Venezuela prorroga por 60 días estado de excepción en frontera con Colombia
El gobierno venezolano prorrogó el estado de excepción en seis municipios del estado Táchira (oeste), decretado dos meses atrás para enfrentar el contrabando y el crimen organizado en la frontera con Colombia, se informó oficialmente este martes.
«Se prorroga por 60 días el plazo establecido» el 21 de agosto, señaló un decreto firmado por el presidente Nicolás Maduro y publicado en la gaceta oficial.
La medida, que incluye el cierre de la frontera, fue ampliada con el argumento de que en la zona «subsisten las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social».
Gradualmente, a lo largo de agosto y septiembre, el estado de excepción fue extendido a otros cuatros municipios de Táchira, diez del estado Zulia (noroeste) y tres de Apure (suroeste), también limítrofes con Colombia.
Dicha extensión también incluyó el cierre de los pasos binacionales. El estado de excepción prohíbe el porte de armas, autoriza allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, y restringe el derecho de reunión, un tema sensible de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
Maduro ha dicho en reiteradas ocasiones que la frontera, de 2.219 km, seguirá cerrada mientras allí no reine la legalidad, por lo que se da por descontado que las medidas de excepción serán renovadas igualmente en los otros territorios.
Según el decreto, la prórroga permitirá al Estado disponer de medidas para enfrentar el «contrabando de extracción (…), así como la violencia delictiva que le acompaña».
El mandatario socialista decretó el estado de excepción y los cierres fronterizos tras un ataque contra una patrulla militar en la ciudad de San Antonio del Táchira, el 19 de agosto, que dejó cuatro heridos y atribuyó a paramilitares colombianos vinculados al narcotráfico y el contrabando, especialmente de gasolina.
En el marco de esas medidas, las autoridades deportaron a 1.482 colombianos indocumentados residentes en el área limítrofe, mientras que 19.952 retornaron por temor a ser expulsados, según Naciones Unidas.
A varios deportados les fueron demolidas las casas o tuvieron que salir con sus enseres a cuestas, lo que el gobierno colombiano denunció como «un drama humanitario» agravado, según dijo, por violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades venezolanas.
La situación derivó en una crisis humanitaria que se empezó a zanjar durante una reunión entre Maduro y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, el 21 de septiembre en Quito, en la que acordaron el retorno de embajadores y la normalización progresiva de la frontera.
Freno al contrabando y la inseguridad se registra a dos meses del cierre de la frontera
A poco más de dos meses del cierre de la frontera colombo-venezolana, el balance revela los profundos retos que tienen ambos países para restablecer el orden económico y social de un lindero poroso y dinámico por el que transitaban, diariamente, más de 150.000 personas.
Del lado venezolano, la disminución del contrabando y la criminalidad son los resultados más evidentes. En los estados Táchira y Zulia ha menguado la extracción de 35 % del combustible producido en Venezuela con el que se surtía, por vía irregular, el norte de Colombia.
El contrabando era realizado por los «pimpineros» que extraían el combustible para revenderlo en territorio colombiano, especialmente en el Norte de Santander, Arauca y La Guajira. Esa actividad de origen ilegal era «institucionalizada» en el vecino país con la admisión de «cooperativas» que expendían la gasolina a precios por debajo del establecido en las estaciones de servicio colombianas.
A inicios de este mes, el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, informó que tras el cierre de la frontera, el Estado venezolano se ahorra alrededor de 4 millones de litros de gasolina diarios, que anteriormente salían por contrabando. Caso similar ocurre en Táchira, donde dejan de fugarse más de 1,7 millones de litros en cada jornada.
Ese ahorro de combustible, en un contexto de bajas cotizaciones en el mercado petrolero, resulta fundamental para Venezuela, país cuyo principal producto de exportación es el crudo.
