Crisis fronteriza: Fiscal general de Colombia denunciará a Maduro ante la Corte Penal Internacional y Gobierno venezolano estudia ampliar el cierre de fronteras a Zulia
Fiscal confirma que demandará a Maduro y su cúpula militar ante la CPI
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, confirmó a Noticias Caracol que presentará una demanda contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su cúpula militar por los abusos y maltratos cometidos contra los colombianos que se encontraban en el vecino país.
“Se han producido deportaciones masivas y discriminatorias afectando el núcleo familiar y los niños que estaban con sus padres en Venezuela y conductas de deportación y de desplazamiento forzado”, indicó.
Dijo que en este momento un equipo de la Fiscalía está recaudando las pruebas en Cúcuta que demostrarán que se ha configurado el posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana. Luego de reunir las pruebas, aseguró que irá personalmente hasta La Haya a presentar la demanda contra el mandatario venezolano y si esta es aceptada, Maduro podría quedar expuesto a una orden de captura y a perder su inmunidad presidencial.
“Hay que destacar que de acuerdo al derecho internacional frente a la Corte Penal Internacional los presidentes no tienen inmunidad y la Corte puede generar una orden de captura internacional contra un presidente cuando existen indicios de que ha cometido crímenes internacionales», señaló.
Cabe recordar que los cientos de colombianos que han llegado al país deportados de Venezuela han denunciado que la guardia venezolana los maltrató y hasta amenazó con matarlos si no se iban de su país, tildándolos sin pruebas de ser paramilitares. Algo que según los afectados es mentira y sólo los querían sacar del país por ser colombianos.
Además se quejaron de que sus viviendas fueron marcadas con la letra D, que significa demoler, y varios de los colombianos dicen que tenían su documentación en regla y aun así los ‘echaron’ del país.
Otras quejas son porque las familias de colombianos y venezolanos fueron separadas. Según la Cancillería en Venezuela quedaron 229 niños venezolanos desprotegidos y separados de sus padres colombianos por lo que anunció este lunes dar la nacionalidad colombiana a niños y esposos de colombianos.
Canciller se reunirá con Ban Ki-Moon para tratar crisis fronteriza
María Ángela Holguín discutirá con el secretario general de Naciones Unidas las dificultades que atraviesan miles de colombianos desde cuando Nicolás Maduro ordenó su deportación de Venezuela.
La canciller de Colombia informó el miércoles que se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas, Ban ki-Moon, para exponerle la crisis humanitaria que atraviesan miles de colombianos desde cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó su expulsión y deportación de Venezuela.
«El miércoles me recibe el señor secretario general de Naciones Unidas», explicó María Ángela Holguín durante un debate en el Congreso.
El anuncio de Holguín se produjo un día después de que el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer una ofensiva de su gobierno ante organismos multilaterales para denunciar los supuestos maltratos que han sufrido sus compatriotas en la frontera colombo-venezolana.
La ministra de Exteriores también dijo que en breve se reunirá con el alto comisionado para los Derechos Humanos y la Organización Internacional de Migraciones.
A todos, dijo Holguín, «voy a mostrarles lo que ha pasado y la situación tan absurda» a la que han sido sometidos unos 1.100 colombianos que han sido expulsados por orden del gobierno venezolano. Según Naciones Unidas, otros 10.000 colombianos han dejado voluntariamente Venezuela por temor a represalias.
La decisión de Santos de recurrir a distintas instancias internacionales recibió el inusual respaldo de su mayor opositor político: el expresidente Álvaro Uribe.
Uribe calificó de «correcta» la decisión de Santos y ofreció una tregua ante lo que considera un cambio de actitud del presidente colombiano. «Creo que por el momento del país debo ahorrar preocupaciones por todo lo que venía diciendo y haciendo el Gobierno y dudas sobre el futuro», afirmó a periodistas.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, reveló que en los últimos días fueron deportadas desde Venezuela más de 1.000 personas, de las cuales una de cada cuatro era menor, y expresó su preocupación por los niños separados de sus madres y la destrucción de viviendas donde residían colombianos.
«Venezuela ha dado un paso atrás en sus obligaciones internacionales y se une al conjunto de países que involucionan en materia de derechos humanos», dijo Icaza en entrevista con a Blu Radio.
Las relaciones entre Caracas y Bogotá entraron en crisis luego de que Maduro resolvió el 20 de agosto el cierre de algunos pasos fronterizos en el estado de Táchira a raíz del ataque que sufrieron tres militares y un conductor civil cuando realizaban actividades de combate al contrabando. Según el gobierno venezolano, los hombres fueron atacados por paramilitares colombianos.
