La ONU vota hoy propuesta argentina de crear marco regulatorio para prevenir accionar de los fondos buitre
La resolución que condena el accionar de los fondos buitre será analizada por la Asamblea General.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timerman encabezarán la delegación argentina.
De cara a esa votación, la embajadora argentina ante la ONU, María Cristina Perceval, manifestó su confianza en que la propuesta recibirá una respuesta positiva de la mayor parte de los países miembros del organismo.
«Espero que sea una votación donde claramente la comunidad internacional mande la señal y defina principios básicos para orientar los procesos de reestructuración, que ya no serán para Argentina, pero estarán presentes cuando quieran tomar su decisión algunos jueces o hacer movimientos los predadores», remarcó Perceval.
La Asamblea General tendrá lugar a partir de las 15 (hora local, las 16 en Argentina), y entre los temas que abordará se destacan los «nueve principios» aprobados a fines de julio por el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana de la ONU, con los que se busca limitar el accionar de los fondos buitre en los procesos de canje de deuda, de manera de permitir el crecimiento y el desarrollo inclusivo de los países.
El documento. El documento -que surgió del trabajo realizado en los últimos cinco meses por la mayoría de los países miembro de ONU- plantea como primer principio, que los Estados soberanos tienen «el derecho de diseñar sus políticas macroeconómicas, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva».
También establece que la «buena fe tanto del deudor soberano y de todos sus acreedores, implicaría su participación en las negociaciones de una reestructuración de deuda soberana constructiva y otras etapas del proceso, con el objetivo de un restablecimiento rápido y duradero de la sustentabilidad de la deuda y el servicio de la deuda».
Otro ítem fundamental es el apoyo «de una masa crítica de acreedores a través de un diálogo constructivo sobre las condiciones de la reestructuración», de manera de evitar que alrededor del 1 por ciento de los acreedores -como sucedió en el caso argentino- prime en los estrados judiciales por encima de la opinión de más del 93 por ciento de los bonistas que aceptaron canjear sus títulos en default por bonos reestructurados.
Otro de los principios sostiene que el «tratamiento equitativo impone en los Estados el deber de abstenerse de discriminar arbitrariamente entre los acreedores, salvo que un tratamiento diferente se justifique bajo la ley, sea razonable y en correlación a las características del crédito, garantizando la igualdad entre todos los acreedores, discutida entre todos los acreedores».
A su vez, «los acreedores tienen el derecho de recibir el mismo tratamiento proporcional de acuerdo con su crédito y sus características. Ningún acreedor o grupo de acreedores debería ser excluido ex ante (a priori) del proceso de reestructuración de deuda soberana».
Otro de los principios sostiene que la «inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución respecto a las reestructuraciones de deuda soberana, es un derecho de los Estados ante tribunales nacionales extranjeros y las excepciones deberían ser interpretadas restrictivamente», entre otras cuestiones.
Respaldo. La iniciativa impulsada por Argentina recibió apoyo de -entre otros- el Grupo de los 77+China y de un importante número de país que componen el organismo multilateral, mientras que los votos negativos y las abstenciones provinieron de EEUU, naciones europeas, y Japón, entre otras.
«Los poquitos que votaron en contra en las resoluciones anteriores fueron once Estados, que representan el 7% del poder de decisión en la Asamblea General», precisó la embajadora Perceval.
Sobre la votación de hoy también se pronunciaron durante las últimas horas, diecinueve economistas internacionales que hicieron público su respaldo a la creación de un nuevo marco regulatorio para los canjes de deuda soberana a nivel multilateral e instaron a los países europeos a votar a favor del proyecto en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
«Esta resolución de interés público debe ser apoyada por todos los Estados europeos y debe ser puesta en el debate público», exhortaron los economistas en una carta enviada a los máximos representantes de todos los países miembros de la ONU.
Entre los firmantes se destacan el ex ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, y el economista francés Thomas Piketty.
«Ayer Argentina, hoy Grecia, y mañana quizás también Francia, cualquier país en deuda puede ser impedido de reestructurar su deuda a pesar de todo sentido común», advirtieron en la carta.
«La crisis griega ha dejado en claro que los estados individuales que actúan por sí solos no pueden negociar condiciones razonables para la reestructuración de su deuda en el marco político actual, a pesar de que estas deudas son a menudo insostenibles en el largo plazo», agregó la misiva que también lleva la firma los economistas James Galbraith (Universidad de Texas en Austin); Heiner Flassbeck (ex economista jefe de la UNCTAD); Martín Guzmán (Universidad de Columbia); Jacques Généreux (Institut d’études politiques de Paris); Steve Keen (Universidad de Kingston); Gabriel Colletis (Universidad Toulouse 1); Michel Husson (Institute de Recherches Economiques et Sociales); y Benjamin Lemoine (Universidad París-Dauphine), entre otros.
