Colombia: a 30 años de la masacre del Palacio de Justicia, Santos pedirá perdón en nombre del Estado
El 6 de noviembre de 1985 el Comando “Iván Marino Ospina” del Movimiento 19 de Abril -M-19- inició la llamada operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. Se trató de la toma armada del Palacio de Justicia, ubicado frente a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Los insurgentes pretendían juzgar al gobierno del presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz que el M-19 y el gobierno habían pactado entre 1984 y 1985. Recuerdo de un hecho trascendente de la historia reciente de Colombia, que proyecta enseñanzas para el futuro.
El M-19 retuvo en el Palacio de Justicia a 350 magistrados, visitantes, consejeros de Estado, empleados y servidores judiciales. Las fuerzas militares colombianas realizaron la retoma del Palacio, lo que derivó en la muerte de al menos 100 personas y en la desaparición de 11.
Varios fueron los llamados, mensajes y gritos de los magistrados para pedir al gobierno nacional que ordenara el cese al fuego a los militares para buscar una solución pacífica. También reclamaron la presencia de la Cruz Roja Internacional. El gobierno de Belisario Betancur quedó como un simple espectador, mientras los disparos y explosiones sonaban en el Palacio. El Ejército tomó el absoluto control de las decisiones imposibilitando cualquier solución negociada.
Por ese hecho han sido condenados por la justicia colombiana el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales. Sin embargo, aún existen otros militares que no han sido juzgados.
Según pudo verse en varios videos de la época, del Palacio de Justicia salieron con vida varias personas que fueron llevadas a la Casa del Florero, convertida en base militar del Ejército, y a otras instalaciones militares. Nunca más se volvería a saber de estas personas.
Por ejemplo, en un video revelado por Noticias Uno en 2007 se ve salir con vida al magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, pero luego su cuerpo fue encontrado dentro de las instalaciones del Palacio con una herida en la cabeza de proyectil 9 milímetros. En otro video encontrado en un allanamiento en casa del Coronel Alfonso Plazas Vega, se ve al administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y a Cristina del Pilar Guarín, una de las cajeras, salir con vida del Palacio aunque después fueron desaparecidos.
De los 35 miembros del M-19 que participaron en la toma, sólo Clara Helena Enciso conseguiría escapar con vida. La guerrillera Irma Franco Pineda salió del Palacio pero fue detenida por el Ejército y posteriormente torturada, asesinada; y su cuerpo, desaparecido. Algunos de los guerrilleros capturados dentro del Palacio fueron asesinados después de haberse rendido o cuando quedaron en estado de indefensión. Lugo fueron presentados como muertos en combate.
«Masacre u Holocausto»
En 2006, la Comisión de la Verdad conformada por los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez, y el magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, encontró responsables del holocausto al M-19, al gobierno de Belisario Betancur y a las fuerzas militares colombianas.
Para esa Comisión de la Verdad el M-19 fue responsable del asalto del Palacio de Justicia y de la toma de rehenes. En dicho informe la Comisión señala una conexión entre el cartel de Medellín y el M-19 para la realización de la toma, pero no aclara el nivel de dicha relación. Estas afirmaciones fueron negadas por antiguos miembros del M-19, quienes aseguran que la operación tenía como objetivo juzgar al gobierno por el fracaso del proceso de paz y que la organización no tenía ninguna motivación en favor de los carteles de la mafia.
En el Palacio de Justicia, durante la toma, fueron destruidos varios procesos judiciales que afectaban a los narcotraficantes y a miembros de las fuerzas militares involucrados en crímenes y violaciones a los derechos humanos y en vínculos con grupos paramilitares. Además, aquel día de la toma se adelantaban las discusiones sobre la extradición y dichas cortes habían sido amenazadas por los narcotraficantes.
Para la Comisión de la verdad, el gobierno nacional no hizo absolutamente nada para proteger a las víctimas del Holocausto. Tampoco buscó un cese al fuego ni una solución pacífica para salvar a las víctimas y prefirió impedir que se supiera lo que estaba ocurriendo. La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó la transmisión de un partido de fútbol en televisión y radio mientras se escuchaban los disparos y las explosiones.
Nadie escuchó el clamor del magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía: “Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19″. Según verificó la Comisión, los restos de los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa, tenían proyectiles de armas que no fueron usados por la guerrilla.
Quienes saldrían más responsabilizados por los hechos del Palacio de Justicia serían las fuerzas militares colombianas. Para la Comisión de la Verdad, los militares nunca buscaron salvar a las personas rehenes. En las conclusiones de la investigación consta que los militares tenían conocimiento con anticipación de la operación que realizaría el M-19 por información que había dado el magistrado Echandía. Sin embargo, no hicieron nada para impedir que ocurriera la toma. Igualmente el Ejército tiene responsabilidad en la desaparición forzada y en la ejecución y asesinato de varias de las víctimas. Las fuerzas militares impidieron cualquier intento para realizar un cese al fuego y no dudaron en hacer un uso excesivo de la fuerza para retomar el Palacio de Justicia.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ocurrido en el Palacio de Justicia ha sido calificado como Masacre u Holocausto. En dicha corte se espera un fallo sobre la responsabilidad del Estado colombiano en la retoma del Palacio de Justicia.