Ambos gobiernos llamaron el 27 de agosto a consultas a sus respectivos embajadores. A su vez, Maduro declaró el estado de excepción en 10 municipios fronterizos de Táchira, lo que implica la suspensión de algunas garantías constitucionales como las de reunión, manifestación en las calles, inviolabilidad del hogar y las comunicaciones, libre tránsito y libertad para dedicarse a cualquier actividad económica.
Ahora los deportados vienen de Caracas
La crisis fronteriza se agudiza y parece ir para largo. Este miércoles, durante el consejo extraordinario de ministros en Cúcuta, la canciller María Ángela Holguín dio una preocupante noticia: 32 colombianos fueron deportados desde Caracas a través de la frontera con Arauca.
“Tengo una noticia un poco desalentadora (…) Dicen que el tema en Caracas ya empezó, así que están entrando los primeros deportados que van desde la capital de Venezuela”, informó.
La noticia es alarmante. Desde cuando el presidente Nicolás Maduro dio la orden de cerrar la frontera y declaró el estado de excepción el pasado 21 de agosto, aseguró que su objetivo era expulsar a los indocumentados en San Antonio del Táchira y acabar con el ‘paramilitarismo colombiano’ que, según él, tiene azotado a la frontera con el contrabando.
Sin embargo, ese argumento se pone en duda con el anuncio de la ministra. Al ser expulsados 32 connacionales que vivían en Caracas queda en evidencia que para el gobierno venezolano el problema no está en la frontera.
Para Laura Gil, experta en relaciones internacionales, esta decisión de Venezuela muestra que las deportaciones están asociadas a problemas internos del vecino país y que la crisis, tal vez, se pueda profundizar.
“Era inevitable que esto siguiera escalando. La crisis con Venezuela está asociada al derrumbe de un proyecto político en ese país. Por eso Maduro está respondiendo a las necesidades internas y no a una lógica internacional”, explicó.
Pero eso no es lo único. La politóloga también considera que estas expulsiones pueden ser una respuesta de Maduro a la ofensiva diplomática que anunció este martes el presidente Juan Manuel Santos cuando aseguró que expondrá la situación ante organismos internacionales como la ONU, la Corte Penal Internacional (CPI) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
La crisis va para largo
Aunque el mandatario del país vecino cree tener argumentos para cada decisión que toma, no son pocos los que relacionan las deportaciones con la xenofobia, como el procurador general Alejandro Ordóñez, que interpuso una solicitud ante la CIDH para que proteja los derechos de los miles de colombianos que han salido de Venezuela como resultado de “una campaña de estigmatización” y una “política de xenofobia”.
Un juicio que no es descabellado. “Creo que Maduro está jugando con la xenofobia, una carta que es muy peligrosa. Cuando se prende esa mecha es muy difícil que se apague. Es por eso que Colombia debe actuar con grandeza y no responder de la misma forma”, manifestó Laura.
Las soluciones no están a la vista. Los diálogos entre María Ángela Holguín y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, no han arrojado resultados contundentes. Colombia no logró conseguir que en la OEA se hiciera una cumbre de cancilleres para debatir la situación y los ánimos en Unasur no están en la mejor disposición.
Y aunque la crisis se lleve a otros organismos internacionales, como lo anunció Santos, la decisión de parar las deportaciones depende del gobierno de Venezuela. Por eso ahora sólo queda una carta: que los dos mandatarios se reúnan e intenten llegar a un acuerdo.
“Esto va a terminar en un diálogo directo. Sin embargo, considero que esa reunión entre presidentes no sería conveniente en este momento. Maduro aún no tiene suficientes presiones como para ceder y llegar a algo”, explicó la experta.
Para la analista, Colombia debe ir creando un escenario y seguir mostrando la situación al mundo. Así como también debe volcar todos sus esfuerzos para atender la situación humanitaria, pues no hay duda de que la cifra de deportados (1.097) y connacionales que retornan voluntariamente del país vecino seguirá aumentando. “Creo que así será. Ojalá me equivoque en lo que estoy diciendo”, puntualizó.
Gobierno «evaluará» medidas en frontera de Zulia con Colombia
El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, visitó este miércoles la zona fronteriza con Colombia del estado Zulia donde, afirmó, el «pueblo» ha pedido al Gobierno que tome medidas contra el contrabando y la violencia, por lo que anunció que este territorio será estudiado para evaluar las acciones a tomar.
«Vamos a evaluar absolutamente cada medida para darle insumos al presidente (Nicolás) Maduro para que él pueda decidir y él estimará qué tipo de medidas se tomen en esta frontera, escuchando al pueblo, y el pueblo nos ha pedido autoridad», dijo Arreaza desde el municipio Guajira al canal estatal VTV.
La visita de Arreaza se realiza cuando se cumplen dos semanas de que Maduro ordenara el cierre de un tramo de unos 160 kilómetros de la frontera con Colombia tras el ataque de supuestos contrabandistas a tres militares y un civil venezolanos.
