Con plan de protesta, sindicatos se preparan para enfrentar el plan de ajuste fiscal
Líderes del movimiento sindical del país cerraron filas este miércoles en contra del Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico, y advirtieron que iniciarán una serie de movilizaciones para evitar que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo aprueben medidas que atenten contra los derechos de los trabajadores y de los sectores con mayor desventaja económica.
La primera actividad concertada de la Coalición Sindical, que agrupa a nueve organizaciones obreras, será este viernes, a las 4:30 p.m., cuando los manifestantes se concentrarán frente al Capitolio, y de ahí marcharán hasta La Fortaleza para expresar su repudio al plan elaborado por el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, y que fue entregado el martes al gobernador Alejandro García Padilla.
“Esta actividad sindical es la primera respuesta colectiva de repudio al intento del gobierno de Alejandro García Padilla, a través de aprobar un Plan de Ajuste Fiscal, (de) cercenar la legislación protectora del trabajo utilizando como excusa la crisis fiscal y económica que atraviesa Puerto Rico”, manifestó Genoveva Valentín, directora ejecutiva del Servidores Públicos Unidos (SPU), durante una conferencia de prensa celebrada en la Plaza de la Democracia, en el lado norte de la Casa de las Leyes.
Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), enfatizó que la actividad programada para este viernes forma parte del plan de lucha aprobado por la Coalición Sindical en una asamblea el mes pasado, y que incluye otro tipo de manifestaciones de menor y mayor escala. El dirigente obrero, incluso, no descartó la posibilidad de que se decrete un paro nacional.
“Esa posibilidad siempre está sobre la mesa. Nosotros no descartamos nada. Obviamente, hemos llegado aquí para decirles a los legisladores que, en la media que intenten aprobar este plan del gobierno, los trabajadores y el país van a responder, porque esto no es solo en contra de los trabajadores, hay unas medidas que tocan directamente a la ciudadanía”, aseveró Irene Maymí.
Los líderes de la Coalición Sindical señalaron que, hasta el momento, han tenido acercamientos con la senadora Mari Tere González y con los representantes Luis Vega Ramos, Manuel Natal, Jesús Santa, Carlos Vargas Ferrer y Luis Raúl Torres, todos de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD).
Los representantes del movimiento sindical y algunos de los legisladores se reunirían nuevamente este miércoles durante la tarde en la alcaldía de San Juan para continuar el diálogo. La alcaldesa Carmen Yulín Cruz participaría directamente en los trabajos, y su oficial de prensa, Carmen Serrano, confirmó que el encuentro fue organizado la semana pasada.
La senadora González y los representantes Vega Ramos y Natal confirmaron a este medio su asistencia a la reunión, y este medio supo que, al menos, Vargas Ferrer también estaba convocado. Torres, en tanto, se excusó.
“De juntarnos a analizar la situación y buscar soluciones es de lo que se trata el proceso que empieza hoy (miércoles). Lo más importante es que los puertorriqueños podamos tener la capacidad de dialogar y discutir este asunto entre nosotros porque, si vamos a negociar con nuestros acreedores, tenemos que empezar a negociar entre nosotros”, dijo a este medio Vega Ramos poco antes de la reunión.
Los portavoces de la Coalición Sindical anticiparon que también buscarán sostener encuentros con legisladores de las minorías parlamentarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
La coalición está integrada por las matrículas de SPU, CPT, la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), Unión General de Trabajadores, United Auto Workers, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la Federación Central de Trabajadores, la Hermandad de Empelados Exentos No Docentes y la Federación del Trabajo de Puerto Rico.
La rueda de prensa de los líderes obreros comenzó justo después que se emitiera el mensaje en el que García Padilla habló en términos generales sobre el plan de ajuste fiscal, y las próximas gestiones de su administración para reestructurar la deuda pública.
Aunque desconocían el contenido específico del informe elaborado por el Grupo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, Federico Torres Montalvo, de la CUTE, negó categóricamente que el plan incluya recomendaciones del sector sindical. Funcionarios del Ejecutivo habían anticipado que el informe había acogido algunas sugerencias de diversas organizaciones.
