casación de la defensa del coronel contra el fallo del Tribunal de Bogotá que lo condenó por las desapariciones de la guerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez.
La Corte aseguró que las declaraciones de César Sánchez Cuesta, Tirso Sáenz Acero y Yolanda Santodomingo contra Plazas tienen serias inconsistencias. Y fue mucho más crítica con la versión del sargento Édgar Villamizar Espinel, quien fue el testigo clave en el caso. Villamizar aseguró en la investigación contra Plazas que participó en la retoma y que por ello, supuestamente, tuvo oportunidad de ver cómo el coronel ordenaba torturas.
La Sala Penal no solo cuestionó por qué Villamizar, quien dio declaración en el 2007, permaneció en silencio por 21 años, 8 meses y 25 días, sino que aseguró que su testimonio “estuvo plagado de inexactitudes”.
La Corte dice que en el evento de que Villamizar haya hecho parte de las tropas de la Brigada XIII, como lo aseguró, “no intervino ni participó en la operación del Palacio de Justicia (…) porque las mismas estaban destinadas a patrullar otros puntos de la capital, mediante el plan de ocupación y control de la ciudad, para evitar concentraciones y manifestaciones de apoyo y presión que obligaran al Gobierno a dialogar con el M-19”.
Además, comunicaciones de radio de la época –dice la Corte– demuestran que era imposible que, como lo aseguró, el grupo de Villamizar hubiera estado el 6 de noviembre de 1986 (día de la toma) en Bogotá y, por lo tanto, el suboficial no pudo haber ingresado al Palacio a las 2 de la tarde, como dijo. “De ese modo, a las 7 de la mañana del jueves (7 de noviembre) tampoco pudo escuchar la frase atribuida al coronel (r) Plazas Vega, que solo oyó él porque nadie más en el proceso dice haberla oído, según la cual cuando alguien le preguntó qué hacían con la gente respondió: ‘cuelguen a esos hijueputas’ ”.
En el fallo, la Corte expone además que no hay indicios de que en los hechos del Palacio haya existido un plan oculto dentro del Ejército para facilitar la toma del M-19 y asestarle allí una contundente derrota militar.
El fallo señala que Plazas no tuvo manejo sobre los sobrevivientes en la Casa del Florero, por lo que no podría atribuirse en su contra responsabilidad por las desapariciones: “La identificación de las personas, su calificación de especiales (guerrilleros) y la remisión a otras unidades no era labor del procesado”. El jefe del B2 era el coronel Edilberto Sánchez Rubiano,
La Corte, sin embargo, dijo que su decisión se limitó a los casos de desaparición y no por los excesos de la retoma. Esos hechos podrían enredar al coronel, que ya ganó, en todo caso, la batalla judicial de su vida.
Víctimas anuncian que llevarán caso a Corte Interamericana
El abogado Jorge Molano, quien logró la condena al Estado por los hechos del Palacio de Justicia, rechazó la absolución del coronel Alfonso Plazas Vega y dijo que “es una decisión indignante que genera repulsión”.
“Es un fallo que prueba que los ciudadanos no cuentan con recursos eficaces”, afirmó el representante de las víctimas. Molano anunció que pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Interamericana.
En el mismo sentido se pronunció César Rodríguez, hermano de Carlos Augusto –quien era el administrador de la cafetería del Palacio y aún sigue desaparecido–, que se mostró en desacuerdo con el fallo absolutario del oficial en retirado. “La situación estuvo desafortunadamente muy mal manejada, porque se filtró desde hace varios meses”, afirmó Rodríguez, quien agregó que existen elementos suficientes que configuran la responsabilidad del coronel y de los demás oficiales involucrados en las desapariciones de los empleados de la cafetería.
René Guarín, vocero de las víctimas del Palacio de Justicia y hermano de Cristina, una de las personas desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia, dijo ser respetuoso de la decisión de la Corte Suprema. “Creo que debemos respetar el fallo (…) A pesar de que él (Plazas) es el único militar molesto con el hallazgo de los restos de Cristina”, aseguró Guarín.
Por su parte, Amparo Esguerra, hermana de Norma Constanza, otra de las desaparecidas, se declaró “sin palabras” y dijo que era una decisión “injusta”.
Este año, tres de los desaparecidos fueron hallados por la Fiscalía.
La sombra de los desaparecidos lo rondó en las últimas tres décadas
“Yo no estoy pidiendo perdón ni lo voy a aceptar. Yo estoy pidiendo justicia, que es diferente”. En enero del 2012, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, la cara más visible de la retoma del Palacio de Justicia, pronunció esa frase para responder a un sermón del exguerrillero del M-19 Carlos Alonso Lucio. Él había lamentado ante feligreses de la iglesia cristiana Casa sobre la Roca, donde es pastor, la condena de 30 años contra el coronel, mientras que sus excompañeros del M-19 fueron indultados.
Con el mismo ímpetu con el que le respondió a Lucio, Plazas Vega ha reclamado su inocencia en los últimos 30 años. El mismo 7 de noviembre de 1985, un día después de la toma del M-19 y cuando aún retumbaban los cañones, defendió ante los medios y el país la polémica operación de retoma. “Mantener la democracia, maestro”, fue su respuesta a un periodista que le preguntó por lo que hacían las tropas en la plaza de Bolívar.
