México: a 11 meses de Ayotzinapa, padres de normalistas desaparecidos recorrerán embajadas para pedir apoyo al reclamo de justicia
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, recorrerán hoy varias sedes diplomáticas ubicadas en el Distrito Federal, para entregar a los embajadores cartas en las que les piden que exijan al gobierno mexicano respeto a las recomendaciones de los organismos internacionales.
El representante de los padres, Felipe de la Cruz, explicó que ésta será una de las principales actividades de hoy, cuando se cumplen 11 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Divididos en dos contingentes que llegarán desde el municipio de Tixtla, Guerrero, donde se encuentra la escuela, visitarán todas las embajadas que les sea posible para pedirles a los representantes de otros países que intervengan en este caso.
Les solicitarán que exijan al gobierno federal que cumpla las peticiones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos expertos llevan cinco meses en México estudiando el caso.
En su última rueda de prensa, la semana pasada, los expertos denunciaron algunas irregularidades en la investigación, como la destrucción de pruebas de video, y pidieron la ampliación de su mandato, que concluye en septiembre, una respuesta que todavía no ha sido atendida por el gobierno.
A un mes de que se cumpla el primer aniversario de aquel 26 de septiembre en el que los jóvenes fueron atacados por policías del municipio de Iguala, presuntamente por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca, los padres de los desaparecidos también marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Está previsto que la manifestación arranque a las cuatro de la tarde, hora local, para exigir a las autoridades “la verdad sobre este caso”.
Según la fiscalía mexicana, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero, una versión que los padres siguen sin creer.
Detención de dos y entrevista con militares, pendientes de caso Ayotzinapa
Al cumplirse 11 meses de los hechos en Iguala, donde policías municipales atacaron y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha detenido a dos piezas clave: el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Vázquez, y el líder del grupo criminal Los Rojos, Santiago Mazari, el Carrete.
Los padres de los 43 normalistas —declarados muertos por la PGR— exigen aún al gobierno federal que permitan al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrevistar a militares de 27 Batallón de Iguala, aunque la Secretaría de Gobernación y la cancillería dijeron que dichas entrevistas se darán dentro del propio proceso penal por los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Fuentes del gobierno federal refirieron que a 11 meses de los hechos, dos de los 106 detenidos por la desaparición de los normalistas, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, se niegan a cooperar con las autoridades sobre cómo ocurrió el ataque contra los normalistas, además de que niegan cualquier relación con los mismos.
Según el sicario de la organización criminal Guerreros Unidos y autor material del homicidio del caso Ayotzinapa, Felipe Rodríguez Salgado, apodado el Cepillo o el Terco, el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Vázquez, y el subdirector de la policía de Cocula, César Nava González, fueron quienes entregaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa a los integrantes de Guerreros Unidos, la noche del 26 de septiembre del año pasado.
Según Rodriguez Salgado, al interrogar aquella noche a uno de los 43 normalistas, éste le dijo que el Carrete le pidió al director de la normal de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, “que le hiciera el trabajo” de boicotear el destape de María de los Ángeles Pineda como candidata a la presidencia municipal de Iguala, aquella noche del 26 de septiembre.
En ese marco, organizaciones sociales y padres de los 43 normalistas desaparecidos realizarán una jornada de lucha por Ayotzinapa, la cual contempla la visita a diferentes embajadas, acto que comenzará a partir de las 9 de la mañana.
Para dicho recorrido se realizarán dos brigadas de apoyo que saldrán del el Metro Polanco y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ubicado en la colonia San Rafael. Posteriormente, a las 2 de la tarde se llevará a cabo una concentración de ambas brigadas en la representación de la Unión Europea.
La llamada Jornada por Ayotzinapa concluirá con una marcha que correrá del Ángel de Independencia al Zócalo capitalino.
Por otro lado, el 17 de agosto, a dos semanas de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, concluyera su periodo de mandato inicial, presentó un informe sobre los pendientes y avances de su misión.
En este quinto informe, los cinco expertos que conforman el grupo externaron su preocupación por la una probable pérdida de pruebas en el caso.
El informe final del mandato inicial del GIEI será presentado el 6 de septiembre; sin embargo, los expertos solicitaron que su misión sea extendida por seis meses más, disposición que aún está pendiente por dar respuesta.
11 meses ‘desaparecidos’
Han transcurrido once meses desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” desaparecieron a manos de policías corruptos vinculados con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y la organización criminal “Guerreros Unidos”.
