Puerto Rico: Gobierno ultima detalles hacia la reestructuración de la deuda con acreedores
La administración de Alejandro García Padilla presentará entre hoy y mañana lo que catalogó como “la estructura de cómo se debe renegociar la deuda”, mientras adelantó que en lo que queda de semana y la próxima el primer
ejecutivo estampará su firma en el proyecto que creará la Junta de Supervisión Fiscal.
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, dijo ayer que el gobernador García Padilla está satisfecho con la versión de la Junta de Control Fiscal que aprobó la Asamblea Legislativa la noche del martes, organismo importante para la renegociación de la deuda.
“La legislación que se aprobó es prácticamente idéntica a la que nosotros presentamos. Hubo cambios de estilo, algunas enmiendas, pero la sustancia, la parte sustantiva es lo que nosotros presentamos”, sentenció sobre
la Junta de Supervisión Fiscal.
Dijo además que la Junta tendrá los poderes que solicitó el primer ejecutivo para este organismo. Aseguró que estos poderes “respetan la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Suárez adelantó que los términos de cómo se renegociará la deuda no serán divulgados porque se firmaron acuerdos de confidencialidad entre ambas partes. “Será la primera oportunidad que el Gobierno le va a presentar a los
asesores de los acreedores esa estructura”, sostuvo Suárez a preguntas de EL VOCERO.
Suárez agregó además que ayer en la tarde el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sostendría una reunión sobre los estados financieros auditados del Gobierno. La Oficina de Prensa del BGF clarificó que se trataba de una reunión de la Junta de Directores en la que se discutiría, entre otros temas, información sobre los estados financieros auditados. Al cierre de esta edición, la reunión continuaba y no se habían divulgado detalles al respecto.
Municipios llegan acuerdo para fiscalizar IVU
Al menos 20 municipios llegaron a un acuerdo con el Departamento de Hacienda para ser “agentes recaudadores” del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), informó el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez.
El funcionario dijo que esta semana comenzaron los adiestramientos para los municipios de Aguadilla, Aibonito, Barceloneta, Caguas, Carolina, Coamo, Hatillo, Lajas, Orocovis, Patillas, Ponce, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Baja,
Yabucoa, Narajinto, San Germán, Sabana Grande, Aguas Buenas y Dorado.
A preguntas de EL VOCERO, Suárez dijo que Guaynabo no ha llegado a un acuerdo pero siguen en conversaciones.
Informó que comenzó el proceso de contratación de la compañía que va a manejar la infraestructura informática de contabilidad del Gobierno central de Puerto Rico. Suárez sostuvo que se seleccionó la compañía Microsoft mediante
solicitud de propuesta.
El secretario de la Gobernación dijo que esto es un paso importante en términos de la transparencia. No pudo detallar a cuánto ascenderá el contrato de Microsoft.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, indicó que la agencia que dirige “está finalizando un proceso de evaluación de aplicaciones financieras con el fin de reemplazar la aplicación actual, la cual
presenta serias deficiencias para las operaciones tanto del Departamento como del Gobierno central”.
“Como parte del proceso, se ha constituido un comité compuesto por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, del Departamento de Hacienda y del Departamento de Educación. Durante estos días se están llevando a cabo reuniones con la compañía Microsoft con el fin de determinar los costos de su aplicación. Una vez completada la evaluación, el Departamento procederá a adquirir la aplicación que mejor se adapte a sus necesidades,
tomando en consideración los costos presentes y futuros”, agregó mediante declaraciones escritas a preguntas de este rotativo.
De otro lado, el secretario de la Gobernación, adelantó que el primer ejecutivo firmará el proyecto relacionado a la modernización y digitalización del registro de la propiedad. Se aprobó legislación de evaluación ambiental
concurrente antelas agencias federales y estatales.
Sobre el proyecto de preretiro voluntario, Suárez indicó que se espera que represente un ahorro de $90 millones anuales al erario.
