La Justicia decide hoy si el dictador Ríos Montt enfrentará nuevo juicio por genocidio
Este martes se decidirá si el general retirado José Efraín Ríos Montt, de 89 años de edad, puede enfrentar un nuevo juicio por la acusación de genocidio que pesa en su contra, informaron hoy fuentes jurídicas.
El Tribunal B de Mayor Riesgo, que preside la jueza María Eugenia Castellanos, convocó para este martes a una audiencia pública para analizar los resultados de las evaluaciones psiquiátricas a las que fue sometido el imputado entre el 4 y 11 de agosto último en un hospital privado.
Uno de los abogados de Ríos Montt, Jaime Hernández, explicó que la jueza los convocó para mañana a las 08:30 horas.
Agregó que desconoce los resultados de las evaluaciones médicas que le practicaron a su cliente en el hospital privado Los Pinos, zona 13.
«Yo espero que digan que está enfermo», expresó el jurista y agregó que durante las pruebas le preguntaron a Ríos Montt su edad, cuánto es 100 menos 7 y que hiciera unos dibujos, entre otros asuntos.
«Él está enfermito», enfatizó el abogado.
El exdictador, de 89 años, salió del centro hospitalario el pasado martes al concluir las evaluaciones y retornó a su residencia.
Debido a las condiciones de salud del general retirado, un juez deberá trasladarse mañana a la casa del imputado mientras se celebra la audiencia en la Torre de Tribunales.
Según Hernández, Ríos Montt volvió a su casa «con una salud más deteriorada de la que se fue» porque «lo llegaban a buscar a las 10 de la noche para examinarlo».
El político y exjefe de Estado (1982-1983) está acusado de genocidio por la muerte de un mil 771 indígenas ixiles y mayas a manos del Ejército guatemalteco durante su régimen de facto.
La defensa ha argumentado que Ríos Montt no está en condiciones de afrontar el proceso judicial, apoyado en un informe de julio pasado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que fue puesto en duda, por lo que el Tribunal ordenó una nueva evaluación.
El exjefe de facto fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y deberes contra la humanidad, como se tipifica en el país el delito de lesa humanidad, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal, anuló la sentencia por irregularidades en el proceso judicial.
