México: informe de expertos derrumba versión oficial sobre Ayotzinapa y Peña Nieto ordena tenerlo en cuenta
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echó abajo la “versión histórica” sobre la desaparecida forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en su sexto informe de actividades presentado este domingo ante funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto
En un evento realizado también frente a los padres de los jóvenes desaparecidos, el relator de México de la Comisión de Derechos Humanos, James Cavallaro, así como organizaciones sociales, los cinco expertos rechazaron que la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula y sus restos tirados en el río San Juan.
Con base a un peritaje de un experto peruano José Toledo, quien acudió al basurero de Cocula, el abogado chileno Francisco Cox descartó “científicamente” no sólo que los 43 jóvenes hayan sido quemados en ese lugar, ni siquiera un solo cuerpo pudo ser calcinado.
“Con base a la evidencia podemos decir que no hubo incendio ni siquiera para incinerar a una persona”, detalló en conferencia de prensa posterior el abogado chileno.
De acuerdo a un estudio científico realizado por Toledo, dijo, “la carga necesaria para incinerar a una persona requiere de 700 kilos de kilos de maderera”, material que no se encontraba en el sitio de la presunta pira.
Apuntó que la versión de la PGR es sólo sostenida por los perpetradores que refieren haber calcinado a 43, en tanto que ni de manera científica “ni por medio de testimonios hay pruebas de que ahí se realizó un incendio ese día, lo que se constata al examinar el basurero que ha habido otros incendios pero de menor significación como para calcinar a una persona”.
Sobre los restos presentados por las autoridades, uno de ellos correspondiente a Alexander Mora, Francisco Cox puntualizó que las características del hueso “corresponden a las que se alcanzan los restos por incineración”, es decir en un horno crematorio.
Después de seis meses de indagatorias, en el expediente judicial, en información desclasificada del Ejército, así como a partir de entrevistas con estudiantes sobrevivientes e implicados procesados, los expertos sostuvieron que no hay claridad en cuál fue el móvil de la desaparición ni tienen certeza de dónde pueden estar.
Carlos Beristáin resaltó que por las evidencias obtenidas, se trató de un operativo con un incremento paulatino del nivel de violencia contra los jóvenes, hechos que fueron atestiguados por integrantes de diversas corporaciones policiacas y miembros de 27 Batallón de Infantería de Iguala, sin que actuaran para protegerlos.
Al detallar que los hechos dejaron 180 víctimas directas, 6 ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 víctimas indirectas, Beristain detalló que en los nueve escenarios en los que ocurrieron los hechos, estuvieron presentes miembros del 27 Batallón, de la Policía Federal, Policía Ministerial, Policía Estatal y agentes municipales de Iguala y Cocula.
El médico español resaltó que por peritajes externos, ubicaron que de los 110 detenidos, al menos 80 tenían huellas de lesiones, “pero compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los jueces determinar si fueron producto de tortura”.
Ángela Buitrago confirmó que “desde que los jóvenes salieron de Chilpancingo”, autoridades estatales y federales así como el Ejército, dieron seguimiento a la movilización de los estudiantes, el boteo y la toma de autobuses, y de que dirigían a Iguala.
La abogada colombiana, dijo que incluso por órdenes militares es que el C4 dejó de registrar llamadas de auxilio o de comunicación entre las autoridades, durante el tiempo en que ocurrieron los ataques a los estudiantes y que la última notificación se refiere a la balacera al camión en el que viajaban integrantes del equipo de futbol Avispones.
La abogada Claudia Paz y Paz habló de la existencia de un personaje de “bigote blanco”, que no ha sido plenamente identificado por las autoridades, quien habría dado instrucciones la en el operativo del 26 y 27 de septiembre del año pasado.
Paz y Paz narró que uno de los choferes de los autobuses en los que viajaban los estudiantes, fue detenido por policías estatales, llevado a una “casa de seguridad en el centro de Iguala”, y dio indicaciones para que el operador del autobús fuera liberado y fue luego de ser trasladado a instalaciones de la Policía Estatal.
La abogada también dio indicios sobre la existencia de un autobús, Estrella Roja, que fue “desaparecido” en las indagatorias y que había sido mencionado inicialmente por los estudiantes como uno de los cinco vehículos que tomaron el 26 de septiembre.
La guatemalteca contó que el grupo de expertos GIEI consideró sospechoso que al inicio de la averiguación se mencionara el vehículo y que en las últimas actuaciones no se hablara más de él, aún cuando en un video de la central camionera de Iguala, se observa que fue abordado por los jóvenes.
Los jóvenes, expuso, contaron al GIEI que fueron bajados del vehículo y atacados por policías ministeriales y ministeriales a balazos, y que diez jóvenes fueron refugiados por una familia en tanto que otros cuatro huyeron al cerro.
Al pedir la declaración del chofer, agregó, éste negó los hechos, dijo que el camión se descompuso y que los jóvenes abandonaron el vehículo, “sin embargo, después localizamos un escrito, en la indagatoria al parecer narrado por la misma persona, en el que se confirman los dichos de los estudiantes”.
