Crisis fronteriza: Gobierno colombiano decreta la emergencia económica en Cúcuta y Maduro pide a Santos “no tener miedo al diálogo”
El Gobierno decreta formalmente la emergencia económica en la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en Cúcuta. La medida se toma después de casi 20 días de dramáticos éxodos de colombianos residentes en el país vecino y de que la semana pasada la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur) decidiera salir del paso de la tensión entre ambos países y no apoyar la reunión de cancilleres que pidió el presidente Juan Manuel Santos.
La firma del decreto de emergencia económica es sólo el comienzo, pues el Gobierno tiene un plazo de 30 días, prorrogable por otros 60, para implementar las medidas de ayuda a los colombianos afectados por el cierre de la frontera con Venezuela. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, aseguró en el programa 6 a.m. hoy por hoy, de Caracol Radio, que “un estado de emergencia económica por la crisis en la frontera con Venezuela le da a país flexibilidad para tomar decisiones concretas, como en materia presupuestal”.
Una de las medidas del Gobierno está dirigida a las 200.000 toneladas de carbón represadas en la frontera. La ministra de Transporte, Natalia Abello, anunció que hay un plan para mover este mineral. Si bien todas las opciones requieren de un tramo de carga por carretera, una se combina con transporte fluvial y otra con el férreo. La menos viable, sin embargo, es la del recorrido en camión hasta la capital de Atlántico, debido a los altos costos operativos, de peajes y combustible que implicaría y por el largo recorrido, de más de 600 kilómetros.
Además, la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, anunció la apertura de una línea especial de apoyo a las empresas de Norte de Santander por un monto de $80.000 millones, la mitad de los cuales se podrá destinar a insumos de trabajo y para la consolidación o sustitución de pasivos. La parte restante será para programas de modernización de las compañías.
Sin embargo, el drama que se vive en la frontera es sobre todo social. De acuerdo con la Sala de Situación Humanitaria de Colombia, desde el 21 de agosto han ingresado al país 1.355 deportados que ahora tendrán que ganarse la vida en la ciudad con la segunda tasa de desempleo más alta del país y donde solo el 15% de los trabajadores son formales.
El rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, explicó que “lo que debe buscar la estrategia de emergencia económica fijada por el Gobierno es definir qué va a ser de la vida económica de la gran cantidad de personas que están llegando a Cúcuta, una ciudad que antes de este drama ya presentaba cifras altas de desempleo e informalidad, por lo que debe haber programas en los que se brinden capacitaciones y vinculaciones al mercado laboral formal. Además, no se puede desconocer que Venezuela es el lugar de trabajo de miles de colombianos. Y también es necesario crear un mecanismo con el cual se den beneficios particulares y acompañamiento a las empresas que estaban exportando, entre las cuales están las agrícolas”.
Eduardo Sarmiento, director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, indicó que “la tensión que se vive actualmente es muy típica de todas las fronteras. Debido a que los precios en Venezuela son más bajos que en Colombia, las personas tienden a migrar. Por ello esta problemática está atada al diferencial de precios de ambas naciones, por lo que es necesario crear condiciones para que los colombianos se queden de este lado de la frontera. Cúcuta es una zona donde hay problemas serios de informalidad y de oportunidades laborales, por eso es muy importante que se les dé a estas personas una posibilidad de empleo en el país. Además, no se puede prescindir de la posibilidad de dar una serie de subsidios para que los deportados puedan tener acceso a una vivienda y las demás necesidades básicas”.
Respecto al contrabando de combustible, uno de los principales problemas en la frontera, pero igualmente una de las principales fuentes de informalidad de Cúcuta, Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol, considera que “pese al decreto de emergencia económica fijado por el Gobierno, todavía no es claro lo que esta medida pueda hacer al respecto. Da horror decirlo, pero pareciera que el problema del contrabando ha sido alimentado por las grandes instancias del Estado”.
Ante la ONU continuará ofensiva diplomática por caso con Venezuela
La canciller María Ángela Holguín viaja a Ginebra, Suiza, para reunirse este lunes con el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, dentro de una serie de acciones que viene realizando el Gobierno Nacional en una ofensiva diplomática para denunciar las vulneraciones a los derechos humanos a colombianos en Venezuela.
Posteriormente viajará el miércoles a Nueva York, para sostener un encuentro con el secretario general de la n.
