Colombia: anuncian exhumación de cadáveres tras pedido de perdón del Estado por la Masacre en el Palacio de Justicia, en 1985
Así lo anunció el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés.
Tras la conmemoración de los 30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el tema sigue siendo noticia. Luego de reconocer la responsabilidad del Instituto Nacional de Medicina Legal, por el deficiente trabajo de identificación de las personas muertas en esa confrontación, el director de la entidad, Carlos Eduardo Valdés, anunció que todos los cadáveres deberán ser exhumados.
Así lo destacó el jefe de la entidad, tras su participación en los actos de conmemoración que se produjeron este viernes en el Palacio de Justicia. Reconoció que el anuncio puede ser sensible para los familiares de las personas que enterraron a sus allegados tras la tragedia. Sin embargo, explicó que ya se tuvieron algunos diálogos con los seres queridos de los caídos, para convencerlos de que es la única alternativa para conocer la verdad.
Para él, la disponibilidad de tecnología, personal y calificación de los funcionarios, en la actualidad, es una garantía para superar las dificultades que en estos últimos 30 años han impedido realizar una labor eficiente de identificación.
Entre las muestras de restos fúnebres de las víctimas del Palacio, se cuentan algunos cuerpos que fueron trasladados a la Universidad Nacional y los del Cementerio del Sur. Esto además de fosas y tumbas que fueron exploradas en el cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, dentro de los 16 sitios donde posiblemente podrían haber sido enterrados otros cuerpos.
Se trata de la tarea más grande de identificación que se realiza desde 1998, cuando fueron exhumados los cuerpos sepultados en una fosa común del Cementerio del Sur. Algunos de esos restos fúnebres se encuentran en la Fiscalía, donde se han venido adelantando diferentes estudios, gracias a los cuales fue identificado el cadáver de Lucy Amparo Oviedo, una de las tres desaparecida halada el 20 de octubre pasado.
En otra exhumación practicada en el cementerio del Sur en mayo del 2015 fueron encontrados los cuerpos de las desaparecidas Cristina Guarín y Luz Mary Portela León. Las familias de estas dos personas y de Luz Amparo Oviedo son las mismas que hace 20 días le anunciaron el país el hallazgo de sus seres queridos.
Carlos Eduardo Valdés aprovechó su presencia en el lugar para pedir perdón a los familiares de personas muertas y desaparecidas tras la toma. Admitió que no se actuó con suficiente profesionalismo y que las labores desplegadas entonces constituyeron una falta a la ética médica.
Toma del Palacio fue un error histórico: excomandante del M-19
Niega que la operación fuera financiada por el narcotraficante Pablo Escobar. Reiteró el perdón por los hechos de hace 30 años.
En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Rosemberg Pabón, ex militante del M-19 y conocido como el “Comandante Cero”, reconoció que lo que ocurrió con el holocausto del palacio de justicia fue un error histórico, pero aseguró que la operación no fue financiada por el extinto narcotraficante Pablo Escobar.
En la entrevista consideró que “sobre ese error histórico hemos dicho, cometimos un error, pedimos perdón, hemos en la práctica participado en la reconciliación con rectificación que no han hecho muchos de los miembros de las fuerzas vivas de nuestra sociedad”.
Asegura que “el M-19 en ese caso concreto sale muy mal librado”, por el hecho pero además el desenlace en el que resultó la fatídica operación de 27 horas.
Afirma además que la propuesta política detrás de la operación, que era la de llamar al ex presidente Belisario Betancur, a un juicio político a las montañas del cauca, “era una utopía, era imposible de realizar… fue errada y por lo tanto todo el operativo militar estaba con esa falla”.
En cuanto a los señalamiento de los dineros del narcotráfico que financiaron la operación, afirmó que no es cierto, y que el único que tenía contacto del M-19 con Pablo Escobar fue él, quien no estaba por la fecha en la zona, asegurando que era imposible que alguien más de la estructura se comunicara con el capo.
