Colombia expondrá la semana próxima ante ONU y otros organismos crisis humanitaria en frontera con Venezuala
María Ángela Holguín dijo que el encuentro con el secretario general de la ONU será la próxima semana.
La canciller María Ángela Holguín reveló que se reunirá la próxima semana se reunirá con el secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, al igual que representantes de otros organismos internacionales, para dar a conocer las vulneraciones a los derechos humanos de los connacionales en Venezuela y la crisis en la frontera.
Durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, la canciller confirmó, «tengo el lunes una reunión con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, con el director de la Organización Internacional de Migraciones, y el miércoles me recibe el señor secretario General de las Naciones Unidas».
«Voy a mostrarles lo que ha pasado, la situación tan absurda que están viviendo los colombianos en Venezuela», expresó la canciller Holguín.
Aseguró que se llevarán a estas instancias las evidencias de las vulneraciones al derecho internacional humanitario y a otras normas multilaterales, que viene cometiendo el Gobierno de Venezuela contra colombianos y la crisis que se registra en la zona de frontera.
Estas reuniones hacen parte de la nueva ofensiva diplomática que anunció el presidente Juan Manuel Santos, luego de que la OEA se negó a adelantar el debate sobre la crisis humanitaria con la frontera y de que se desistió de la cumbre de Unasur.
«Atención humanitaria es la prioridad número uno en la frontera»: Santos
El mandatario instaló un Concejo de ministros en compañía del cuerpo diplomático y organismos internacionales en la frontera con Venezuela.
En desarrollo del Concejo de ministros que adelanta este miércoles en Cúcuta –para atender los efectos de la crisis fronteriza que se presenta en Norte de Santander– el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la prioridad de su Gobierno es brindar atención humanitaria a los colombianos que han sido expulsados de Venezuela.
El mandatario –que instaló el Concejo en compañía de miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia y representantes de algunos organismos internacionales– visitó este miércoles uno de los albergues donde son atendidos decenas de colombianos deportados y expulsados por el Gobierno de Venezuela.
“Aquí lo que hemos montado es un sistema que acoja a todo el mundo. Lo primero que hay que hacer es que tengan un sitio digno donde quedarse mientras les damos un subsidio de arrendamiento. Si se quieren quedar aquí o se quieren ir a sus ciudades de origen, allá engancharlas con la Red Unidos, engancharlas con el Sena y rehacer su vida en los sitios donde ellos quieran”, aseguró Santos.
Durante el Consejo de ministros, el primer mandatario pondrá de manifiesto las violaciones a los derechos humanos contra los colombianos deportados y expulsados de Venezuela, así como la ayuda humanitaria y los proyectos sociales que el Gobierno está brindando a los afectados por el cierre de la frontera.
El encuentro tendrá lugar tras el «revés», como lo calificó el propio mandatario, sufrido por Colombia luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazara el pasado lunes su pedido de una reunión extraordinaria de cancilleres para discutir el tema.
Colombia no logró obtener una reunión de emergencia esta semana de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre el cierre parcial de la frontera por Caracas y la deportación de miles de colombianos de Venezuela.
«Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible», agregó Santos, a la vez que aseguró que su gobierno recurrirá al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
Por otro lado, la fiscalía colombiana contempla «presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano», añadió Santos, por «la deportación o traslado forzoso de población de colombianos, quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional».
La tensión bilateral comenzó el 19 de agosto con el cierre de algunos pasos fronterizos tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando, que en su momento Maduro atribuyó a «paramilitares colombianos».
La medida fue seguida por la declaratoria venezolana de estado de excepción en diez municipios limítrofes y el llamado a consultas de los embajadores de ambos países.
El estado de excepción prohíbe el porte de armas y las «reuniones públicas que no hubieren sido previamente autorizadas», al tiempo que permite allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial.
Desde entonces y en ese marco, Venezuela ha deportado unos 1.100 colombianos, mientras otros 10.000 han cruzado la frontera por temor a ser expulsados sin sus familias y pertenencias, según la ONU.
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