Santos pedirá perdón por holocausto del Palacio de Justicia
En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, el presidente Juan Manuel Santos le pedirá perdón al país por lo ocurrido hace 30 años en el holocausto del Palacio de Justicia.
Para ello, el jefe de Estado tiene previsto arribar a las 10:30 de la mañana de hoy a la sede principal de la justicia –en Bogotá–, donde hace tres décadas un comando del M-19 irrumpió a sangre y fuego para tomarse esas instalaciones y luego se registró la retoma por parte de la Fuerza Pública.
Este acto de reconocimiento público de la responsabilidad del Estado colombiano en esos trágicos sucesos se da en cumplimiento de lo ordenado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo es del 14 de septiembre del 2014 y en él se le ordena a Colombia proceder con dicho reconocimiento de responsabilidad como un mecanismo de reparación a las víctimas de lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, que –según reportes oficiales– cobró la vida de más de 100 personas, entre ellas magistrados titulares de la época.
De acuerdo con información de la Casa de Nariño, la intención de esta ceremonia es ratificar el mensaje de reconciliación y de búsqueda de la paz que tiene el presidente Santos y que ha enfocado en la terminación de más de 50 años de guerra, reconociendo, ante todo, los derechos de las víctimas del conflicto armado.
A propósito, este jueves, durante la conmemoración de los 124 años de la Policía, el mandatario recordó que en la mesa de negociación con las Farc no se ha puesto ni se pondrá en discusión el futuro de la Fuerza Pública y que, además, habrá beneficios jurídicos para todos los actores del conflicto.
“No vamos a repetir esa situación en la que unos tenían unos beneficios y otros terminaban en la cárcel”, precisó Santos. Fue una referencia tácita al proceso de paz con el M-19, en el que varios guerrilleros terminaron amnistiados y haciendo parte de cargos públicos, y algunos de los uniformados que los combatieron están –aún hoy en día– tras las rejas.
Por otra parte, ayer la Fiscalía confirmó que por la investigación de la retoma del Palacio de Justicia serán escuchados los tres primeros exministros del gobierno del presidente Belisario Betancur (Enrique Parejo González, ministro de Justicia; la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, y Jaime Castro, ministro del Interior).
También ayer se conoció que abogados de familias víctimas de la toma del Palacio de Justicia solicitaron en la Comisión de Acusación de la Cámara participar en los procesos contra el expresidente Belisario Betancur por este hecho. Piden que asuma su responsabilidad como jefe de las Fuerzas Armadas. uribistas y conservadores defendieron al exmandatario, de 92 años.
Se cumplen 30 años de vergüenza institucional
La famosa frase del entonces coronel Plazas Vega de “defendiendo la democracia, maestro”, es la evidencia de que en el lapso de tiempo de la retoma por parte del Ejército se desconocieron las órdenes de Belisario Betancur que pudo darle una salida negociada y escuchar los clamores del cese al fuego de los magistrados. Belisario quedó como un espectador más de los acontecimientos catastróficos que se originaron con la toma del Palacio de Justicia. En lo que él tal vez negará pero jamás podrá ocultar para la historia, es el vergonzoso golpe de Estado en manos del Ejército.
Después de 30 años, el expresidente Betancur pide un tímido perdón en una conferencia a puerta cerrada y ha revelado que contará todo después de muerto, como una forma de evadir su responsabilidad como presidente en ese aciago periodo de 1985. Un libro recopilará su impotencia, dejará por sentado que los mayores responsables fueron los militares de todos aquellos procedimientos irregular en la retoma y posterior identificación de cuerpos, en la destrucción de pruebas, en la manipulación de las evidencias, envío de restos a fosas comunes, traslados de cuerpos sin los procesos judiciales respectivos. El vacío de poder que hubo no se puede dejar por sentado en unas memorias escritas, sino ante la sociedad colombiana, ante los tribunales de la verdad, ante las comisiones de acusación del Congreso, ante la Fiscalía porque aunque hay que reconocer que el mayor responsable fue el M19 por su decisión bélica y absurda, también lo es para un presidente que se ha mantenido al margen de la verdad, que le ha convenido que se sepultara en las ruinas del Palacio toda esa información que ayudara a acabar con la angustia y zozobra de todos los familiares de los desaparecidos, de las víctimas y de todas esas omisiones que hoy afloran como una vergüenza que causa dolor en aquellos familiares que sepultaron cuerpos que no eran los de sus seres queridos.
El Palacio de Justicia es una tragedia a la que hay que exhumarle toda esa verdad para poder encaminarnos en un proceso sincero de justicia y paz, de poder cerrar las heridas de la barbaridad violenta de cómo resolvimos nuestros conflictos sociales en el siglo pasado. De que la impunidad, sobre toda la oficial, no puede seguir siendo un pacto de gobierno, un fuero presidencial para evadir su responsabilidad; de que los subalternos paguen con el escarnio público mientras el gobernante en retiro escribe sus memorias en un perdón paliativo embriagado por la poesía y el encierro.
Pues no. Hay que tener valentía y el coraje suficiente de mirar a los familiares de los inmolados y desaparecidos a los ojos y reconocer la impotencia de un gobierno que se dejó doblegar por la sed irascible de los militares.
Los errores se pueden escribir para que queden en la historia, más si son los de un presidente, pero la dignidad no, más cuando hay muertos que claman un poco de justicia.
