Un año de Ayotzinapa: pese a las promesas de crear fiscalía especial, padres de normalistas consideran “un fracaso” reunión con Peña Nieto
Unos a otros se dieron ánimos arriba de los autobuses. Pero luego de tres horas, los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa salieron del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) furiosos. Eso no detuvo que lograran construir un ambiente de logro, acompañado de abrazos, palabras y palmadas en la espalda, a pesar de que unos minutos antes, de acuerdo con sus comentarios, el Presidente Enrique Peña Nieto los volvió a golpear.
Para los familiares de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, incluidos los tres asesinados en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, las acciones del Presidente se dieron a conocer para hacer creer a nivel internacional que se trabaja en el caso, pero lo que hay detrás es sostener la llamada “verdad histórica”.
“Vimos que con cada uno de los supuestos compromisos que asumió, lo que en verdad hizo es proteger a sus secretarios”, comentó Carlos Martínez, estudiante de la Normal de Ayotzinapa.
“Ya sabíamos que [el Presidente] no se iba a comprometer”, dijo uno de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos hace 364 días. Otro agregó: “Si fuimos fue por trámite”.
Justo cuando anunciaron la mala noticia decenas de ciudadanos condenaron el hecho y calificaron a Peña Nieto de “traidor”.
Frente a la Catedral Metropolitana, donde mantienen las llamadas “carpas del ayuno”, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, dijo que no se logró acuerdo alguno con Peña Nieto. “No son acuerdos con los padres de familia, es lo que él cree que es bueno para él pero no son soluciones para los padres”, dijo.
En el mismo sentido, el padre de familia Abraham Bernavé criticó: “Nada se nos informó, llevamos ocho puntos y no hubo nada, no tuvimos nada que él [Enrique Peña Nieto] se comprometiera […] Lo que le hemos pedido es que se comprometiera con los ocho puntos”.
“NO NOS VAMOS, NO NOS CANSAMOS”
Cerca de las 17:00 horas de ayer, minutos después de la mesa de diálogo, Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno de la República, anunció que el Jefe del Ejecutivo federal instruyó a las dependencias a atender las peticiones y detalló que Enrique Peña Nieto les dijo a los familiares de las víctimas: ”Estamos del mismo lado, ustedes y yo queremos lo mismo: saber qué sucedió con sus hijos y castigar a los responsables. Busquemos juntos la verdad”.
Sin embargo, Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los padres, aseguró que al mandatario federal no le interesó resolver el caso y no le importan los derechos humanos.
“Enrique Peña Nieto no se comprometió al cumplimiento de ninguna de nuestras demandas. Esgrimió seis posibles compromisos que puede contraer, pero no son fundamentales”, comentó Rosales.
El abogado denunció que la comisión fue atacada por partida doble, pues a pesar de los resultados de la reunión con los funcionarios, los elementos de Estado Mayor presidencial hostigaron e intentaron humillar a los familiares de las víctimas.
“Queríamos que aceptaran sus errores. Ya sabíamos cómo iba a responder en Gobierno. ¿Por qué no reconocen que se equivocaron? El Gobierno tiene que aprender a reconocer sus errores”, dijo esta tarde una primera madre, María de Jesús Tlatempa, en conferencia de prensa en el Zócalo de la capital del país, donde ayunan desde ayer a las 19 horas.
La mamá del normalista José Eduardo Bartolo Tlatempa advirtió:
“Pero no nos vamos, no nos cansamos. Vamos a ser su piedra en el zapato. Porque nosotros no nos podemos ir a nuestra casa sin saber en dónde están nuestros hijos […]. Si ustedes no pueden resolver este problema, se lo tienen que dejar a las personas que son serias y responsables”.
Mario González, uno de los padres del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dijo que para ellos era un simple requisito ir a ver al Presidente. “El Estado nunca nos ha dado nada, más que golpes psicológicos a los Padres”, recriminó.
En el encuentro, los padres de los normalistas entregaron una carta al Presidente con los siguientes ocho puntos:
Reconocimiento de la legitimidad de nuestra búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra abierto.
