Fiscales peruanos y brasileños se reúnen para intercambiar información sobre presuntos sobornos en carretera Interoceánica
Las fiscalías del Perú y de Brasil acordaron intercambiar información sobre las denuncias de presuntos pagos de coimas de parte de la empresa Camargo Correa y otras constructoras brasileñas a funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, a cambio de las entrega de obras de diferentes tramos de la carretera Interoceánica.
Según informó el Ministerio Público, una delegación de fiscales peruanos sostuvo reuniones con el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la fiscalía brasileña, entre el 27 y 31 de julio.
La comitiva estuvo conformada por el fiscal superior Alonso Peña y el magistrado a cargo del caso, Hamilton Castro, entre otros.
Los fiscales peruanos «establecieron canales de comunicación y coordinación con sus homólogos brasileños para el intercambio de información que ayude al esclarecimiento de los presuntos actos de corrupción que son materia de investigación en el Perú y Brasil, dentro del marco de los convenios internacionales suscritos por ambos países, señala el comunicado.
Los representantes del Ministerio Público, quienes viajaron a Brasil por disposición del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, fueron recibidos por las más altas autoridades de las instituciones involucradas en las investigaciones que se llevan a cabo en ese país.
El viaje de trabajo tuvo como propósito gestionar, ante las autoridades del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Federal brasileños, una respuesta rápida al pedido de asistencia judicial enviado por el Perú para la remisión de lo actuado en el caso denominado “Castillo de Arena”, que tuvo lugar en Brasil durante el 2009.
De acuerdo a denuncias periodísticas, las autoridades policiales habrían hallado documentación relacionada con presuntos pagos ilícitos a funcionarios peruanos, durante la intervención en algunos inmuebles comprendidos en las pesquisas.
Como se sabe, lo actuado en el referido operativo “Castillo de Arena” fue declarado nulo por el Tribunal Supremo Federal de Brasil en febrero de este año.
Pese a esta declaratoria y a las dificultades que ella podría entrañar, es deber del Ministerio Público del Perú agotar todos los esfuerzos ante las autoridades brasileñas para que la información relacionada con delitos cometidos en nuestro país sea compartida por Brasil, con arreglo a los compromisos internacionales de lucha contra la corrupción.
Es en esa línea de trabajo que se enmarcan las gestiones realizadas por los fiscales peruanos ante la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la República de Brasil y la Autoridad Central de Cooperación Internacional, esta última perteneciente al Ministerio de Justicia de ese país.