Luego del “revés” que se registró con la OEA, cuando se negó a debatir la situación en una cumbre de cancilleres, el Gobierno anunció la estrategia diplomática que busca que los organismos internacionales conozcan la situación humanitaria que se registra en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Más allá de que se condene a Venezuela o se impongan sanciones, ante nuevas instancias la canciller Holguín planteará la necesidad de buscar mecanismos para que se respeten los derechos humanos de los inmigrantes, pero también la urgencia para ayudar a más de 10.000 colombianos que han salido expulsados desde el vecino país.
Buscará un pronunciamiento frente a la importancia de protocolos mínimos para los deportados, permitir que se recuperen las pertenencias de los connacionales expulsados, la relevancia de mantener un corredor humanitaria habilitado para los estudiantes y procurar la reunificación de las familias que han sido separadas por el cierre de la frontera.
Entre lunes y martes se reunirá también con el director de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), William Lacy Swing.
El miércoles, luego del encuentro con el secretario general de la ONU, se reunirá con el director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de este organismo (OCHA), Stephen O’Brien.
Está por confirmar además que el próximo viernes el caso se lleve a Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe recordar que según confirmó el presidente Juan Manuel Santos, el fiscal general Eduardo Montealegre busca llevar el tema ante la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta que los derechos vulnerados a los connacionales estarían amparados bajo el paraguas al Estatuto de Roma.
Las acciones se enmarcan en una “ofensiva diplomática” que avanza desde el pasado miércoles, cuando se adelantó en Cúcuta un Consejo de Ministros con la presencia de 18 embajadores del cuerpo diplomático acreditado en Colombia.
Estrategia que continuó con la reunión de la canciller Holguín, con sus homólogos de Brasil y Argentina, el viernes y luego con la visita de Luís Almagro, secretario general de la OEA, este sábado cuando respaldo las peticiones humanitarias que se han formulado desde el país al Gobierno de Venezuela.
Maduro llama a Santos a hablar «donde, cuando y como quiera»
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a su par colombiano, Juan Manuel Santos, a no tener miedo y hablar «donde, cuando y como quiera», y advirtió que esta es la última vez que lo convoca a solucionar los problemas «cara a cara».
«Mi llamado al presidente Santos, nuevamente le hago un llamado. No tenga miedo al diálogo, presidente. Solo a través del diálogo usted y yo podemos canalizar la solución a estos graves problemas. Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con usted donde usted diga, cuando usted diga, como usted diga», remarcó Maduro.
«No me huya más. Déme la cara. Déle cara a este presidente que, aunque es un obrero, un hombre del pueblo, bueno, puede sentarse a hablar con usted. Me quedo esperando, presidente Santos por usted para una reunión. No siga rehuyendo a la conversación que solo a través del diálogo es posible buscarle solución a los problemas de la frontera», insistió.
Maduro efectuó su llamado a Santos a través de los periodistas en declaraciones efectuadas en Jamaica, isla caribeña en la que hoy termina una gira exterior que lo llevó por Vietnam, China y Catar.
Un encuentro «sin condicionamientos»
El gobernante venezolano emprendió su gira poco después de haber cerrado una franja de la frontera con Colombia que ha dicho que abrirá solo cuando acuerde con Santos una nueva política fronteriza de combate al contrabando, narcotráfico, secuestro y otros delitos.
Sin embargo, dijo creer que Santos «no quiere hablar» debido a presiones internas y que por ello rehuye una cita que él desea sea con «agenda abierta, sin condicionamientos, con la altura de dos jefes de Estado».
«Pongamos la verdad sobre la mesa y saquemos soluciones de esa mesa. Es mi ultimo llamado», advirtió Maduro.
El presidente recordó que este sábado recibió en Jamaica a los cancilleres de Brasil y Argentina, quienes buscan mediar en la crisis colombo venezolana, y que le comunicaron que Santos «estaba dispuesto a aceptar mi propuesta de una reunión cara a cara».
«Estoy esperando las consultas que se están haciendo» para que se concrete, pero «dentro de mi, acá adentro y lo digo con toda la sinceridad del mundo, creo que el presidente Santos no quiere hablar; está enredado, creo que está enredado entre consejos y presiones» de los medios de comunicación «de la oligarquía», sostuvo
A través de esos medios «han llamado a que me maten, presidente Santos», remarcó Maduro.
«Yo se que usted ve todas mis alocuciones (…); han llamado a matarme, presidente Santos, en sus narices. Las televisoras de sus amigos y familiares, las radios y la prensa y la revista de sus familiares y amigos», aseguró, aunque eximió de culpas a Santos.
