Guatemala: Comisión Internacional contra la Impunidad advierte sobre la necesidad de aprobar ley de contratación estatal
Debido a que el pasado jueves no se concretó la aprobación de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, expresó ayer en la red social Twitter la importancia de que el Congreso las emita.
“La lucha contra la corrupción exige la urgente discusión y aprobación de la reforma a la Ley de Compras y Contrataciones”, dijo el Comisionado, quien al final del mensaje añadió la etiqueta “#Informecicig2015”.
Al respecto, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, opinó que el Legislativo no está respondiendo a las demandas populares contra el hartazgo causado por la corrupción, la cual opera principalmente a través de las compras y contracciones en las instituciones del Estado.
La razón
El proceso de aprobación de las modificaciones ha sido detenido en tres ocasiones con la excusa de que existen inquietudes en los congresistas sobre los cambios y que, por lo tanto, no se puede continuar. Sus acciones han dado por resultado la elaboración de diez enmiendas a las reformas, y de esas solo cinco han sido avaladas.
El diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, señaló ayer que detener la aprobación de estas reformas podría ser una estrategia de empresas que quieren ganar tiempo a efecto de negociar que los cambios al reglamento de contrataciones entre en vigencia hasta el próximo año, para poder firmar contratos en lo que resta del 2015.
Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que el presidente del Congreso, Luis Rabbé, no dio a conocer las inquietudes que existen en torno a los diez dictámenes que se hicieron a la reforma de la Ley de Contrataciones, pero que hoy se explicarán las dudas en una reunión de jefes de bloque, y que mañana será “un buen día” para conocer si estas serán aprobadas por el pleno parlamentario.
Además, Pop citó que las propuestas surgieron de una mesa técnica en la que varios sectores hicieron recomendaciones y que tras presentarla al Congreso se introdujeron diez enmiendas, a su juicio positivas. En este punto precisó que en las últimas modificaciones hay temas que no convencen a diputados y empresarios.
Entre lo que más incomoda a algunos legisladores es que sus familiares y empresas que financian a partidos políticos no pueden ser contratistas del Estado. La diputada Nineth Montenegro advirtió que otro tema adversado es que ahora los “dignatarios de la Nación” (diputados) no pueden ser proveedores.