La “desaparición” de los 43 normalistas de Ayotzinapa cimbró a México y al mundo entero. Puso al descubierto la fragilidad del gobierno y las instituciones de seguridad mexicanas al evidenciar cómo un crimen de esta magnitud pudo ocurrir ante los ojos y con la participación de las propias autoridades.
El hecho desató la peor crisis de credibilidad que se haya visto tanto en el gobierno como en sus instituciones, partidos políticos e instancias de seguridad. La solidaridad e indignación a nivel internacional se dejaron sentir ante el doloroso suceso. La opinión pública a nivel mundial cuestionó y condenó la actitud del gobierno del presidente Peña Nieto quien reaccionó de manera tardía y mostró falta de contundencia apostando al paso del tiempo para dar por cerrado el caso.
A raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Peña Nieto planteó un decálogo al Senado de medidas en materia de seguridad para atajar la crisis desatada. Hasta el momento, de las diez acciones planteadas por el Presidente, en noviembre del año pasado, como medidas urgentes para combatir a la delincuencia y mejorar la justicia en el país, la mayoría, no han sido atendidas.
En estos momentos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong cabildea con los gobiernos de los estados, con diputados y senadores, la posibilidad de atender el decálogo pendiente, aunque la situación está por demás complicada pues en la Cámara de Diputados se integran nuevos legisladores, y en el Senado hay posiciones encontradas con respecto al planteamiento.
La historia de lo sucedido se dio a conocer de manera pública, sin embargo, hasta la fecha, ha sido imposible definir en forma precisa el nivel de responsabilidad y papel que jugaron las autoridades en los diferentes niveles de gobierno pues han surgido elementos nuevos que indican que se ocultó información, e incluso, se desaparecieron pruebas de lo acontecido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La versión oficial, la “verdad histórica” a la que llegó la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam, se ha visto tambaleante en diferentes momentos ante indicios, testimonios y planteamientos que indican que no se fue hasta el fondo en las indagatorias por la prisa por parte del Gobierno federal por declarar el cierre formal del caso, lo que hizo necesario la entrada de un investigador independiente para dar certeza y confianza a los padres de los normalistas.
Fue cuando se decidió que interviniera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para desarrollar una investigación sin la influencia del Gobierno federal a fin de ir en busca de la versión más apegada posible a lo que realmente sucedió aquella noche. El GIEI rendirá su informe el próximo 6 de septiembre con lo que se cumpliría el plazo acordado de seis meses para el desarrollo de su labor en torno al caso.
Durante la segunda semana del mes de agosto el grupo interdisciplinario de la CIDH reveló información inédita que la Procuraduría General de la República ocultó a los padres de familia. Al presentar su quinto informe de labores los expertos de la CIDH revelaron que el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero tenía en su poder una videograbación del momento en el que los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales y presuntos sicarios en Iguala, Guerrero. No obstante dicha grabación fue destruida, por lo que se solicitó a la PGR investigar el hecho para determinar responsabilidades y motivos por los que se destruyó.
El grupo de expertos detectó que el 27 de septiembre la PGR recogió ropa de los normalistas desaparecidos, sin que la dependencia haya reportado este hecho a las familias de las víctimas y sin que el Ministerio Público Federal haya resguardado dicho material para poder realizarle peritajes, lo que constituye otra irregularidad durante la investigación realizada por la PGR.
Aunado a esto los expertos de la CIDH anunciaron que no entrevistarán a los militares del Batallón 27 pues se les intentó imponer que lo hicieran por escrito. Rechazaron hacer de esta forma las entrevistas pues argumentaron que no tendrían control de las herramientas lo que podría poner en riesgo la investigación.
El grupo interdisciplinario aceptó esto en un primer momento, siempre que pudieran acompañar y sugerir preguntas durante la declaración, pero el 16 de agosto recibieron una respuesta donde se les obligaba a formular las preguntas por escrito y a no participar en la comparecencia, lo que ellos rechazaron. La respuesta oficial a la solicitud de la entrevista fue que la presencia del grupo de la CIDH en los interrogatorios pondría en riesgo la legalidad de la investigación.
Los expertos dijeron que ya han solicitado al Gobierno federal ampliar el periodo para continuar con la investigación. Además organizaciones internacionales especializadas en la materia también pidieron a través de misivas enviadas al presidente Enrique Peña Nieto y al propio secretario Ejecutivo de la CIDH, Emiliano Álvarez Icaza, prorrogar la etapa de investigación para llevar la investigación a término.
La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y grupos de organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundación para el Debido Proceso, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, entre otras, solicitaron al Gobierno de Peña y a Álvarez Icaza, la ampliación del mandato del GIEI.