Permanencia del GIEI, aceptación plena del informe del GIEI y sus recomendaciones.
Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar.
Relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología.
Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de nuestros compañeros ejecutados extrajudicialmente.
Respeto a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas.
Mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a nuestros derechos.
Reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México.
“TOPE DONDE TENGA QUE TOPAR”
Pero el mandatario federal respondió con la propuesta de una Fiscalía para la búsqueda de personas desaparecidas, la cual ellos rechazan, puesto que urgieron una unidad especializada con dos vertientes: una para la búsqueda de los normalistas y otra para deslindar responsabilidades contra funcionarios que hayan afectado la investigación.
Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República, dijo en conferencia que el Presidente giró instrucciones precisas a todas las dependencias involucradas para llevar la investigación a “tope donde tenga que topar”; seguir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI- CIDH); transparentar de manera individual qué pasó con cada uno de los afectados; extender la atención médica y psicológica a familias y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinada; a la Procuraduría General de la República (PGR) le ordenó integrar un equipo de peritos “del más alto nivel” para saber con claridad qué pasó en el basurero de Cocula, en la que podrá participar el perito independiente José Torero, si así lo desea.
A su vez Marisa Mendoza, la esposa de Julio Cesar Mondragón, normalista asesinado, informó que la exhumación del cuerpo de su esposo estaba prevista para llevarse a cabo este 30 de septiembre y que fue pospuesta, lo que consideró es una muestra de que no les interesa esclarecer el caso.
“Ni a los caídos ni a los desaparecidos nos han resuelto nada”, reclamó.
Agregó que ellos solicitaron que el cuerpo fuera desenterrado para que se investigara su asesinato pues él “fue desollado vivo, él fue torturado” y su rostro no fue devorado por animales como se había dicho en un inicio.
A pesar de las preguntas que hizo la comisión, nada fue aclarado por parte del Estado, denunciaron.
Buscamos lo mismo; saber qué pasó con los 43: Peña
Apunto de cumplirse un año de la tragedia de Iguala y en la segunda reunión con familiares y representantes de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce desde entonces, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó crear una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. También se comprometió a no dar carpetazo al expediente y mantener abierta cualquier línea de la indagatoria, «tope donde tenga que topar».
Tras el encuentro, el vocero de la Presidencia Eduardo Sánchez expuso parte del contenido de las intervenciones y compromisos del mandatario con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.
«Estamos del mismo lado. Ustedes y yo buscamos lo mismo: saber qué pasó con todos y cada uno de sus hijos», citó el funcionario como una de las expresiones de Peña Nieto, que concluyó: «busquemos juntos la verdad».
El mandatario, dijo, firmó de recibido el pliego petitorio llevado por la comisión de Ayotzinapa a esta junta, y ordenó a Gobernación, Relaciones Exteriores y la PGR «analizar la viabilidad» de los ocho puntos ahí planteados.
Sin embargo, no se fijó un plazo para dar respuesta a esas demandas, aunque «ofreció un análisis riguroso y con prontitud».
De acuerdo con Sánchez, en plena reunión el mandatario ordenó a sus colaboradores investigar «todos los hallazgos y posibles responsables» que arroje la averiguación del caso Ayotzinapa e incorporar las recomendaciones y líneas de investigación propuestas por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este punto –y en atención a las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI)– la Procuraduría General de la República deberá integrar un equipo de peritos «del más alto nivel» para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. En este grupo podrá participar, si así lo decide, el experto forense José Torero, quien en su momento concluyó que no era posible que los estudiantes hubieran sido quemados en ese sitio.
Según Sánchez, existen «abundantes coincidencias» entre el informe de los expertos de la CIDH y la investigación de la PGR, y para aquellos puntos «en los que hay contraste» se dispuso un tercer peritaje y de ese modo «tener mayores elementos para esclarecer, con la certeza que sea posible, qué fue lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre (de 2014) en Iguala».
