Gobernador de Puerto Rico expresa preocupación por recorte de fondos desde EEUU
El gobernador Alejandro García Padilla dijo hoy que el gobierno federal “tiene que rectificar” la carta en la que se amenaza con congelarle al gobierno de Puerto Rico millones de fondos de programas federales como resultado de una auditoría que reveló irregularidades fiscales.
“Es una carta que no se explica por sí misma. Ayer se excusaron por el trámite ellos mismos”, sostuvo el gobernador al reaccionar a la misiva que le dirigió este lunes el Departamento de Justicia federal y que amenaza con congelar cerca de $40 millones a programas de prevención contra el crimen.
Para que la Isla pueda seguir ofreciendo esos servicios tendría que costearlos a través del Departamento de Justicia local para luego someter una solicitud de reembolso al gobierno federal.
García Padilla indicó que la carta no expresa “los periodos, ni cuáles son los elementos que llevaron a esa decisión y en ese sentido, el Departamento de Justicia Federal tiene que rectificar esa carta”.
“Nosotros estamos en comunicación con ellos y con la Casa Blanca”, añadió el primer ejecutivo a preguntas de periodistas, tras participar esta tarde en un homenaje que la Cámara de Representantes rindió al expresidente de ese cuerpo legislativo, José Ronaldo Jarabo.
“Ellos mismos reconocen en la carta que los manejos han mejorado. Por eso es una carta contradictoria en sí misma y que ellos tienen que explicar mejor”, opinó García Padilla.
La advertencia sobre congelación de fondos fue enviada al Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Administración de Corrección, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la Administración de los Tribunales, la Procuraduría de las Mujeres y la Universidad de Puerto Rico, específicamente, los recintos de Río Piedras y Carolina.
La auditoría que produce la amenaza de congelación de fondos cubrió el período entre 2008 a 2012 y los resultados preliminares fueron informados el pasado 15 de julio. El Departamento de Justicia local sometió un plan correctivo el pasado lunes 10 de agosto.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, por su parte, dijo que “todos los estados tienen que seguir unas reglas” en el uso de fondos federales. “Si por alguna razón, Puerto Rico tiene que arreglar o corregir algo, estoy seguro que en convenio con el gobierno de Estados Unidos, se hará”, sostuvo.
Mientras, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, se pronunció preocupado por la situación. “Es preocupante porque lo que ha pasado es que el Departamento de Justicia federal ha perdido confianza en nuestro Departamento de Justicia a la hora de administrar fondos federales”, opinó.
“Han cambiado el proceso, ahora reembolsan (los fondos). Eso significa que el desembolso lo tiene que hacer el gobierno o entidades sin fines de lucro que también reciben parte de estos fondos. Sabemos que el gobierno tiene problemas de liquidez, o sea, que es mal momento para que haya pasado esto”, dijo Pierluisi. Agregó que su equipo en Washington se reuniría hoy, jueves, con funcionarios del Departamento de Justicia federal para conocer los detalles “y ver cómo podemos apoyar”.
“No he visto la fecha (de la auditoría), pero están perdiendo confianza ahora, porque el impacto es ahora”, agregó Pierluisi.
Rechaza haber favorecido a Hernández Mayoral
Sobre el informe que preparó la Administración de Servicios Generales (ASG) en torno al uso para fines privados del vehículo oficial por parte del director de la oficina de la Administración de Fondos Federales (Prfaa), Juan Eugenio Hernández Mayoral,, el gobernador rechazó que La Fortaleza haya tomado acción para favorecerlo.
“No es correcta la información y si eso hubiese sido o si alguien considerara que favoreciera de alguna manera a algún funcionario de la administración es menester indicar que (el informe) también favorece al comisionado residente (Pedro Pierluisi)”, dijo el Gobernador a preguntas de la prensa, tras participar en un homenaje al expresidente de la Cámara de Representantes, José Ronaldo “Rony” Jarabo, en el Capitolio.
“Quien sugiera eso estaría sugiriendo que estamos favoreciendo al Comisionado Residente”, sostuvo García Padilla sin abundar más sobre el tema.
El administrador de Servicios Generales, Luis Castro Agis, indicó en un informe el pasado viernes que los vehículos adquiridos fuera de la Isla por oficinas del Gobierno de Puerto Rico no están sujetos a la Ley 60 de 2014 que prohíbe, con pocas excepciones, el uso privado de un automóvil oficial.
Castro Agis se allanó a la posición de Hernández Mayoral de que no puede estar sujeto a sanciones, bajo la Ley 60 de 2014, porque la guagua Chevrolet Suburban que ha utilizado “ocasionalmente” para fines privados fue rentada directamente por la oficina del Gobierno de Puerto Rico en Washington y no se alquiló, ni rentó a través de ASG.
Sin embargo, hace dos semanas, según fuentes de El Nuevo Día, Castro Agis estaba inclinado a recomendar multas en contra de Hernández Mayoral.
De hecho, el funcionario había emitido un memorando el 28 de octubre de 2014 en el que advertía que todo vehículo de transporte de la Rama Ejecutiva estaba bajo su jurisdicción
No obstante, en el informe de cuatro páginas que presentó el viernes a La Fortaleza, el jefe de Servicios Generales aceptó la defensa de Hernández Mayoral, a pesar de que la propia Ley 60 no requiere que para ser definido como un vehículo oficial el automóvil tenga que haber sido alquilado o comprado por la ASG.
La Fortaleza entregó el viernes en la noche el informe de la ASG sobre Hernández Mayoral. La investigación de la ASG comenzó después de que El Nuevo Día reveló que Hernández Mayoral había admitido en marzo a las autoridades del condado de Arlington (Virginia) que ocasionalmente se llevaba el vehículo de Prfaa a su casa.
Inspectores de ese condado, contiguo a Washington D.C., se percataron de que el vehículo de Prfaa, con licencia de la capital estadounidense, “pernoctaba” en el estacionamiento del edificio de apartamentos de Arlington (Virginia) donde reside Hernández Mayoral, exsenador del Partido Popular Democrático (PPD) e hijo menor del exgobernador Rafael Hernández Colón.
Preocupado Pierluisi por congelación de fondos a Justicia
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi dijo el jueves estar preocupado por la congelación de fondos federales al Departamento de Justicia estatal y por el impacto que supone ante los servicios y programas en beneficio de las víctimas de delitos.
“A mí lo que preocupa aquí es que el efecto que tiene esa directriz es que entonces obliga al Departamento de Justicia y a todas esas entidades a desembolsar fondos y luego pedir reembolso. Y sabemos que en Puerto Rico el gobierno como tal tiene un problema de liquidez y sabemos también que entidades sin fines de lucro que a su vez terminan recibiendo estos fondos, también tienen problemas de liquidez. Me preocupa el impacto que esto puede tener en programas importantes para proteger víctimas de delito entre otros”, dijo Pierluisi en entrevista radial (NotiUno).
El miércoles el candidato a la Comisaría Residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Hernández Vivoni denunció que el Departamento de Justicia Federal (DOJ por sus siglas en inglés) envió una carta al gobernador notificando que el gobierno estatal y las agencias que administran un sin número de fondos federales fueron denominados como “High Risk Grantees”.
Pierluisi indicó que su equipo de trabajo solicitó detalles sobre esta movida al DOJ.
“Cuando toman una medida como esta, la toman porque no tienen confianza en la institución, en este caso el Departamento de Justicia y las otras entidades que reciben fondos por conducto del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Han perdido la confianza”, señaló.