Sin embargo, la situación ha afectado severamente el norte colombiano. El lunes pasado, transportistas de Cúcuta protestaron ante las largas filas que deben hacer para abstecer sus vehículos de carga, especialmente por la restricción de 80 litros que se ha impuesto en las estaciones, pese a que el gobierno había prometido enviar más combustible a esa zona, donde tienen el postergado reto de superar la dependencia de Venezuela.
Se estima que unas 30.000 familias de todo el eje fronterizo con Venezuela vivían del contrabando de combustible, un negocio altamente lucrativo para los revendedores informales que adquirían un galón de gasolina en Venezuela al precio equivalente de 0,144 pesos y lo expendían del lado colombiano en 3.600 pesos.
Ese precio aún resultaba atractivo frente a los 5.012 pesos que cuesta el mismo galón en las estaciones de servicio de Cúcuta o los 8.200 pesos que vale en la capital, Bogotá.
Además de combustible, se frenó el contrabando de medicinas. Un reporte del ministerio de Salud refiere que el expendió de medicamentos en el estado Táchira disminuyó 92 % luego del cierre fronterizo, una dramática caída que reveló, de acuerdo con el ministro Henry Ventura, que había «farmacias de maletín, que manejaban el contrabando de medicamentos hacia Colombia».
La situación es parecida en el área de alimentos. Toneladas de rubros de primera necesidad, producidos en Venezuela, han sido decomisados en la frontera cuando intentaban pasarse de manera ilegal a Colombia. La abismal diferencia de precios entre los productos subsidiados por el Estado venezolano para garantizar la seguridad alimentaria de su pueblo contrasta con el alto costo que tienen en el vecino país.
Por esa razón, tras el cierre de la frontera, la población de Cúcuta ha registrado la inflación más alta en septiembre pasado. El pico es atribuido al hecho de que los colombianos que viven en ese departamento ya no hacen sus compras en Venezuela, lo que ha encarecido su nivel de vida. Un reciente informe de Bank of América reafirma esa postura.
El mes pasado, la Federeción Nacional de Comerciantes (Fenalco), citada por el diario El Colombiano, reconoció que por lo menos 12.000 personas vivían en Cúcuta surtiendo tiendas con productos de contrabando producidos en Venezuela y que 90 % de la población en esa región los consumía.
La extracción de esos productos se realizaba, generalmente, a través de pasos ilegales. Consultado por ese mismo diario, el director de la policía fiscal y aduanera de Colombia, Gustavo Moreno, afirmaba en septiembre que la ruta más común era a través de las 247 «trochas» que comunican ambos territorios en una costura común que abarca 2.119 kilómetros.
El impacto del cierre también se ha sentido en materia de seguridad ciudadana. En los estados fronterizos de Venezuela se ha reportado la disminución de la criminalidad en más de 60 % y, mediante la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) implementada por el Gobierno Nacional han sido capturados más de una treintena de paramilitares, lo cual confirmó las denuncias esgrimidas por Caracas para restringir el acceso en la zona limítrofe.
Tras la reactivación del diálogo con Bogotá, ambos gobiernos han acordado el relanzamiento de la cooperación conjunta para contener la violencia paramilitar y delitos conexos como el secuestro, el contrabando y el narcotráfico.
De hecho, el gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reconocido el impacto positivo de las medidas. Su ministro para la Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró el 17 de octubre: «La frontera con Venezuela del lado de Colombia es más segura hoy que hace 60 días».
Durante un Consejo de Ministros, Villegas reportó el descenso de 10 % en el índice de homicidios «y todos los indicadores criminales están a la baja en los últimos dos meses».
«Con esta nueva política de fronteras, por primera vez el país tiene una hoja de ruta para hacer intervención social y económica en los municipios limítrofes», destacó Santos en declaraciones recogidas por un comunicado de la Presidencia.
Caracas ha reafirmado que el tránsito se restablecerá normalmente por tierra hacia territorio colombiano cuando se alcancen avances concretos para garantizar una frontera de paz, cuya estabilidad se pueda mantener en el largo plazo.