Como tercer punto dijo que se deberá esclarecer qué fue lo que ocurrió de manera individual con cada uno de los desaparecidos, al tiempo que la secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aseguren el acceso a los afectados a los mecanismos de atención y se garanticen los cuidados médicos a todos los lesionados de los sucesos de septiembre de 2014.
En el encuentro, el gobierno federal presentó una numeralia de sus pesquisas sobre este caso: 111 personas detenidas; 52 eran policías municipales de Iguala, 19 de la de Cocula y 40 más vinculados al crimen organizado en Guerrero, así como el ex alcade de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Angeles Pineda, «señalados como los autores intelectuales de este abominable crimen».
Se han realizado 664 dictámenes periciales, analizado 135 muestras de ADN y recabado 577 declaraciones ministeriales.
Detalló que hubo 6 mil 770 patrullajes de búsqueda, 255 sobrevuelos y 94 operaciones en aviones no tripulados.
Los familiares de los desaparecidos, aseguró Eduardo Sánchez, han recibido asistencia jurídica, sicológica y médica, incluida la instalación de una unidad de salud en la Normal de Ayotzinapa.
El funcionario declinó calificar el ambiente que imperó en el Museo Tecnológico, para cumplir sólo la encomienda de informar de los acuerdos alcanzados.
Los representantes de los medios pidieron saber si el Presidente dio respuesta al reclamo de investigar y eventualmente llevar ante la justicia a diversos funcionarios públicos, entre ellos el ex procurador general Jesús Murillo Karam, acusado de alterar las investigaciones del caso, y si respondió sobre abrir el cuartel militar de Iguala a los expertos internacionales.
Sánchez respondió: «hay un mandato constitucional para el titular de esta dependencia (PGR) de llevar a cabo todas las investigaciones sin restricción alguna y sin más limitación que la que el propio derecho establece». La PGR, subrayó, «tiene la obligación de llevar a cabo la investigación con estricto rigor técnico, más allá de cualquier especulación».
En su intevención, Peña Nieto manifestó «su solidaridad con el dolor de la comunidad de Ayotzinapa; reiteró su compromiso de escucharlos, dialogar y reafirmó la voluntad y buena fe del gobierno para esclarecer los hechos»‘, indicó Eduardo Sánchez. El mandatario dijo comprender el dolor e indignación de los padres, en este, «seguramente el año más difícil de sus vidas, porque ninguna madre, padre, hijo, hermano, debiera sufrir lo que ellos han sufrido». Al final del encuentro se firmó una minuta de los acuerdos.
Estas son las 8 exigencias de los padres de normalistas desaparecidos a Peña Nieto
A un día de que se cumpla un año del ataque a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y en medio de un segundo encuentro entre los padres de las víctimas y el presidente Enrique Peña Nieto, los familiares dieron a conocer un documento con ocho exigencias presentadas este jueves 24 de septiembre en el Museo Tecnológico.
1. Reconocer la legitimidad del movimiento de padres de familia y mantener abierto el caso.
2. Que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanezca un año más vinculado a las investigaciones y que el Gobierno Federal cumpla con sus recomendaciones.
3. La creación de una unidad especial de investigación que tenga dos instancias: una que se encargue de buscar a los normalistas desaparecidos, mientras que la otra indagaría las presuntas irregularidades que se cometieron durante la investigación del caso. En este caso que tanto la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) concretamente y en la Agencia de Investigación Criminal no estén dentro de la unidad.
4. Aplicar el uso inmediato de tecnología para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
5. Atención digna e inmediata a los heridos y familiares tanto de los estudiantes desaparecidos como de las personas que fallecieron la noche del 26 de septiembre de 2014.
6. Respeto a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y cese a la estigmatización de los normalistas.
7. Comunicación permanente y respetuosa de las víctimas al momento de darse a conocer actualizaciones en el caso.
8. Acciones de fondo, no sólo en este caso, contra la impunidad, la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
En el documento, los padres de familia le dicen a Peña Nieto que desconfían de las instituciones y de su gobierno, pero que “el anhelo de abrazar nuevamente a nuestros hijos hoy nos hace estar aquí para exigirle una vez más que los encuentre“.