El abogado Alejandro Valencia dijo que de la revisión de la investigación así como de las condiciones nacionales sobre las desapariciones, el GIEI emitió 20 recomendaciones, entre las que destacan la insistencia por continuar con los operativos de búsqueda y fincar responsabilidades a funcionarios que “crearon obstáculos durante la integración de la averiguación previa”.
Valencia reconoció que el mandato del GIEI pudo ser ejercido por la voluntad del gobierno de Peña Nieto, pero admitió que están “en espera de que el Estado confirme los dos meses de prórroga del mandato que dio la CIDH o de lo contrario que informe quiénes se harán cargo del seguimiento de las recomendaciones”.
Al término de la presentación, el documento fue entregado a los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Juan Manuel Gómez Robledo, así como al subprocurador de Derechos Humanos Eber Betazos; a los padres de familia de los desaparecidos, así como al representante de la CIDH, James Cavallaro.
Peña Nieto ordena que las pesquisas del caso incluyan el informe del GIEI
En lo que fue la primera reacción oficial al informe presentado al mediodía por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter, anunció: «He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI».
En cuatro mensajes de texto, el Presidente resumió sus primeras instrucciones para reaccionar a los alcances del informe que en muchos aspectos contradice la versión oficial que hasta ahora ha dado la Procuraduría General de la República (PGR). “También le he dado indicaciones a las dependencias del @Gobmx para que analicen cada una de las recomendaciones que han presentado hoy”.
Mediante un tercer mensaje que envió antes de que la PGR ofreciera un mensaje público para hacer patente las acciones a seguir por el gobierno mexicano, Peña Nieto agradeció el trabajo realizado por el GIEI y el apoyo de la CIDH «para la investigación de hechos tan lamentables».
El posicionamiento del Presidente a través de redes sociales fue complementado ratificando su postura frente a los derechos humanos: «México seguirá sumando esfuerzos a favor del estado de derecho y la protección de los derechos humanos».
Más tarde, al igual que lo hiciera el Presidente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fijó su postura sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: «Ante los lamentables sucesos de Iguala, el Estado mexicano ha mantenido plena apertura y compromiso con la transparencia».
En cuatro mensajes de su cuenta de red social, agregó que por instrucción presidencial “se analizarán y tomarán en cuenta las recomendaciones dadas a conocer por el #GIEI de la @CIDH”.
Hasta el momento el gobierno federal ha detenido ya a 110 presuntos responsables, «incluido el entonces alcalde de Iguala. No habrá impunidad. Se castigará a todos los culpables», apuntó Osorio. Agregó que continuarán con los trabajos para que el país «cuente a la brevedad con leyes avanzadas en materia de búsqueda de personas y desaparición».
El teatro se les cayó; es una mentira histórica: familiares
“Hoy el teatro se les cayó. El informe de los expertos mostró que el gobierno mintió una vez más y que la supuesta ‘verdad histórica’ (sobre el caso Ayotzinapa) es más bien una mentira histórica”, señalaron las madres y los padres de los normalistas ejecutados, heridos y desaparecidos tras el ataque que sufrieron el 26 de septiembre de 2014.
Los familiares de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y alumnos de esa escuela ofrecieron la tarde de ayer una conferencia de prensa en la que presentaron su posición tras conocer el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso, en el que entre otras cosas se mostró que no hay evidencia científica para asegurar que los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
«El informe demostró que nosotros teníamos la razón, que nuestros hijos no pudieron ser quemados en Cocula. Siempre supimos que se trataba de una mentira del gobierno federal y hoy quedó evidenciada». Agregaron que las autoridades federales no sólo les mintieron a ellos, sino a todo el país y al mundo.
Ha pasado casi un año desde los hechos y han sido días de «tortura y desesperación» por no saber el paradero de sus familiares. Sin embargo, ayer las madres y padres manifestaban a través de sus miradas y voces una nueva esperanza: la posibilidad de hallar con vida a sus hijos, el fin último de la larga lucha que emprendieron hace más de 11 meses, y por el que no descasarán hasta conseguirlo.
«La pregunta ahora es: ¿dónde están nuestros hijos? ¿Para dónde se los llevaron? Ya no vamos a pedir, exigiremos que nos los entreguen porque (después del informe del GIEI) tenemos más fuerza y más certeza de que están vivos», aseveró Mario César González, padre del normalista César Manuel González Hernández.
Fueron varias las demandas de los familiares de los normalistas durante la conferencia –que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)–, pero pusieron énfasis en dos. La primera: que el gobierno federal refrende de manera indefinida la presencia del grupo de expertos de la CIDH hasta que se alcance verdad y justicia en el caso, sanción a los responsables y que aparezcan con vida los 43 estudiantes desaparecidos.
