Represión en Argentina del 19 y 20 diciembre de 2001: piden hasta 15 años de prisión para policías
La querella que representa a dos de los heridos de bala en el marco de la represión del 20 de diciembre de 2001 en el centro porteño pidió ayer, en los alegatos del juicio oral, una condena de 15 años de prisión para el policía Orlando Oliverio y penas de 12 años de prisión e inhabilitación para los demás efectivos de la Policía Federal que participaron de ese operativo. Los consideró coautores del delito de homicidio doblemente agravado en grado de tentativa. Es por las heridas sufridas por Martín Galli y Paula Simonetti, que recibieron impactos de bala a manos de efectivos de la Policía en la Avenida 9 de Julio, entre las calles Sarmiento y Juan Domingo Perón, durante el ocaso del gobierno de la Alianza.
Se trató de las conclusiones del primer alegato por parte de las querellas que integran la acusación en el proceso en el que se encuentran en el banquillo el ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando De la Rúa, Enrique Mathov; el ex jefe de la Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi; el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, además de otros 13 policías.
El abogado Rodolfo Yanzón sostuvo que el grupo de policías comandado por Oliverio actuó «de manera alevosa» al disparar –según se ventiló a partir de los testimonios desarrollados en el juicio- «sobre gente indefensa, que no representaba ningún peligro, y que simplemente estaba descansando bajo los árboles de la plazoleta de la Avenida 9 de Julio». También relató que «tres brigadas de policías comandados por Oliverio se desplazaban en tres vehículos a las 19 horas del 20 de diciembre del 2001, circularon por la Avenida 9 de Julio en sentido desde Constitución hacia el Obelisco, y, entre las calles Sarmiento y Juan Domingo Perón, descendieron e iniciaron disparos dirigidos a las personas que estaban descansando bajo la arboleda». En ese episodio, al que esta querella consideró apenas «un ejemplo» del «despliegue criminal» llevado adelante ese día para reprimir a los manifestantes, resultó muerto Alberto Márquez, mientras que Simonetti y Galli resultaron heridos de bala.
Antes, en su exposición, había hecho referencia a la responsabilidad del gobierno de la Alianza en los hechos al señalar, por ejemplo, que «existió la idea del ocultamiento de parte del gobierno de la Alianza» materializado «en una directiva del Comfer, que indicaba no difundir imágenes». «Todo se había preparado para que sucediera lo que sucedió, en relación a la existencia de heridos y la eventualidad de las muertes», postuló Yanzón. Para la audiencia de hoy, está previsto que comience el alegato de la querella unificada representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
