Sindicatos presentan plan alternativo al ajuste fiscal
Las organizaciones que componen la Coalición Sindical presentaron sus propuestas para atajar la crisis fiscal, reactivar la economía y redefinir la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos, e incluyeron entre las recomendaciones algunas iniciativas que ya han sido contempladas por la administración de Alejandro García Padilla, como la reestructuración de la deuda pública y la reorganización del Departamento de Hacienda (DH).
Al elaborar su plan, los miembros de la Coalición Sindical tomaron como base los hallazgos y señalamientos de estudios comisionados por el gobierno, como los que prepararon la firma consultora KPMG y la economista Anne O. Krueger, pero advirtieron que sus recomendaciones para atajar la crisis toman rumbos distintos.
“Todos los análisis económicos (encomendados por el gobierno) tienen la misma receta: cercenar los derechos de los trabajadores, abaratar la mano de obra, reducir servicios esenciales, y ninguno trabaja con la crisis estructural del modelo económico y la transformación del marco político”, manifestó Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), durante una rueda de prensa en el Capitolio.
“En Puerto Rico, nos encontramos ante una situación crítica que requiere de la creación de una agenda nacional para estructurar un plan de desarrollo económico basado en la justicia social, la protección de los sistemas ecológicos y la satisfacción responsable de las necesidades sociales como centro de las aspiraciones de la clase trabajadora”, abundó, acompañada por varios dirigentes de movimiento obrero.
Aunque reconocen que, desde hace más de un año, han sometido sus ideas al Ejecutivo y han sido ignoradas, González y Federico Torres Montalvo, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUTE), se expresaron confiados en que la historia ahora será diferente debido a la apremiante situación por la que atraviesa el país.
“La situación de Puerto Rico cada día es peor. Cada día, vemos los análisis que hacen los expertos que contratan gastándose cientos de miles de dólares… y el problema sigue cada día creciendo. Es el momento ya que el gobierno debe entender que debe escuchar al pueblo de Puerto Rico y a sus trabajadores. Nosotros también tenemos nuestros expertos, no tenemos que mandarlos a buscar, ni gastar tantos cientos de miles de dólares, sino que son personas que están preocupadas también porque son ciudadanos de Puerto Rico, y es el momento de que se escuche”, subrayó la presidenta del SPU.
Las propuestas fueron elaboradas con la asesoría del planificador José Rivera Santana.
“No puede caer en oídos sordos nuestra propuesta porque sería una irresponsabilidad, porque aquí tenemos todos que poner de nuestra parte, como se ha pedido, y estamos poniendo nuestras propuestas para que sean evaluadas y discutidas con nosotros en el foro que sea necesario”, abundó la líder sindical.
Entre las recomendaciones, contenidas en un documento de 24 páginas que sería entregado a cada uno de los legisladores y a García Padilla, figura que se establezca como objetivo que los recaudos contributivos equivalgan a cerca del 12% del Producto Interno Bruto, lo que, según dijeron los líderes obreros, generaría ingresos de cerca $12,441 millones, y esto representaría alrededor de $4,000 millones más que lo que se recauda al presente.
La Coalición Sindical recomendó que los nuevos recaudos sean utilizados para atender la insuficiencia fiscal y para ampliar la base productiva del país y reactivar la economía. Además, sugirieron que se redefinan las tasas corporativas de las llamadas compañías exentas para fijar una tasa mínima efectiva de 10%, y que se establezca un impuesto especial a las operaciones de los negocios “de gran tamaño”.
Los representantes del movimiento sindical del País insistieron en la necesidad de que se audite y se renegocie la deuda del gobierno, pero recalcaron que ese proceso tiene que enmarcarse en un ambiente de transparencia absoluta.
“Tenemos que tener conocimiento de qué es lo que se va a pagar. Si no hay transparencia, el pueblo no va a confiar en estos números. Si dicen que los bonistas no confían en lo que pasa acá, en Puerto Rico, dicen que las personas que tienen interés económico no están confiando en las decisiones, imagínense cómo está el pueblo de Puerto Rico ante unos números que un día son unos y otro día son otros”, sostuvo González.
Las propuestas del grupo también incluyen unas recomendaciones generales, como impulsar una reforma contributiva de base amplia y que simplifique el sistema actual, revisar todos los impuestos sobre ingresos que aplican a los individuos y corporaciones, establecer un sistema tributario corporativo uniforme, con tasas preferenciales en función del bienestar social, mejorar la competitividad del País e identificar un mecanismo de consenso para atender la relación política y económica que mantiene la Isla con Estados Unidos.
Además del SPU y la CUTE, integran la Coalición Sindical la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), la Federación Central de Trabajadores (FCT) y la Federación de Trabajadores y Trabajadores de Puerto Rico (FTPR).
Proyecto para crear Junta Fiscal debe llegar a la Legislatura la próxima semana
El proyecto de Ley para crear la propuesta Junta de Control Fiscal debe estar en manos de la Asamblea Legislativa la próxima semana, según el calendario que estableció el Ejecutivo para la presentación de la medida.
Esa agenda fue confirmada durante la reunión que sostuvo el gobernador Alejando García Padilla con el comité ejecutivo de la Conferencia Legislativa.
“Las dos semanas se cumplen la semana que viene y esperamos tener eso la semana que viene. Está en curso todavía el calendario que se había planteado”, aseguró el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Charlie Hernández, al concluir la reunión en La Fortaleza.
Hernández identificó esta medida como la más importante que tendrá ante su consideración la Legislatura en lo que resta de la presente sesión ordinaria.
“Yo creo que la forma más fácil de llevar a la mesa de negociación a los bonistas, a quienes se le debe una cantidad enorme de dinero, es diciéndole que nosotros estamos en disposición de poner nuestra casa en orden y queremos crear unos mecanismos que le den la certeza a estos bonistas de que las finanzas, distinto a como ocurrió en décadas anteriores, ahora estamos en serio poniendo nuestras finanzas en orden”, dijo al referirse a la importancia de esa legislación.
“Para nosotros el proyecto más importante que está en tintero es el de la Junta de Control Fiscal, que esperamos que llegue como ha sido programado, y de hecho eso lo discutimos, si estábamos todavía dentro del calendario que se había diseñado”, expresó Hernández.
“Las fases finales están en curso y esperamos el proyecto pronto. Eso es de urgencia para la Legislatura porque abre en gran medida lo que es el proceso de renegociación de la deuda. Esa deuda que sabemos que es un yugo muy doloroso para el país y tenemos que buscar la manera para aliviarla”, agregó.
Argumentó que la redacción del proyecto toma tiempo y expresó su deseo de que cuando llegue a la Legislatura esté maduro.
“Es una cosa técnica, compleja, que requiere discusión no solamente interna, sino que con los acreedores. Hay muchos elementos que requiere esta discusión y yo prefiero que se tome el tiempo que tenga que tomarse y que el proyecto llegue lo más maduro posible a manos legislativas”, dijo.
Sobre la expectativa de lo que pueda ocurrir en las cámaras, indicó que “lo hemos expresado en el pasado, vamos a esperar tener el texto en las manos, leerlo y evaluarlo, antes de uno emitir una decisión inteligente de la medida. A fin de cuentas, eso es lo que se espera de los legisladores, que antes de emitir un voto, lo estudien, lo discutan, lo evalúen. Si hay algo que enmendar que se enmiende, si hay algo que ajustar, que se ajuste. Entonces, cuando tengamos el proyecto en su versión final, emitan un juicio inteligente”.