Y que Enrique Peña Nieto los reciba antes del 10 de septiembre, pues el titular del Ejecutivo federal «no ha cumplido» ninguno de los diez puntos a los que se comprometió con los padres y madres en la primera y única reunión que ha tenido con ellos, en octubre del año pasado. «Queremos que dé la cara».
“Hoy quedó demostrado que teníamos razón, que hemos sido víctimas del gobierno (…) Por eso ya no creemos en ellos, sólo tenemos confianza en nuestro grupo de expertos, son personas serias y que trabajan con honestidad”, indicó María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Nartolo Tlatempa.
A su voz se unió la de Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, quien con voz ronca y grave no pudo ocultar ese enojo guardado por más de 11 meses: «El gobierno ha destrozado nuestro corazón llevándose a nuestros hijos y hoy el GIEI nos demostró que toda la investigación ha sido una vil mentira». Resaltó que los familiares no estaban empecinados en rechazar los argumentos expuestos por el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien habló de la «verdad histórica», simplemente no los aceptaban «porque no había evidencias científicas».
Los familiares exigieron la búsqueda inmediata de sus hijos, la sanción y consignación de los funcionarios –entre ellos Murillo Karam– que incurrieron en el falseo de las indagatorias, que se restructuren las investigaciones con nuevas líneas y que las indagatorias oficiales tomen como base el informe del GIEI.
Resaltaron que el informe no sólo mostró que no hay evidencia de que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, sino que también el análisis de más de 500 páginas delineó que no intentaban interrumpir ningún acto oficial en Iguala, Guerrero, que no tenían relación con ninguna organización criminal, y que hubo participación y conocimiento del ataque de parte de diversas fuerzas de seguridad, entre éstas elementos militares.
Realizará la PGR un nuevo peritaje en caso Iguala
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio, que realicen un análisis para determinar si en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron incinerados los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, como lo afirmó está institución en su versión histórica de los hechos.
El anuncio lo realizó la procuradora Arely Gómez González, horas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe sobre el caso, en el que determinaron que los normalistas no fueron incinerados en Cocula.
En la edición 1985 de Proceso, el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, entrevistado por la reportera Patricia Dávila, dio su dictamen: “En Cerro Viejo no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”.
Y agregó: “Dice nuestro procurador que los quemaron con llantas, diésel y gasolina a mil 600 grados centígrados de temperatura, pero el acero se funde a 2 mil 500. Por lo tanto, en cantidad considerable, debieron encontrar fibras metálicas de los neumáticos que emplearon, porque para quemar 43 cuerpos debieron utilizar de tres a cuatro neumáticos por persona y una cantidad considerable de gasolina y diésel”.
Semanas después, en el número 1999 del 21 de febrero de este año, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” de la PGR, el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Arturo Talavera aseguró que era falso que en ese lugar se hubiera prendido fuego a los normalistas.
“La ciencia se ensaña con las versiones del procurador de Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, si mil 600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH Jorge Arturo Talavera lo tiene claro: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes”.
Trastabillante, en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas, la procuradora Arely Gómez se pronunció respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula:
“He instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa. En atención a ello, he ordenado a las diversas áreas de la PGR para que a partir del momento en que fue recibido, se lleve a cabo su estudio y análisis detallado del contenido y que se incorpore a la investigación que lleva esta institución”.
Respecto a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio.
Afirmó que las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias.
Explicó que con el objetivo de determinar los hechos ocurridos y para fortalecer las investigaciones, el 13 de octubre de 2014, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se materializó con la conformación del GIEI.
“El día de hoy el grupo de expertos presentó un informe que es fundamental para la investigación, como lo han reconocido los miembros de este grupo, se brindaron todas las facilidades para sus actividades, pues el gobierno de la República ha sido el primer interesado en que la asistencia de la CIDH nos permita dar mayor certeza sobre estos hechos”, señaló la funcionaria.
Los resultados y conclusiones de las entrevistas del trabajo de campo y de los estudios que los expertos llevaron a cabo, desde el día de hoy se analizarán y en su momento, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa.
Reiteró que la PGR continúa y continuará con su labor, hasta que el último responsable sea consignado.
Informó que derivado de la investigación ministerial, se ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las cuales han sido aprehendidas 110, las cuales enfrentan un proceso penal para responder por estos hechos que tanto indignan a los mexicanos.
Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, la procuradora ordenó que se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, por tal motivo, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”.
En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones del grupo de expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías de Iguala y Cocula participaron en la comisión de estos delitos. Dichas corporaciones policiales fueron cooptadas por la delincuencia organizada como se ha podido acreditar de las actuaciones que obran en el expediente.
El grupo de expertos también refieren que la delincuencia organizada infiltró la administración municipal del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio. José Luis Abarca se encuentra detenido y está sujeto a diversos procesos penales.
Arely Gómez anunció que el Estado mexicano solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos en los términos y modalidades que serán acordadas por todas las partes.
En cuanto a la averiguación previa, ésta será llevada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y se ha solicitado la acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas, para que estos sean resueltos por el mismo juez federal.