Nacido en 1944 en Sogamoso (Boyacá), Plazas Vega es una figura icónica entre los militares, especialmente entre los más veteranos, que lo consideran un héroe, más ahora que la Corte Suprema de Justicia lo absolvió. Para las ONG y las familias de las víctimas, que aún insisten en su responsabilidad, el coronel es el rostro más visible de los militares que supuestamente desconocieron el poder civil durante los dos días del holocausto de la justicia.
En 1990, Plazas no fue llamado a curso de ascenso a general y en 1992 presentó su retiro voluntario, aceptado por el presidente César Gaviria y el entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo. Así salió del Ejército a los 46 años, con 18 condecoraciones. La sombra de los hechos del Palacio también lo alcanzó cuando, en 1995, fue vetado por el gobierno alemán para el cargo de cónsul general en Hamburgo.
En agosto de ese mismo año, el Centro Nacional de Organizaciones no Gubernamentales de Bélgica envió una carta al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en la que manifestaba su preocupación por otro nombramiento diplomático que se le había dado al coronel en ese país. Los reclamos de las ONG europeas se debían a que el militar aparecía en expedientes relacionados con infracciones a los DD. HH. por los hechos del Palacio.
Esos vetos generaron indignación de militares como el general Álvaro Valencia Tovar (fallecido), quien solía reiterar que, en la retoma, Plazas “cumplió con su deber”. Muchos uniformados también lo acompañaron en 1994, cuando se presentó a las elecciones para obtener una curul en el Congreso, pero los 5.000 votos que obtuvo no le alcanzaron.
Entonces se dedicó a dictar cátedra en la Universidad de La Sabana –es historiador y administrador–, y en el Ejército también se le asignó la instrucción para oficiales. En el 2000 publicó el libro ‘La batalla del Palacio de Justicia’, en el que contaba su versión sobre los hechos e insistía en la confabulación del narcotráfico y el M-19 para quemar expedientes sobre extradiciones.
En 2002, cuando volvió a la actividad pública, el expresidente Álvaro Uribe lo nombró director de la DNE, de donde salió en el 2004 en medio de polémicas. Dos años después volvió a intentar entrar al Congreso, pero solo obtuvo 4.000 votos.
El 16 de julio del 2007, la Fiscalía ordenó su captura por desapariciones por las que al final fue declarado inocente.
En el 2008 aseguró, en entrevista con EL TIEMPO, que tras conocer el expediente del caso llegaba a la conclusión de que la única desaparecida tras los hechos del Palacio era la guerrillera Irma Franco. Dijo que por ese crimen quien debía responder era el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, comandante del B-2.
¿Quién es Luis Alfonso Plazas Vega?
Fue un militar colombiano que comandó la operación de recuperación del Palacio de Justicia durante la toma por parte de la guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-19) en 1985.
Fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El 9 de junio de 2010 Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió este 16 de Diciembre de 2015 .
En los violentos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) tomó el Palacio de Justicia de Bogotá y el Ejército incursionó con tanques de guerra para recuperarlo, murieron un centenar de personas, entre ellas, una decena de magistrados.
Según el tribunal, las declaraciones de los testimonios que llevaron a la condena de Plazas Vega por la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, y la guerrillera Irma Franco, «no brindan credibilidad para fundar en ellas una decisión de tal carácter, dadas las inconsistencias».
Operación Retoma del Palacio de Justicia
En 1985, Plazas Vega coordinó las acciones militares de retoma entre el 6 y 7 de noviembre, cuando la guerrilla del M-19 realizó una asalto armado del Palacio de Justicia.
Plazas se dirigió a la plaza de Bolívar (Bogotá) con tanques EE-09 Cascavel para efectuar una operación de retoma junto con sus superiores Arias y el coronel Edilberto Sánchez, bajo órdenes del presidente Belisario Betancur.
El objetivo era retomar el palacio y rescatar rehenes. Efectuaron el Plan Tricolor, que se basaba en acabar con los subversivos pero sin tomar en cuenta la vida de los rehenes.
Palacio de Justicia
El 6 y 7 de noviembre de 1985, ocurrió el asalto al Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá por parte del grupo guerrillero M-19. Ante esto, las fuerzas militares colombianas retomaron el edificio de manera violenta y en la operación cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos.
Luego de 27 horas el saldo trágico fue de 98 fallecidos, entre ellos 11 magistrados, además de 8 desaparecidos.
En octubre pasado, a un mes de cumplirse tres décadas del fatídico hecho, fueron encontrados los restos de tres de las personas desaparecidas.
Por estos eventos, el excomandante de la Brigada XIII del Ejército, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega recibieron condenas de 35 y 30 años, respectivamente.
Los familiares de las víctimas han denunciado que los avances sobre el caso son insuficientes y exigen conocer la verdad sobre lo sucedido en esos hechos y que se enjuicie a todos los responsables del crimen.
