Tras impago de deuda vencida, advierten agravamiento de la crisis fiscal
La decisión de no transferir $94 millones para que se hiciera un pago de $57.9 millones de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) que vencieron el 1 de agosto podría poner en jaque el valor del resto de la deuda del país que sobrepasa los $70 mil millones.
A juicio del economista y planificador Elías Gutiérrez, independientemente de que el impago haya sido solo a la deuda vencida del PFC, la movida afecta al resto de la deuda emitida por el Gobierno y, por extensión, a la economía de Puerto Rico.
“La última cotización de los bonos del PFC estaban a doce centavos el bono, es decir, a $12 por cada $100. Habían perdido casi todo su valor. Eso quiere decir que el principal de esos bonos en este momento no vale nada, porque, si lo pierdes, te dan prácticamente cero por comprártelo. Además, no están generando intereses”, explicó el experto.
Un tercer efecto, añadió el también profesor, es que la movida ha desembocado en la reducción del precio de otros bonos de Puerto Rico, “porque el mercado no está haciendo distinción entre los bonos de obligación general (GO, por sus siglas en inglés), los de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA) y el resto. Todos están cayendo precipitadamente”.
El viernes, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, informó que se destinaron $169 millones para el pago del vencimiento de su deuda más inmediata que también vencía el 1 de agosto.
Previamente, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, había indicado que, a pesar de que se cumplirían con todos los pagos de las deudas que vencieron a principios del mes, no pasaría lo mismo con el pago del PFC. Este impago responde a que ese cumplimiento no formaba parte del presupuesto aprobado por la Legislatura.
De acuerdo con Gutiérrez, lo que entrelíneas ha dicho Suárez es que, “cuando tengan la autorización legislativa y haya liquidez, entonces pagarían, se esperarían a la próxima fecha, dado que ya está hecho el daño, o simplemente no se paga más”.
Gutiérrez fue más allá al explicar que esta movida responde a una estrategia de los asesores del Gobierno que han concluido que este grupo de inversionistas que compraron bonos de la PFC está en posición débil, por lo que no tendrían las herramientas para demandar al Gobierno por el incumplimiento.
En concreto, se estima que un 40 % de la deuda de la PFC es propiedad de inversionistas pequeños residentes en Puerto Rico.
“Se trata de individuos y entidades que colocaron sus ahorros en dichos instrumentos confiando en el récord de cumplimiento del Gobierno. Entre ellos se encuentran cooperativas, bancos, fondos de pensiones 401K, sistemas de retiro y jubilados. Tienen en común estos tenedores de bonos de la PFC que son pequeños y probablemente tiene una exposición mayor a otros instrumentos del gobierno”, sostuvo Gutiérrez.
A pesar de ese incumplimiento, la también economista Martha Quiñones resaltó en entrevista con EFE que el Gobierno hizo bien en cumplir con el pago de $169 millones en deuda, ya que un alto porcentaje de sus emisiones de bonos están en manos de cooperativas y financieras de Puerto Rico de las que forman parte casi un millón de puertorriqueños.
Gutiérrez no lo vio de la misma manera, ya que al escoger el pago de una deuda se crea un precedente para que el Gobierno decida “los pagos que en adelante hará, y los que no hará”. En agosto también se vencen $329.9 millones de bonos de COFINA, $2.6 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), $91.5 millones de la Corporación de Financiamiento Municipal (Cofim) y $13.9 millones del Sistema de Retiro.
“La estrategia descansa en aplanar al grupo vulnerable de inversores predominantemente pequeños y con el arsenal más limitado en lo que a los procesos de reclamación concierne”, concluyó el economista.
Puerto Rico tendría dificultades para acceder a nuevos créditos tras impago
De incumplir con el pago de la deuda pública que alcanza los 73 mil millones de dólares, Puerto Rico podría enfrentar mayores dificultades para obtener un crédito en los mercados financieros.
Éste sería la principal consecuencia del impago puertoriqueño de acuerdo con numerosos economistas de la isla, luego de que este 1 de agosto se venciera el plazo para cancelar una parte de la deuda de 94 millones de dólares por la Corporación para el Financiamiento Público (PFC), dependiente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
El exjefe de Análisis y Estudios Económicos del BGF, Santos Negrón, aseguró que al incumplir con el pago se experimentaría una «reducción de la confianza hacia Puerto Rico en los mercados de deuda y una todavía mayor dificultad para acceder a financiación».
Mientras tanto, Martha Quiñones, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, destacó que de cancelar sus compromisos inmediatos del BGF tendrá un efecto positivo, debido a que el alto porcentaje de sus emisiones de bonos pertenecen a cooperativas financieras puertorriqueñas, de las que forman parte casi un millón de puertorriqueños.
En medio del escenario de imposibilidad de pago de Grecia, que recibirá su tercer rescate, y las dificultades que atraviesa Puerto Rico, el mundo experimenta un incremento de la deuda global que desde 2007 no ha dejado de crecer.
La deuda global total, que incluye la de Gobiernos, empresas y hogares, alcanzó en 2014 los 199 billones de dólares.
Así, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), países como Japón tienen 242 por ciento de la deuda en relación al Producto Interno Bruto; seguido de Grecia, con un 177 por ciento; Jamaica, con un 140 por ciento; y Portugal e Irlanda, sobre el 130 por ciento.
En contexto
Las autoridades puertorriqueñas aseguran no estar en condiciones de pagar una deuda de 73 mil millones de dólares, no obstante, la isla como “Estado Libre Asociado de EE.UU.” no puede declararse en bancarrota, de acuerdo con la legislación federal.
Puerto Rico deberá hacer frente a la deuda, luego de que el Gobierno norteamericano no se planteara un “rescate” federal de la isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes que fue invadida por EE.UU. en 1898.
En junio la Casa Blanca aseguró que el Ejecutivo federal ofrecerá asesoramiento y un grupo de trabajo con en fin de crear programas que permitan superar la crisis, pero hasta el momento ese apoyo no se ha materializado.
Al contrario, la exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne O. Krueger, realizó un informe en el que se plantea impulsar una serie de medidas neoliberales en la isla como la reducción del salario mínimo, privatizaciones, la eliminación del bono navideño, otorgar la libertad a los patrones para que puedan despedir a sus empleados sin implicaciones legales y aumento de las matriculas escolares, entre otras acciones.