Richard Kozul-Wright, director de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: “Es un logro destacable”
Como director de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) Richard Kozul-Wright estuvo a cargo del secretariado de las negociaciones de los principios básicos para guiar las reestructuraciones de deudas soberanas. Junto con los representantes de los países y un grupo de expertos llevaron adelante la redacción de los nueve lineamientos que hoy serán sometidos a votación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Las debilidades del sistema actual quedaron en evidencia con los casos recientes de Grecia y Argentina. La adopción e institucionalización de estos principios va a dificultar que los fondos buitre continúen explotando los agujeros legales del sistema financiero internacional”, sostuvo el economista británico en diálogo con Página/12 en las oficinas que la Unctad tiene en la sede del organismo multilateral en Nueva York. Kozul-Wright trabaja en Ginebra, pero llegó ayer a Estados Unidos para seguir de cerca la votación que tendrá lugar esta tarde.
–¿Por qué los nueve principios para guiar las reestructuraciones de deuda son relevantes?
–Logramos recuperar la atención de la comunidad internacional sobre las asimetrías entre las leyes de quiebra nacionales y la ausencia de principios y reglas comparables para hacer frente a los problemas de deudas soberanas. La idea fundamental de las leyes de quiebras es facilitar un proceso ordenado de reestructuración de los pasivos que balancee los intereses, muchas veces divergentes, de los deudores y acreedores, minimizando los costos sociales y económicos. Con ese argumento los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial impulsaron a los países en desarrollo golpeados por crisis financieras en los noventa a mejorar sus leyes. Pero, cuando se trata de las crisis de deuda soberana y su resolución esas mismas instituciones y sus miembros más poderosos se oponen a aplicar la misma lógica. Son renuentes a abordar un sistema ineficiente y fragmentado que hoy exhibe un claro sesgo en favor de los derechos de los acreedores. En ese contexto las discusiones en la ONU representan un instrumento para ampliar el debate desde una limitada perspectiva legal hacia una visión económica, política y legal más amplia.
–¿El objetivo no era crear un marco jurídico internacional?
–Los nueve principios son un gran paso hacia adelante. Las debilidades y agujeros en los mecanismos disponibles para manejar los problemas asociados a las deudas soberanas dejan en evidencia la necesidad de ir más allá. El diseño de un marco regulatorio internacional es ofrecer reglas transparentes, predecibles, justas y eficientes para resolver esos problemas que sean obligatorias para todas las partes. Cuando comenzó el proceso un año atrás existía la idea de que para estas fechas tendríamos un mecanismo para conducir las reestructuraciones de deuda funcionando. Nunca fue algo realista. Logramos elaborar un conjunto de principios generales que permiten seguir discutiendo. Dada la resistencia que encontró el proceso, es un logro destacable. Al ser las principales jurisdicciones para la emisión de bonos, Estados Unidos e Inglaterra tienen un enorme interés en mantener el status quo. Pero comienzan a escucharse muchas voces en esos países donde también hay problemas de deuda, como los hipotecarios, que habilitan un acercamiento distinto al tema. La adopción e institucionalización de estos principios va a dificultar que los fondos buitre continúen explotando los agujeros legales del sistema financiero internacional. El daño que pueden causar los hedge funds agresivos va más allá de las crisis de deuda soberana y las restructuraciones de deuda. Como sabemos jugaron un rol central en el desarrollo de la crisis internacional.
–¿La problemática está limitada a los casos de Argentina y Grecia?
–Las debilidades del sistema actual quedaron en evidencia con los casos de Argentina, Grecia, Ucrania y Puerto Rico pero nuestras preocupaciones están puestas sobre posibles crisis financieras que afecten a los países en desarrollo. La disputa Argentina con los buitres es lo que volvió a poner, tras el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa, el tema en la mesa de discusión internacional. Pero el gobierno ha sido muy claro desde el principio al vincular sus problemas específicos con el desafío más amplio que presentan la sustentabilidad de las deudas y las reestructuraciones. Los niveles de endeudamiento público y privado siguen creciendo y hoy los riesgos para las economías en desarrollo son todavía mayores. El estancamiento económico, el incremento en las tasas de interés y la caída en el precio de las materias primas son algunas de las tendencias que deberán enfrentar los países en desarrollo para evitar tener problemas de deuda más severos.