Para Rosemberg, hay imprecisiones en el libro de las confesiones del líder paramilitar, Carlos Castaño, al igual que en las declaraciones de Jhon Jairo Velásquez, desmintiendo cualquier conexión entre el narcotráfico y la operación que dejó más de 100 muertos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Las llamas del Palacio de Justicia siguen ardiendo en la conciencia de Colombia
Han pasado 30 años, pero el dolor permanece intacto para las familias de los 98 muertos y 11 desaparecidos que dejaron la toma y retoma.
Las llamas del Palacio de Justicia siguen ardiendo en la memoria y la conciencia de Colombia. Hace 30 años, a sangre y fuego, la guerrilla del M-19 y las Fuerzas Militares escribieron uno de los más dolorosos capítulos de la historia nacional. El resultado: cerca de 100 muertos y 11 desaparecidos que se resisten a ser olvidados.
El miércoles 6 de noviembre de 1985, hacia las 11:30 de la mañana, un grupo de 35 guerrilleros se tomó violentamente el Palacio. Disparando a mansalva, los subversivos se atrincheraron en el emblemático edificio, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Fue el inicio de una masacre. En manos del M-19, como rehenes indefensos, quedaron cerca de 350 personas, entre magistrados, trabajadores de la sede judicial y visitantes.
La reacción del Ejército y la Policía no resultó menos violenta. Usando tanques de guerra, helicópteros, abundante munición y gases lacrimógenos, desplegaron una sangrienta retoma que terminó un día después, el 7 de noviembre.
Aunque varios rehenes fueron liberados, al menos cien personas -entre civiles, guerrilleros y miembros de la fuera pública- murieron tiroteadas, algunas desmembradas e incineradas, paradójicamente, en un palacio que era el símbolo de la justicia en Colombia. De nada sirvieron las súplicas de las víctimas.
Lo ocurrido fue, recuerdan periodistas de la época, la crónica de una toma anunciada. Mucho se murmuraba sobre las intenciones del M-19 de tomarse el Palacio y, sin embargo, la seguridad de la edificación fue reducida días antes. Incluso, de acuerdo con relatos de testigos, los detectores de armas fueron retirados.
La Comisión de la Verdad que investigó los hechos estableció que «el Palacio fue arrasado como resultado de una de las acciones más demenciales que el país ha presenciado”.
Los investigadores concluyeron que “hubo uso de armamentos y explosivos de todo tipo, un inexplicable vacío del poder del gobierno” y tres incendios que no solo acabaron con vidas, sino que dejaron reducidos a cenizas expedientes.
El M-19 alegó que se tomó el Palacio por el incumplimiento de pactos por parte del presidente Belisario Betancur. Versiones indican que contaron con el apoyo económico de pablo escobar y el cartel de Medellín, a quienes les interesaba dar un golpe a la Corte Suprema, que analizaba el tema de la extradición.
Una de las heridas que siguen abiertas es la de los desaparecidos. La Comisión de la Verdad dice que «no existe duda alguna de que, en el marco de los hechos del palacio de justicia, empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada».
A lo largo de los años y gracias especialmente a la terquedad de las familias de los 11 desaparecidos, se han recopilado testimonios y grabaciones que han permitido reconocer a algunos de ellos saliendo con vida de la sede judicial hacia la Casa del Florero, desde donde se comandaba la retoma militar.
Por ahora algo de calma ha llegado a las casas de cuatro de estas personas: en el 2000 fue encontrado el cadáver de Ana Rosa Castiblanco y este año se identificaron los restos de Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela.
Dos altos mandos militares han sido condenados por hechos relacionados con el holocausto. El general Armando Arias Cabrales fue sentenciado a 35 años de cárcel y el general Luis Alfonso Plazas Vega, a 30 años de prisión. Algunos cuestionan que la cúpula del M-19, en cambio, fuera amnistiada por el posterior acuerdo de paz con esa guerrilla.
Se ha puesto en duda, además, el papel que jugó el presidente Betancur y la orden impartida por el gobierno para silenciar las emisoras de radio que transmitían en vivo lo sucedido y exigirles pasar un partido de fútbol.
Lo cierto es que el fantasma del Palacio de Justicia sigue vivo: tres décadas después hay aún muchas dudas por resolver, muertos que quieren hablar y familias que esperan conocer la verdad para por fin descansar en paz.
