Nicaragua: cuestionan la aprobación ambiental del canal interoceánico
En el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del Gran Canal Interoceánico, Environmental Resources Management (ERM) incluyó en las Conclusiones y Recomendaciones que además del EIAS “es necesario contar con información adicional de consulta directa, en especial con aquellas personas que serían desplazadas física y/o económicamente por el proyecto”.
María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi), cuestionó la aprobación del EIAS en el que se incluyen estas recomendaciones. “Ellos dan una serie de recomendaciones, pero recomendar es mandar a hacer las cosas, ¿y aprobar?, ¿será que aprobar significa que el Gobierno se compromete a hacer esas cosas?”
En las recomendaciones también se plantea que “la consulta y el intercambio de información con personas posiblemente sujetas a reubicación involuntaria han sido especialmente inadecuados”.
Asimismo, ERM reconoce que “en los últimos seis meses ha habido muchas protestas en Nicaragua, que incluyen al menos un enfrentamiento violento entre manifestantes y fuerzas de seguridad nicaragüenses”.
El sociólogo y director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, Cirilo Otero, aseguró que estas conclusiones y recomendaciones de ERM sobre las consultas evidencian que “hay una deficiencia, no en el inversionista, sino en el propietario del territorio, porque el Gobierno tiene la obligación no solo administrativa sino moral de informarle al pueblo lo que está sucediendo. El problema no es tanto la concesionaria ni la gente que hizo el estudio, está en manos del Gobierno”.
Otero va más allá y señala que “hay que pensar en la Comisión de Desarrollo del Gran Canal, en Manuel Coronel, que están obligados a convocar a la sociedad civil para informar, pero hasta ahora lo que han demostrado es que quieren mantener en anonimato la información”.
El EIAS fue dispuesto al público el pasado 6 de noviembre, un día después de haber sido aprobado por una comisión creada para su análisis y cinco meses después de haber sido entregado al Gobierno, quien lo recibió el 31 de mayo de este año.
INDÍGENAS OLVIDADOS
Según Acosta, en el resumen ejecutivo del EIAS “ellos están diciendo que ha habido consulta, que el Gobierno se ha comprometido, pero hasta ahora no hay el consentimiento de ningún pueblo indígena”.
De hacerse el Canal, el territorio indígena Rama-Kriol en el Caribe Sur quedaría partido a la mitad y la población de la comunidad Bankukuk Taik, única que habla la lengua rama, sería desplazada.
Para Otero, “este Canal debe ser consultado abiertamente y con documentos en forma libre. Ahora, si la gente no lo lee y no opina, eso es otra cosa, y así cumplen con el principio de transparencia. A la gente hay que decirle el alcance, los costos del proyecto”.
NORMAS INTERNACIONALES
Tanto el Gobierno como la empresa concesionaria han afirmado que el proyecto canalero en general y el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) están apegados a los estándares de buenas prácticas internacionales, como los Principios de Ecuador y las Normas de Desempeño (ND) de la Corporación Financiera Internacional.
Sin embargo, María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas (Calpi), señaló que la ND 7 de la IFC establece que todas las consultas a los pueblos indígenas deben hacerse de acuerdo con las normas internacionales y debe garantizarse una consulta libre, previa e informada. Para Acosta, esto no se ha cumplido