A este cierre le siguió un decreto de estado de excepción en seis municipios del Táchira, una medida que se extendió recientemente a otras cuatro jurisdicciones y que le permite a las autoridades venezolanas revisar toda la zona y sus habitantes con el objetivo de hacer frente al contrabando y supuesto paramilitarismo.
«Nosotros no vamos a tomar ninguna medida sin previo estudio, de hecho, ahora vamos a reunirnos con el equipo de la región estratégica de defensa integral», agregó el vicepresidente, quien reiteró que dará el parte al presidente cuando regrese en los próximos días a su país de la visita oficial que realiza a China.
Arreaza informó que este miércoles sostuvo una larga reunión con líderes de la etnia Wayúu que habita la Guajira y que le pidieron tomar medidas «para terminar con el contrabando, para terminar con el narcotráfico y para terminar con la violencia que lamentablemente hemos recibido de nuestra hermana Colombia».
El vicepresidente comentó que desde el lado colombiano la frontera está «desasistida por completo» y se encuentra «bajo el control de los paramilitares».
«Nosotros lo que deseamos es que el presidente (de Colombia, Juan Manuel) Santos y su Gobierno tomen control de su territorio, impidan que contrabandistas vengan a nuestro país a llevarse nuestro alimento, nuestra medicina, nuestros insumos para la construcción, nuestro combustible», dijo.
El anuncio de la evaluación a la frontera de Zulia se realiza mientras Santos denuncia que en el marco de las medidas tomadas por Venezuela en el Táchira se ha producido una «tragedia humanitaria» debido a los más de mil colombianos deportados y otros 10.000 que abandonaron el país para no correr con la misma suerte.
La frontera entre Venezuela y Colombia abarca 2.219 kilómetros repartidos, desde el lado venezolano, en Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, siendo los dos primeros estados los que más actividad económica y social comparten con el país vecino en la zona limítrofe.
Saab: demandar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional sería una “barbaridad jurídica”
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, calificó las intenciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de denunciar al Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional, como una “barbaridad jurídica”, por cuanto no existen los supuestos de ley para tal proceder.
Saab explicó que, en base al Estatuto de Roma, para que un país pueda ser llevado a la Corte Penal Internacional “deben darse los supuestos de crímenes de guerra” tales como exterminios, muertes y asesinatos contra una población, por lo que considera que las intenciones del gobierno colombiano son “graves” porque “revelan no solo ignorancia jurídica sino también mala fe”.
Calificó la posibilidad de la denuncia contra el Estado venezolano una como “barbaridad jurídica”, por cuanto no existen los supuestos de ley.
El Defensor explicó que existen dos supuestos para ir a la Corte Penal Internacional: la comisión de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Este último debe ser “un ataque sistemático, permanente, selectivo donde el exterminio de esa comunidad humana, la muerte y desaparición sea la constante, y ese supuesto no existe en el caso venezolano”.
Señaló que “un Jefe de Estado no puede caer en este tipo de declaraciones, muchas veces aventureras”, y consideró que este discurso estaba motivado “a la derrota diplomática en la OEA, que le ha impedido llevar una diplomacia de altura, en un lenguaje moderado de búsqueda de diálogo”, afirmó el Defensor.
Es pertinente destacar que luego del rechazo de la OEA, Colombia tampoco logró obtener una reunión de emergencia esta semana de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para abordar el conflicto fronterizo.
Asimismo, el también exgobernador de Anzoátegui expresó que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, “miente” cuando, “sin fundamento”, utiliza “la sensible figura de los derechos humanos” para hacer un “acto de propaganda” contra el gobierno del país vecino.
“Venezuela en el uso constitucional que le da la ley, ha decidido tomar medidas de seguridad en territorio venezolano en relación a los inmigrantes ilegales de nacionalidad colombiana, en un momento particular, cuando cuatro funcionarios venezolanos fueron acribillados y casi asesinados por bandas delictivas que entraban y salían por la frontera”, aclaró Saab.
Tarek William Saab reiteró que Venezuela “jamás ha deportado a refugiados colombianos” y que las denuncias emitidas por el gobierno colombiano se tratan de “actos de propaganda” que carecen de fundamento pues cuando se ha solicitado información concreta y documentada, no se ha dado.
A su vez rechazó la campaña de odio que desde el país vecino se pretende hacer contra Venezuela, y recordó los problemas de contrabando, ataque a la moneda, paramilitarismo y de violencia que se genera en la frontera desde Colombia hacia Venezuela.
Por último, afirmó que de recibir información documentada de algún caso o hecho que atente contra los derechos de los ciudadanos deportados, la Defensoría del Pueblo actuará para atenderlos.