«Yo no lo responsabilizo a usted, presidente Santos, pero usted tiene responsabilidades como presidente. Yo no permitiría que ninguna televisora, ninguna radio en Venezuela llamara a asesinar al presidente Santos, ni llamara a odiar a Colombia», subrayó.
La falta de diálogo, prosiguió Maduro, se debe a que «las élites de Bogotá pretenden que esos compatriotas colombianos de la frontera (…) vivan de traficar gasolina venezolana, de traficar con la moneda venezolana, con los productos que se producen o que circulan por la economía venezolana».
En la frontera había «una hemorragia» que paró, dijo, el 19 de agosto pasado, cuando cerró un tramo inicialmente de unos 100 de los más de 2.200 kilómetros de la frontera entre ambas naciones, cierre que amplió luego a unos 160 kilómetros.
«Elemento positivo»
Tras advertir que está dispuesto a nuevas ampliaciones del cierre, tildó de «bendito el día en que apliqué el torniquete a esa hemorragia que permitió -prosiguió Maduro- que se visibilizara cómo sufría el pueblo venezolano y colombiano», porque las autoridades colombianas han dejado que en la frontera impere el delito.
Ese es «el elemento positivo» de la crisis porque gracias a ello «en el mundo se habla de Colombia como amenaza por ser productora de cocaína», porque «en el mundo no se hablaba del paramilitarismo y ahora se está descubriendo que los paramilitares gobiernan en toda la frontera de Colombia».
Maduro también agradeció al papa Francisco, quien ha llamado a ambos presidentes a hablar directamente para superar la crisis.
«Muy bueno (el llamado) y yo le agradezco al papa su equilibrio y verdad, su recomendación y la acepto. Acepto la recomendación del papa» de un diálogo directo entre los presidentes, remató.
Colombia no busca sanciones contra Venezuela, dice canciller
María Ángela Holguín aseguró que la ofensiva diplomática internacional que el Gobierno ha iniciado no busca ni sanciones ni condenas contra Venezuela.
El Gobierno ha iniciado una ofensiva diplomática internacional para denunciar los presuntos atropellos en la frontera colombo-venezolana, pero «No estamos buscando ni sanciones ni condenas a Venezuela. No creemos que sea el camino para dar soluciones duraderas a esta situación en la frontera, pero sí que el tema migratorio se tome como un problema en el continente», indicó la ministra de Exteriores.
Desde el Vaticano, el papa Francisco invitó el domingo «a todos, en particular a los amados pueblos venezolano y colombiano, a rezar para que con un espíritu de solidaridad y fraternidad se puedan superar las actuales dificultades». El pontífice resaltó la importancia de la reunión del jueves pasado entre los altos jerarcas de la Iglesia Católica de los dos países para tratar de tender puentes de reconciliación.
Sobre la posibilidad de que prospere una demanda de las autoridades colombianas contra el gobierno venezolano en la Corte Penal Internacional, la ministra Holguín observó que «varios mecanismos internacionales de derechos humanos podrían tener competencia. En cuanto a la CPI, sus jueces son los que tienen la capacidad de determinar si los hechos ocurridos se ajustan al Estatuto de Roma».
Indicó que hasta ahora 1.408 colombianos han sido deportados desde Venezuela. Se calcula, sin embargo, que unos 15.000 nacionales han regresado a Colombia por temor a represalias en territorio venezolano. Unas 3.000 personas están en al menos una docena de albergues en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
La crisis se desató el 20 de agosto cuando Caracas cerró los pasos fronterizos en el estado suroccidental de Táchira tras el ataque que sufrieron tres militares y un conductor civil en momentos en que combatían el contrabando en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira.
De acuerdo con Holguín, Colombia continúa con su postura de solucionar los problemas con Venezuela por la vía del diálogo. Adicionalmente, no descartó una reunión entre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con su par venezolano, Nicolás Maduro, pero con unas condiciones previas.
«La reagrupación familiar es muy importante para nosotros y que la gente tenga la seguridad de que puede tener a sus hijos, todo dentro del respeto por los derechos humanos de los colombianos; también se debe permitir un corredor humanitario para que más de 2.000 niños puedan asistir a las escuelas y colegios en Colombia, y se debe dar la autorización para que las personas puedan recuperar sus enseres».
