El Salvador: secretario de la Presidencia critica al embajador en la OEA por votar a favor de iniciativa colombiana
El secretario técnico de la Presidencia de la república, Roberto Lorenzana, tildó de error la votación del embajador salvadoreño en la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de la iniciativa colombiana para una reunión de consultas de cancilleres sobre la crisis fronteriza con Venezuela.
El Salvador fue uno de los 17 países que votó contra la posición de Venezuela, que abogaba por una solución bilateral, y a favor de la postura de Colombia. En una reunión especial del Consejo Permanente de la OEA, el pasado 31 de agosto, Colombia, el embajador de El Salvador, Luis Menéndez Castro, instó al diálogo a los gobiernos de El Salvador y Venezuela.
“El Salvador sostiene que existe margen para reducir las tensiones”, señaló. El artículo 61 de la OEA indica que la “reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores” se celebra para “considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos”.
Lorenzana, quien destacó que El Salvador tiene “una relación estrecha” con Venezuela, aseguró ayer en “El Salvador Ahora”, Canal 10, que la política exterior la lleva el Presidente y Cancillería, cree que hubo un error en la votación y sugirió la destitución. “La política exterior la lleva el presidente de la República y Cancillería. Si eso es así, a mi juicio, debe ser destituido… Creo que fue un error de quien emitió esa votación”, señaló y aclaró que ésta no es una postura oficial. Ayer, Cancillería no había emitido posición.
Nidia Díaz, diputada de la Comisión de Relaciones Exteriores, cree que hubo una “imprecisión del delegado ante la OEA”. “La orientación precisa era que se asumiera un acompañamiento a Venezuela o, en último momento, quizá una posición de abstención, y el funcionario delegado tomó una posición (en contra) y creo que ellos (Gobierno y Cancillería) ya tomaron las medidas pertinentes”, dijo.
La dirigente del FMLN rei-teró que su partido político cree que Venezuela “está en su legítimo derecho de haber cerrado las fronteras hasta que se normalice la situación”, es decir, que se tomen medidas “para que los militares no asedien, no formen parte de un plan de desestabilización” y evitar “el contrabando de productos subsidiados en Venezuela” hacia Colombia.