“Mienten cuando dijeron que habían trabajado junto al sector laboral. Nadie del sector laboral se ha sentado con este comité que él (García Padilla) nombró para elaborar el ajuste fiscal que él llama. Ahora es que vamos a estar mirándolo”, puntualizó Torres Montalvo.
Azote al bolsillo de trabajadores y bonistas
El esperado plan de ajuste fiscal contempla extender el arbitrio a las corporaciones foráneas por otros cinco años, completar la implementación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y modificar la contribución sobre las residencias, edificios comerciales e industriales que cobran los municipios.
Asimismo, el plan propone extender la vigencia de la Ley de Sostenibilidad Fiscal por otros seis años y un programa de reducción de personal escalonado, incluiría la consolidación de agencias y la venta de activos del Gobierno.
Sobre todo, y por primera vez en su historia, el plan contempla renegociar las Obligaciones Generales, cuyo repago está atado a una promesa explícita en la Constitución de Puerto Rico. La renegociación también incluiría los bonos pagaderos con el Impuesto a la Venta y Uso (IVU), conocidos como Cofina.
La propuesta de renegociación -si se lleva a término- representaría el primer impago de una jurisdicción estatal estadounidense en la historia.
Tales medidas forman parte de un centenar de estrategias que el gobierno puertorriqueño tendrá que poner en marcha en cuestión de semanas. Ello, a fin de que las dependencias públicas puedan continuar operando en el presente año fiscal, habida cuenta que tanto agencias y corporaciones públicas están cortas por unos $3,000 millones. A cinco años, y de no hacerse nada, la deficiencia del gobierno alcanzaría unos $27,786 millones.
Un vistazo rápido al plan divulgado hace unos minutos apunta a que al cabo de cinco años, las iniciativas vinculadas a fiscalización e impuestos implicarán sacar del bolsillo de los contribuyentes unos $9,469 millones.
En tanto, los recortes en el gasto público, incluyendo la reorganización del Departamento de Educación y los programas de salud del Gobierno supondrían recortes de $4,914 millones, si las estrategias contenidas en el plan se implementan en su totalidad.
Las propuestas también incluyen una dosis de reformas estructurales que van desde las aprobaciones de exenciones al salario mínimo y los días de enfermedad y vacaciones hasta el desarrollo de alianzas público privadas, cuyos ingresos vayan a pagar planes de retiro en el servicio público.
La propuesta incluye además, reducir las contribuciones a las empresas y reinstalar el crédito por empleo del que se benefician particularmente los llamados trabajadores pobres.
A renegociar los GOs
Pese a los ajustes, el plan concluye que los gastos y la capacidad de ingresos del Gobierno no son suficientes y que en la alternativa, el camino es renegociar la principal deuda del estado.
Solo para este año, el pago de los GOs, aquella deuda con garantía del Gobierno central y otras obligaciones como Cofina, y la deuda de corporaciones públicas e incluso, la UPR rondaría unos $3,205 millones. Al cabo de cinco años, el servicio a la deuda de esas partidas totalizaría unos $15,935 millones.
Partiendo del informe, la propuesta de renegociación aplicaría a poco más de la mitad de la deuda pública de Puerto Rico, estimada en unos $72,000 millones.
La propuesta de renegociación del GO -como ha reportado antes El Nuevo Día- implicaría el inicio de un terreno incierto en materia jurídica para Puerto Rico. Ello, porque el gobierno puertorriqueño ha emitido deuda a través de 18 entidades distintas que, en muchas ocasiones, dependen mutuamente de los ingresos que se reciben o se garantizan entre sí. En ciertas instancias, se establece que los ingresos de una corporación pública podrían retenerse por el Gobierno central para pagar a los bonistas.
Como resultado, la histórica renegociación del GO, podría implicar el impago de otras corporaciones públicas como la Autoridad de Carreteras y Transportación, por ejemplo. Al presente, casi una tercera parte de la deuda pública del gobierno puertorriqueño está en manos de empresas y de individuos que hacen negocios o residen en esta isla caribeña.
